Junta Fiscal

Hora de la verdad para el acuerdo de COFINA

Comprometerá parte del IVU para la deuda por años

Con el apoyo de las aseguradoras de bonos, fondos de inversión, la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno y con el rechazo de las cooperativas, bonistas individuales, jubilados y tres sindicatos, el acuerdo de COFINA será debatido hoy ante la corte de Título III.

El producto final de ese acuerdo fue el resultado de extensas negociaciones entre un agente designado por el gobierno para representar a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante y otro agente designado para representar el gobierno central. En esa negociación también estuvo presente la representación legal de la JCF y la Coalición de Bonistas Senior de COFINA, la cual está compuesta de aseguradoras de bonos y firmas de inversión.

En síntesis, el acuerdo provee para que los bonistas senior recuperen un 93% de su acreencia, mientras que los bonistas junior recibirán 56.4% del valor de su inversión inicial. Los recaudos para pagar estas deudas provendrán del 5.5% de todos los recaudos del IVU y la cuantía a pagar por año aumentaría de forma escalonada comenzando en el 2022.

Durante la semana pasada se levantaron objeciones al acuerdo por parte del bonista junior Stephen Mangiaracina, cuatro cooperativas locales, el banco de inversión Lehman Brothers y el fideicomisario de los fondos de COFINA, Bank of New York Mellon (BNYM). A esos también se añadieron objeciones por parte del sindicato PROSOL UTIER, el Comité Oficial de Retirados, y otro bonista junior de COFINA de nombre Lawrence Dvores.

Costos de consumación fueron avalados por la Junta y AAFAF

De cara a la vista, estas objeciones fueron respondidas por la JCF, sin embargo, la Coalición de Bonistas Senior de COFINA radicó una respuesta a la objeción del BNYM. La semana pasada, BNYM objetó y exigió clarificar el pago de $332 millones a aquellos bonistas que participaron de la negociación por concepto de costos de consumación.

La Coalición, que representa parte del grupo que devengará parte de ese monto, justificó el pago al señalar que han estado reclamando su acreencia en las cortes desde el 2016. En ese sentido, indicaron que su aval para dar paso al Acuerdo de Apoyo al Plan (PSA por sus siglas en inglés) fue esencial para llevar el acuerdo adelante a su aprobación.

“Como consideración de sus esfuerzos en facilitar satisfactoriamente el requisito de apoyo y asistir para formular el Plan de Ajuste que ya ha obtenido apoyo significativo de acreedores, y por los costos incurridos en conexión con el caso de Título III de COFINA (incluyendo los esfuerzos para defender los intereses propiedad de COFINA y costos que aún son incurridos en conexión con la finalización de acuerdos definitivos y documentos ancilares), la FOMB (JCF) y la AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) ejercieron sano juicio al acordar pagar a las partes del PSA de COFINA los Costos de Consumación”, reza la respuesta de la Coalición.

En ese sentido, señalaron además que la JCF no requiere orden del tribunal para pagar este monto, mientras que la propia Junta indica en su respuesta que no hay garantía que ese desembolso provendrá de la propiedad reclamada, mas bien podrían ser fondos del gobierno central o fondos no comprometidos de COFINA.

Retirados advierten acuerdo volverá a violar límite de deuda constitucional

Aunque el informe sobre el endeudamiento del gobierno elaborado por la firma Kobre & Kim señaló que los mecanismos empleados para burlar el límite de deuda constitucional, principalmente COFINA, no violaron dichos estatutos constitucionales, el Comité Oficial de Retirados señaló en su objeción que cualquier nuevo valor que emita el acuerdo debe atenerse al límite constitucional de deuda.

En resumidas cuentas, ese límite es el 15% del promedio de todos los recaudos generados por el gobierno en los últimos dos años.

El Comité señala que el acuerdo no condiciona los nuevos bonos a este límite, por lo que advirtieron sin esa salvaguarda el gobierno repetiría las mismas acciones que llevaron a su endeudamiento crítico.

Potencial para afectar los servicios esenciales

Desde la perspectiva del sindicato PROSOL UTIER, el acuerdo de COFINA tiene el efecto inmediato de comprometer el IVU, una importante fuente de recaudo cuyo ingreso mermará en la medida que la población disminuya. Sin embargo, el sindicato señala -tal como lo hizo también los sindicatos Service Employees International (SEIU) y United Auto Workers (UAW)-  que la reestructuración de las obligaciones generales del gobierno será de tamaño similar a la de COFINA, por lo que el propuesto acuerdo podría restar fondos a los servicios esenciales en la medida que los ingresos no sobren.

El asunto de los servicios esenciales ha sido extensamente cuestionado, sin embargo, ante los ojos de la JCF y el gobierno central la propia ley PROMESA no obliga definir estos servicios, sino que ordena que sean financiados apropiadamente.

“Ausente una definición de qué servicios deben ser protegidos como esencial, no hay manera de cumplir con el acuerdo sin inmediatamente o eventualmente perjudicar esos servicios, tal como salud, educación y seguridad pública, entre otros”, señala la moción de PROSOL UTIER.

Para el sindicato, los pagos que recibirán los bonistas de COFINA, combinado con un flujo de efectivo reducido en el gobierno causaran el desvío de fondos que podrían ser utilizados para reconstruir la economía y satisfacer las necesidades del pueblo.

El martes, la jueza Laura Taylor Swain atenderá los argumentos de las partes envueltas en el caso de reestructuración de COFINA. A grandes rasgos, tendrá que determinar si el acuerdo satisface los requisitos de la ley PROMESA y velar por que el acuerdo sirva los mejores intereses del deudor, es decir el gobierno de Puerto Rico.


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