El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia envió una carta el martes al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, para, entre otras cosas, solicitar la condonación de la deuda de $28,000 del ciudadano José Luis Vaello Madero, por no cualificar en la isla para recibir el Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, validó la no aplicabilidad del SSI en Puerto Rico.
En la carta, también pidió incluir una disposición en el próximo paquete legislativo que haga justicia social para que ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico puedan tener acceso al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario.
“El impacto de esta discriminación es severo. Los beneficiarios de SSI reciben un beneficio promedio de 574 dólares por mes, mientras que los beneficios disponibles para los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico solo promedian 82 dólares por mes. La diferencia entre los ciudadanos americanos que necesitan el apoyo del programa SSI, pero viven en Puerto Rico y los beneficiarios de SSI en los estados y Washington, DC es simplemente geográfico”, detalla la carta enviada por el gobernador.
Pierluisi mencionó que, aunque el presidente Biden ha expresado su apoyo a la participación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en el SSI, aún queda mucho trabajo por hacer en los Estados Unidos para desarrollar una democracia plena que trate a todos sus ciudadanos igual bajo la ley.
Según el gobernador en la Ley “Build Back Better” modificada, se podría presentar legislación para asegurar los beneficios del SSI a los ciudadanos americanos que viven en la Isla, lo que representaría un paso adelante para brindar la asistencia a los puertorriqueños con discapacidades.
“Los puertorriqueños continúan siendo discriminados y la decisión del Tribunal Supremo en el caso Vaello Madero solo reafirma la necesidad de avanzar hacia la estadidad», dijo la Directora Ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carmen M. Feliciano.
»Puerto Rico no puede seguir luchando por igualdad para cada uno de los programas, especialmente cuando más de 400,000 ciudadanos americanos de la tercera edad o discapacitados de bajos ingresos están en extrema necesidad de asistencia”, sentenció.
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