El Gobierno tiene hasta el 4 de agosto para que suspenda voluntariamente la efectividad de la ley mientras mantienen conversaciones o, de lo contrario, irán a los Tribunales.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó al gobierno de Puerto Rico que tiene hasta el 4 de agosto para emitir una orden, con el consentimiento del ente, para suspender voluntariamente la implementación de la Ley 41-2022, conocida como la Reforma Laboral, o enfrentarán acción legal por parte del ente.

En una extensa comunicación escrita del presidente, David Skeel, dirigida a Omar Marrero Díaz, Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (“AFFAF”), el ente fiscal advirtió que concederá ese tiempo mientras continúan las conversaciones entre las partes. Sin embargo, advirtió que, de no suspenderse su implementación, acudirán a los tribunales.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia contestó que no va a suspender la vigencia de la ley recién firmada.

La JSF ordenó hace unas semanas al Gobernador que suspendiera la aplicación en el sector privado de la Ley 41 en la que revirtieron algunas de las reducciones de beneficios laborales que se registraron durante la pasada administración y pidió también que el Gobernador haga un anuncio público al respecto para evitar confusión entre los patronos privados.

Pero el Gobernador también se negó a dejarla en suspenso al recordarle a la Junta que lo que procede es que recurra al tribunal para impugnar la aplicación de la misma y, de esto ocurrir, defendería la Ley 41 en corte.

En su comunicación sobre el plazo del 4 de agosto, la JSF dijo que, a pesar de que hubo discusiones adicionales, el gobierno todavía no ha analizado el impacto económico de la ley en cuanto a los ingresos del fisco, lo que ellos entienden que hace que la ley sea inconsistente con el Plan Fiscal y sujeta a una orden de suspensión de efectividad por parte del tribunal.

La carta repite los argumentos que la Junta había hecho en su comunicación anterior y provee el estudio económico que hizo su consultor, el doctor Robert Triest, sobre que la ley tiene impacto negativo en la tasa de participación laboral y, por ende, en los ingresos del gobierno y en las metas de inyección económica con el Crédito por Trabajo.

«La práctica de aprobar leyes sin consideración, o sin entendimiento, de las consecuencias económicas, es parte de lo que causó la actual crisis fiscal de la isla», dijo Skeel al repetir también su argumento de la comunicación anterior.

Vea:

Junta ordena suspender nueva reforma laboral, pero Gobernador se niega

Para ver la carta de la Junta y el informe de su analista, pulse aquí.