Junta Fiscal

Cooperativas y otros radican objeciones al acuerdo COFINA

Solo una fue por un bonista.

Sin objeciones por parte de los comités de acreedores en el caso de Título III, acreedores del gobierno central con comprobantes de reclamo y sin escrito alguno de amigo de la corte presentado por cualquiera de los 22 legisladores que votaron en contra del acuerdo de COFINA, el periodo de objeciones terminó con solo cuatro objeciones.

Entre los comparecientes en las objeciones, hay cuatro cooperativas de ahorro y crédito.

De esos cuatro objetores, sólo un bonista junior radicó un escrito para rechazar el acuerdo y denunciar que el proceso que estableció la corte para reestructurar las obligaciones de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante fue hecho para beneficiar exclusivamente a los bonistas senior. 

El bonista Stephen Mangiaracina, primero señala que la corte no proveyó un tiempo realista para recibir objeciones al acuerdo, dado a que el proceso para radicar dicho escrito ante la corte requeriría entender las 621 páginas del acuerdo, averiguar cómo escribir la objeción y enviarlo a los 24 recipientes envueltos en el acuerdo, además de la propia corte antes del 13 de noviembre.

“No puede ser hecho, así que las personas tendrán que seguir impotentes mientras su propiedad le es arrebatada injustamente. Esta es la distinción entre un bonista junior de COFINA y las instituciones que tuvieron una silla en la mesa con sus abogados montando un plan de ajuste”, lee la objeción.

Mangiaracina además señala que el acuerdo reconoce los retos a la constitucionalidad de COFINA, pero señala que la corte pretende aprobar este acuerdo sin antes decidir sobre ello, beneficiando aun más los bonistas senior que participaron y desarrollaron el acuerdo.

“Aquellos que participaron de las negociaciones del acuerdo tomaron ventaja de nuestra falta de presencia, pero esta corte y la FOMB (Junta de Control Fiscal) crearon el ambiente para que esto tomara lugar”, reza el escrito.

El bonista sostuvo además que solicitó una investigación por fraude de quiebra al Departamento de Justicia Federal y adelantó que votará en contra del acuerdo. Aun así, sostuvo que no participará de la vista del próximo 20 de noviembre pues no puede sufragar los costos de representación legal, viaje y hospedaje, además de que sería dos días antes del día de Acción de Gracias.

Fideicomisario cuestiona pagos adicionales a bonistas que negociaron

Otra de las objeciones proviene del Bank of New York Mellon (BNYM), agente fiduciario de COFINA que mantiene en sus arcas los recaudos del IVU retenidos desde la radicación de Título III. A modo de velar por los intereses equitativos de todos los bonistas, BNYM cuestionó la justificación del pago de $332 millones por concepto de costos de consumación del acuerdo.

Según el acuerdo, los costos de consumación representan una compensación otorgada a las partes que participaron de la negociación del acuerdo. Un listado en los anejos del acuerdo identifica a estos participantes como los fondos de cobertura, aseguradoras de bonos y firmas de inversión que mantienen bonos senior.

BNYM señala que dentro su capacidad como fideicomisario de bonistas senior y junior y al amparo de la resolución de bonos, está obligada a garantizar trato igual entre todas las partes. Sin embargo, los costos de consumación provendrían de los recaudos del IVU retenidos desde junio del 2017 -y que al presente totalizan poco más de $1,200 millones- carecen de racional tal como se estipuló en el acuerdo, aunque expresamente margina a los que no participaron del acuerdo de ese pago.

Ante esto, el fideicomisario de COFINA objetó el acuerdo hasta tanto se aclare la base legal para emitir este tipo de pago a un grupo de bonistas con el dinero que supone pertenecer a un grupo más amplio. De mismo modo, BNYM también requirió un desglose de los costos de consumación y las contribuciones que hizo este arreglo al acuerdo final.

Lehman Brothers reclama atención a acuerdo previo con COFINA y BNYM

El tercer objetor, el banco de inversión Lehman Brothers, objeta el acuerdo por no atender un acuerdo de servicio a la deuda y acuerdo de depósito (DSDA por sus siglas en inglés), ratificado en el 2008, y ni tan siquiera mencionarlo en el contenido. El DSDA caería como un reclamo no relacionado a los bonos y no especifica si se pagaría mediante una cuenta de gastos operacionales, la cual crearía el gobierno más adelante.

Según Lehman, bajo el DSDA el BNYM es responsable por las pérdidas incurridas por causa de insolvencia bajo los términos de ese acuerdo.

Por otra parte, Lehman señala que el gobierno falló en desglosar si investigó potenciales causas de acción o investigaciones que resulten en la invalidación de reclamos y redistribuirlos entre acreedores. Sobre esto, recomendaron que, en ese caso, que los fondos producto de esa causa de acción sean dirigidos a reclamos no relacionados a los bonos.

Tal como levantó Mangiaracina, Lehman destacó que el acuerdo no provee un pronóstico justo sobre la probabilidad de éxito que pueda tener el reto constitucional contra COFINA. De mismo modo, señala que el reto constitucional contra la Junta de Control Fiscal (JCF), el cual cuestiona la validez de los nombramientos de sus miembros, también influye sobre la viabilidad del acuerdo y los casos de Título III radicados hasta ahora.

Cooperativas señalan falta de claridad con sus reclamos

Otra objeción fue presentada en conjunto por cuatro cooperativas: Rincón Coop, Cooperativa Zeno Gandía, Valencoop y Cooperativa Juana Díaz. Sin embargo, la objeción de las cooperativas fue radicada el 14 de noviembre, un día después de la fecha límite para presentar objeciones.

Las cuatro -que en conjunto poseen más de $90 millones en comprobantes de reclamo contra COFINA- señalaron que el acuerdo no detalla adecuadamente las clases de bonistas y el retorno que se espera recibirán al ratificarse el acuerdo. Además, indicaron que el acuerdo no hace referencia al caso adversativo que incoaron varias cooperativas contra el gobierno por violaciones fiduciarias que resultaron a consecuencia de la radicación del Título III.

En ese sentido, reclamaron que el acuerdo se suplemente para incluir información que pueda ser relevante para los reclamos contra el estado.

El acuerdo de COFINA y los términos serán discutidos durante la próxima vista del 20 de noviembre. Mientras que el acuerdo en sí sería aprobado por la jueza Laura Taylor Swain en enero del próximo año.


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