Junta Fiscal

Administración Rosselló ensaya una mordaza para los planes fiscales

Medida atenta contra derecho constitucional.

El principal oficial financiero del Gobierno y secretario del Departamento de Hacienda (DH), Raúl Maldonado Gautier, estableció unilateralmente un procedimiento uniforme para las solicitudes de acceso a la información pública sobre los planes fiscales.

Según un comunicado de prensa, el nuevo protocolo supone ser parte de la política pública de transparencia y acceso a los documentos públicos relacionados a los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico al amparo de la Ley Promesa.

Sin embargo, el protocolo enunciado, más allá de organizar el recibo de solicitudes, le atribuye al gobierno capacidades para censurar los documentos solicitados que no están enumeradas y que chocan con la presunción de que todos los documentos en poder del gobierno son públicos.

"El protocolo arbitrario para pedir los documentos relacionados a los planes fiscales que ha emitido la oficina del Chief Financial Officer (CFO) es un ataque a la presunción constitucional de acceso y publicidad de la información", reaccionó Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

"Debemos estar atentos y tomar con mucha cautela procesos, protocolos, leyes o reglamentos que se aprueben so color de la transparencia cuando éstos en la práctica —y a propósito— tienen el efecto de limitar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a información que debe ser pública", dijo por su parte, Cecile Blondet, directora de Espacios Abiertos, a la vez que recordó los principios internacionales de acceso a la información que deben regir las actuaciones gubernamentales que cumplen con la transparencia.

Ambas organizaciones han llevado éxitosamente varios casos judiciales en contra del gobierno para reclamar el derecho constitucional de acceso a la información.

El protocolo aparece después de que la Administración Rosselló enfrentara varias sentencias en contra por limitar el acceso a, precisamente, documentos sobre los planes fiscales y el presupuesto y, más recientemente, después de que se apuntara que el Gobernador levanta una oposición a los planes de recortes de pensiones de la Junta de Control Fiscal a pesar de que estaban incluidos desde el primer plan fiscal certificado que celebró con una actividad de todo su Gabinete en 2017.

El CFO explicó que el protocolo de acceso a los documentos público relacionados a los planes fiscales del Gobierno es el siguiente:

  • Toda solicitud de información pública relacionada a los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico al amparo de la Ley Promesa será cursada a la Oficina del Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico (OCFO).
  • Toda solicitud de acceso a información pública será cursada por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: docplanfiscal@ocfo.pr.gov. La solicitud incluirá la siguiente información mínima sobre el solicitante: Nombre y Apellidos del Solicitante o de la Entidad Solicitante, Dirección de Correo Electrónico, Número de Teléfono. La solicitud identificará específicamente el título o clasificación de los documentos solicitados de manera particularizada con el fin de que la OCFO pueda, de la faz de la solicitud, identificar la naturaleza de los documentos solicitudes.
  • El presente Protocolo no cubre documentos que no se originan, conservan o custodian en el curso ordinario de los negocios del Gobierno de Puerto Rico.
  • La OCFO no considerará ni evaluará solicitudes de información pública que no sean notificadas a la dirección de correo electrónico aquí incluida. Bajo ningún concepto se atenderán solicitudes mediante mensajes de textos, WhatsApp, Telegram y/o comunicaciones de naturaleza informal.
  • Una vez recibida la solicitud, la OCFO contará con un término de diez (10) días laborables para fines de evaluar la solicitud y determinar si los documentos solicitados son de naturaleza pública o si, por el contrario, están cobijados por algún privilegio evidenciario reconocido en Puerto Rico. El término aquí señalado es de cumplimiento estricto y el mismo podrá ser extendido por la OCFO, con previa notificación a la parte solicitante.
  • Expirado el término de diez (10) días laborales, la OCFO le cursará un correo electrónico al solicitante informándole sobre la determinación realizada en relación a la solicitud. En dicha notificación se expresará la posición de la OCFO con relación a la naturaleza de la información solicitada.
  • De denegarse la solicitud, la OCFO expresará las razones legales para la denegatoria, incluyendo pero no limitándose a la invocación de un privilegio evidenciario reconocido. De aprobarse la solicitud, la información se suministrará por correo electrónico.

"Es un intento de limitar este derecho, caso a caso, sin establecer con claridad cuáles son los documentos sujetos al protocolo, ni criterios de por qué, ni cuántas veces el gobierno puede extender el término, ni qué puede hacer el ciudadano para impugnar esa extensión. Es una limitación del derecho de acceso a la información permitir acceso solo a quienes conozcan de este aviso y solo al quienes tengan un email. Y a la vez, es limitante que no se permita hacer peticiones por medios que no sean un email", añadió Minet.

"Rechazamos esta medida unilateral y le recordamos al CFO el compromiso con el que fue electa esta administración, de un gobierno abierto y que impulsaría la publicación proactiva de la información que genera el Estado. Cuando sea necesario, desde el CPI, retaremos este intento de controlar la información pública, usando el derecho constitucional de acceso que nos asiste y que hemos hecho valer en más de una decena de casos", concluyó.

Por su parte, la Oficina de Red de Transparencia solicitó a Maldonado Gautier que en lugar de establecer este tipo de protocolos, que adapte el procedimiento a los principios internacionales del acceso a la información.

"El protocolo, según redactado, no cumple con los estándares internacionales de transparencia y acceso a la información pública, entre ellos: no promueve la máxima divulgación de la información, no garantiza que las excepciones al acceso a la información sean limitadas y justificadas,  no dispone para que la información esté disponible proactivamente de forma explícita y no promueve la cultura de datos", detalló la Oficina de Red de Transparencia.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) se unió al reclamo y denunció la movida informadas por Maldonado Gautier. "Es cuestionable que se cree un protocolo que de antemano plantea la intención de la Oficina del Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico de evocar supuestas “razones legales para la denegatoria, incluyendo pero no limitándose a la invocación de un privilegio evidenciario reconocido”, cuando existe un derecho constitucional al acceso a la información que se presume es pública. Además, es contraproducente que se otorguen diez días laborables en casos de información que está accesible", expresó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.

En el primer puñado de órdenes ejecutivas que firmó al llegar al cargo en 2017, el gobernador Ricardo Rosselló emitió una que pretendía regular el proceso de acceso a la información en toda la Rama Ejecutiva y que añadía categorías de confidencialidad de información que no han sido reconocidas en las leyes ni en la jurisprudencia de Puerto Rico. A través del senador Miguel Romero, esa lista llegó a un proyecto de Datos Abiertos que está pendiente en la Legislatura. También está pendiente allí otro proyecto en el que, similar al protocolo, el gobierno gana la capacidad de declarar confidencial una información sin sujetarse a una lista específica de excepciones a la publicidad. Ambas medidas han contado con la oposición de periodistas y organizaciones que favorecen la transparencia.


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