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Junta admite viene más después de Ley 80

Envía documentos a la Legislatura y a Rosselló

La Junta de Control Fiscal (JCF) confirmó hoy que ha enviado información pertinente acerca de las bases para la Reforma Laboral propuesta y su impacto proyectado en la economía, al Gobernador de Puerto Rico y al liderato legislativo de la isla.

La JCF indicó que está entregando toda la información necesaria para permitir un entendimiento "claro y transparente" de la importancia de esta reforma a la luz del conjunto de reformas estructurales propuesto en el Nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico.

También está proveyendo información relevante acerca de la derogación de la Ley 80 para "hacer de Puerto Rico una jurisdicción de empleo a voluntad", como parte integral de la Reforma Laboral, junto con los créditos contributivos por ingresos devengados (EITC, por sus siglas en inglés) y el programa de beneficencia social por trabajo (“Welfare-to-Work”).

“Estamos confiados en que la implementación del espectro completo de reformas estructurales propuestas en el Plan Fiscal, que incluye la reforma laboral, será transformativa para Puerto Rico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.

“Debemos resaltar la importancia de implementar este conjunto de reformas en su totalidad para poder lograr el máximo impacto positivo para la gente—crear más empleos y oportunidades, transmitir confianza, fortalecer la competitividad de la isla y devolver la economía a una ruta de crecimiento, así como poder desarrollar un Plan de Ajuste razonable que nos ayude a finalizar los procedimientos en el tribunal del Título III”.

La información sometida por la Junta, entiéndase un memorial explicativo junto con anejos adicionales, también incluye estudio de casos hechos en varios países con similitudes a Puerto Rico, en donde reformas similares lograron incrementar el crecimiento económico con éxito.

De acuerdo con la JCF, la implementación total de la reforma laboral nos pondría en igualdad de condiciones que el mercado laboral en Estados Unidos.

“Desde el año 2000, alrededor de 600,000 puertorriqueños se han mudado al estado de Florida, muchos en busca de mejores oportunidades laborales. En Florida no se requiere a los patronos que paguen días de vacaciones ni de enfermedad ni bono de Navidad”, dice el documento.

De hecho, el ente federal aseguró que la eliminación de la Ley 80 no es la única medida.

“La derogación de la Ley 80 no solucionará por sí misma las penurias económicas de la Isla. Aunque sería significativo, es sólo uno de los componentes del paquete de Reforma Laboral que Puerto Rico necesita adoptar. Esta es sólo una estrategia para atraer inversión laboral a la Isla. Aún más, la literatura económica establece claramente que leyes como la 80 impiden inversiones a las operaciones de capital y reduce la demanda de empleos, lo que significaría que Puerto Rico continuaría su patrón de menos oportunidades de trabajo”, agrega el documento.

De acuerdo con la Junta, la manera en que las leyes laborales están estructuradas y el costo y riesgo que imponen en las transacciones normales de negocios daña la posibilidad de que Puerto Rico pueda crear trabajos bien remunerados en el sector privado. Esos riesgos, para los integrantes de la Junta, reducen el crecimiento económico y los ingresos futuros del nuevo plan fiscal.

El documento enviado a La Fortaleza y la Legislatura justifica también la reforma desde el punto de vista del patrono ya que establece que en la Isla cualquier decisión de terminación de empleo expone a esa empresa a costos significativos. “Y como un empleador no puede saber con anticipación cuáles empleados serán despedidos en el futuro, cada decisión de contratación conlleva riesgos”.

Investigaciones han demostrado que empresas toman esos riesgos cuando contratan empleados y reaccionan en maneras que dañan a empleados menos diestros o desempleados que necesitan más esos trabajos.

En el documento, la JCF anotó el valor monetario de toda la reforma laboral en 1% de crecimiento permanente. Consistente con la experiencia italiana, se estimó que un 0.3% provendría de flexibilizar las protecciones de empleo y un 0.2% de eliminar beneficios, como las vacaciones pagadas.

Lo que acordaron con el Gobernador

El pasado 21 de mayo, la Junta acordó enfocar la reforma laboral en transformar a Puerto Rico en una jurisdicción de “empleo a voluntad”, establecer un “Earned Income Tax Credit” (EITC) local y en la creación de requerimientos de trabajo y bonos de trabajo para los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

De acuerdo con la Junta, la adopción de estas reformas proyecta una generación de $319 millones adicionales por parte del gobierno de Puerto Rico durante los cinco años cubiertos por el plan fiscal. “Además, con la reforma laboral, Puerto Rico podrá reinvertir más de $700 millones para promover más desarrollo económico y reducir el riesgo de la reforma por medio de inversión en proyectos de infraestructura, entre otros”.

Para el ente creado por la Ley Promesa, hay que actuar ahora aprovechando la ventana de fondos federales de emergencia.

“Los fondos federales proveerán una ventana de tiempo en la que Puerto Rico debe continuar su trabajo en realizar reformas y cambios estructurales que le ayuden a revertir la tendencia de decrecimiento que ya lleva una década, de manera que podamos alcanzar un balance fiscal, restructurar la deuda a un nivel razonable y regresar a los mercados de capital”.

Puede leer el documento aquí:


 


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