Presidente de la Asociación de la Judicatura respondió a acusaciones de que los togados que atendieron la pugna por la alcaldía son »politiqueros»

El juez Carlos G. Salgado Schwarz, presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, catalogó de “falta de respeto” las expresiones del alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, de acusar a los jueces del tribunal de Apelaciones y del Tribunal Supremo de ser políticos al momento de atender la pugna por la poltrona municipal.

“Las expresiones desacertadas del alcalde de Aguadilla en contra de los magistrados que atendieron el caso relacionado al recuento de las papeletas municipales de ese ayuntamiento, constituyen una falta de respeto a toda la Judicatura Puertorriqueña”, sostuvo Salgado Schwarz en declaraciones escritas.

En entrevista con el Push de la Mañana, Roldán dijo hoy que los jueces que atendieron el caso de Aguadilla son “políticos” que se dejaron llevar por “una simple evidencia”, con relación a las declaraciones juradas de funcionarios que alegaban la existencia de sobre 50 papeletas mixtas que no habían sido contadas.

De igual modo, los responsabilizó, junto a la exalcaldesa Yanitsia Irizarry de sumir al pueblo de Aguadilla en la incertidumbre durante este tiempo.

“El señor alcalde tiene el remedio de acudir al foro correspondiente para querellarse si este entiende que se cometió algún delito. Pero sus expresiones de que los jueces son “politiqueros” socavan la confianza y la dignidad de un sistema de gobierno a la que él mismo pertenece como cacique de un municipio en la Rama Ejecutiva”, sostuvo el presidente de los togados.

El panel de jueces apelativos que atendió la controversia en Aguadilla y ordenó el viernes un nuevo recuento papeleta por papeleta son la jueza Laura Ortiz Flores y los jueces Misael Ramos Torres y Eric Ronda del Toro.

Tras conocerse la determinación, la representación legal de Roldan presentó un recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción ante el Tribunal Supremo, pero ambos fueron declarados no ha lugar. Esa determinación, sin embargo, tuvo el voto disidente de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz y del juez asociado Luis Estrella Martínez.

“La Jueza Laura I. Ortiz Flores, y los Jueces Misael Ramos Torres y Eric Ronda del Toro son juristas de excelencia, y de reputación intachable, que atendieron la causa ante su consideración y resolvieron conforme al derecho aplicable y la evidencia que fuera presentada, subrayó el juez de Apelaciones.

“En una sociedad democrática, caracterizada por la separación de poderes a través de las tres ramas de gobierno, la labor de la Rama Judicial es atender las causas y controversias que le sean presentadas. La parte adversamente afectada, tiene remedios en los foros revisores, precisamente como pasó en este caso, que llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que decidió negar la expedición de un recurso discrecional de certiorari, y determinando que la decisión del Tribunal de Apelaciones fuera denominada ‘’la ley del caso’”, sentenció.