Gobierno

Transformación gubernamental es tarea de empresas investigadas

BDO tiene más de 23 acuerdos con agencias

BDO Puerto Rico y e3 Consulting, ambas señaladas como eje de investigaciones federales por sus contratos en el Departamento de Hacienda, mantienen relaciones contractuales con el gobierno que se extienden a otras agencias públicas, y son también responsables de parte de los planes de transformación que la Administración Rosselló ha presentado a la Junta de Control Fiscal (JCF).

Según documentos entregados por el gobierno tras una demanda de acceso a la información de parte del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), BDO aparece como consultor encargado de los planes de implementación para las transformaciones de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (CPRDP), que va camino a la privatización, de la Reforma de Salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES) y de la Universidad de Puerto Rico. e3, por su parte, cumple esas funciones para la reforma del proceso de permisos, bajo la cual ya se presentó el Single Business Portal (SBP).

Luego de conocerse esta semana de las pesquisas federales por los contratos en los departamentos de Hacienda, Educación y ASES, el principal oficial financiero del gobierno (CFO, por sus siglas en inglés) Raúl Maldonado Gautier reveló, con más de un mes de retraso, que había emitido una orden de cancelación de los contratos de BDO.

No obstante, la firma de contadores públicos mantiene acuerdos ascendentes a $15 millones en otras entidades que continúan vigentes hasta el 30 de junio y que hasta el momento no parecen estar cancelados. La misma fecha aplica a las contrataciones de e3 Consulting, que cuenta con varios acuerdos, aunque no comparables en cantidad con los de la otra empresa.

De acuerdo al registro de contratos de la Oficina del Contralor, se trata de más de 23 acuerdos de BDO en agencias como: la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, entre otras. Los servicios se enfocan en auditorías, estados financieros, contabilidad y procesamiento de datos.

En el plan de implementación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se detalla que la firma estuvo encargada de asistir en la transformación del sistema de pensiones mediante recurso externo y de apoyo. Tal como se ha reportado, en la UPR —al igual que el resto del gobierno— se pretende cambiar el modelo de los sistemas de retiro de beneficios definidos a unos de contribución definida. 

Según el documento, las labores de análisis de BDO comenzaron el 10 de septiembre de 2018 y la tarea fue completada el 15 de febrero de 2019.

Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, advirtió que la firma de consultores era quien decidía todo en cuanto al cierre de las escuelas y la reorganización de las regiones en el DE, que también continúa bajo un proceso de reorganización. Un caso similar ocurrió en ASES en términos de las decisiones y en los trabajos relacionados a los sistemas de información electrónica de la agencia con programas de Medicaid.

Durante los últimos meses del 2018, la empresa fue contratada por Maldonado Gautier —junto a Robles & Associates LLC— para realizar una auditoría sobre el hallazgo de varios vagones con suministros abandonados en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y que debían llegar a manos de damnificados tras el paso de los huracanes Irma y María.

Al poco tiempo, se dio a conocer que, como único resultado, el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, amonestaría por escrito al personal de la Oficina de Seguridad Interna por las fallas reveladas.

En su sucursal de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la firma fue contactada para trabajar con la Oficina de Recuperación de Desastres junto al contratista de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Witt O’Brien, tras los huracanes Irma y María. El trato conllevaba manejar los $8 billones de fondos federales asignados a la isla vecina y designar los proyectos que los recibirían.

En otras instancias, BDO Puerto Rico ha participado en talleres y foros relacionados a los incentivos contributivos en la Isla como las leyes 20 y 22, las criptomonedas y las oportunidades de inversión. La firma también elaboró los estados financieros auditados de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) desde el 2011 hasta el 2014 y sostiene acuerdos con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico  y el Municipio de San Juan.

e3 encargado del portal de OGPe

En el caso de la firma e3 Consulting, especializada en la consultoría tecnológica, el historial de contrataciones públicas es más limitado, pero sobresale su contratación consistente para realizar y mantener el ahora SBP de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGPe).

En el 2017, la firma llegó a un acuerdo con el entonces director ejecutivo de la agencia, Ian Carlo Serna, para el apoyo, mantenimiento, programación y desarrollo del portal, antes conocido como el Sistema Unificado de Información, el cual integra los servicios de la agencia, a razón de $729,600 por un año, equivalente a $95 por hora. 

Entre las labores de la empresa se encontraba proveer servicios profesionales para el mantenimiento correctivo, preventivo y el manejo en general de la operación del sistema electrónico.

Desde entonces, surgieron indicios de que el desarrollo del sistema conllevaría más de una fase, por lo que no sorprendió una próxima contratación de e3 Consulting un año después con el entonces director ejecutivo de OGPe, Héctor Rodríguez Echevarría, con tareas similares dirigidas al mantenimiento y mejoramiento del portal y a un costo de $448,000.

Mientras, la empresa firmó otros siete contratos con la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), ambas lideradas por el ingeniero Manuel Laboy Rivera entre el 2017 y el 2019.

Con Laboy Rivera también se acordaron los próximos contratos relacionados a la plataforma de OGPe, con el fin de evaluar mejoras a la página, así como el mantenimiento del SBP, plataforma digital que permite radicar incentivos, permisos y otros trámites en Puerto Rico para empresas e individuos.

En este caso, el trato con el DDEC consistía de apoyo técnico, mantenimiento preventivo y correctivo a un costo de $549,192.

Para manejar decretos, programas de las agencias relacionados al DDEC, permisos, licencias empresariales y certificaciones que permitan tener una amplia visibilidad de la actividad económica del Gobierno de Puerto Rico, la agencia volvió a contratar a e3 Consulting, esta vez a un costo de $435,120. 

“Además de permitir una mayor agilidad de los servicios ofrecidos, el uso de la plataforma proveería para una medición integrada de trámites y resultados financieros, creación de un portal o Ventana Digital Empresarial (Single Entrepreneurial Portal o SEP) que maneje los tramites empresariales del Departamento, comenzando por decretos”, según el acuerdo.

Con la Compañía de Fomento Industrial, e3 Consulting se desenvolvió como organizadora del evento “Federal Business Opportunity Conference”, en el cual llevó a cabo servicios de producción y comunicaciones integradas a través de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, mercadeo directo y redes sociales. Esta labor, en un mes, costó $75,000. El primer objetivo listado en este contrato subrayaba la necesidad de “fortalecer las relaciones entre el gobierno federal y el local” con el evento. Otra meta de la actividad era “proveer herramientas y recursos sobre contratos federales a las compañías locales”.

Los contratos fueron firmados por el agente incorporador, Alberto Cordero Cerezo, o por Gretchen Molina Mendez, identificada como gerente de la empresa.

De acuerdo a partes de prensa, Cordero Cerezo formó parte del “Puerto Rico Information Technology Cluster” (PRIT-C), grupo que presentó recomendaciones para el desarrollo económico de la Isla al grupo de trabajo del Congreso de los Estados Unidos (o “task force”), creado bajo la ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, en inglés).

Al darse a conocer las pesquisas, la firma BDO subrayó su interés en cooperar con las autoridades. La Oficina de la Inspectora General de Puerto Rico, por su parte, confirmó que recibió un referido por parte del Secretario de la Gobernación en cual se solicitaba la intervención en los contratos que mantiene el Gobierno con BDO.


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