Junta Fiscal

Junta recorta drásticamente su proyección de cuántos fondos de recuperación llegarán

Advierte atrasos por salida de Gobernador y staff.

Como parte del proceso de mediación con acreedores para negociar el pago de la deuda de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) sometió al mercado financiero tarde el jueves pasado un informe que resume los riesgos que entraña el Plan Fiscal, entre los que destaca su proyección de que la Isla acabará recibiendo la mitad de los fondos de recuperación que se esperaba.

El documento también califica como uno de los "retos" de implantación del Plan Fiscal la "rotación reciente en el liderato de más alto rango, notablemente en la gobernación, durante el pasado mes", constituyendo así lo que probablemente sea la primera admisión de cómo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares afectó el proceso de quiebra.

Las fuentes principales de los fondos de recuperación serían el programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) y el programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para el Manejo de Emergencias (CBDG-DR) del Departamento de Vivienda federal (HUD) que suponían sumar $69,000 millones.

Pero, en el informe de riesgos elaborado por la JCF en septiembre y publicado la semana pasada en el portal de la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB en inglés), se proyecta que solo serán unos $39,000 millones los que se reciban para atender la recuperación del país después de los huracanes Irma y María.

Además, se advierte que mientras más tarde lleguen esos fondos, menor será el impacto que tendrán sobre la economía. De hecho, se estima que de 5 años de impacto positivo que se esperaba tuvieran los fondos, ahora se estiman solo tres años.

El razonamiento detrás de este desalentador estimado se sustenta en parte por la desobligación de fondos de recuperación que experimentó el estado de Nueva York tras el huracán Sandy. FEMA puede desobligar fondos en la medida que sus auditorías revelen incumplimientos o irregularidades en el uso de fondos, si el monto obligado a un proyecto excede su costo o si sobraron fondos de un proyecto completado.

Por otra parte, señalan que este mes supone expirar la disponibilidad de fondos de FEMA para obras permanentes, programa que requiere la confirmación de estimados de costos fijos por cada proyecto que sufragarán. Hasta la fecha, señala la Junta, FEMA no ha confirmado ningún estimado de costos fijos, aunque en un reporte de la Oficina de Contabilidad General (GAO) anticiparon que ese plazo de tiempo podría ajustarse para que los estimados se aprueben por cada proyecto.

Abona también a los riesgos de estimación a la baja en la cantidad de fondos de recuperación: que la Comisionada Residente, Jenniffer González Colón, haya abogado por la designación de un zar de la recuperación, que HUD instalará un monitor para la supervisión de $20,200 millones en financiamiento CDBG-DR, que el Gobierno de Puerto Rico falló en usar $26 millones en preparación para desastres para la temporada de huracanes actual y que HUD no ha emitido todavía las guías para las asignaciones de fondos de Puerto Rico en los años fiscales 2017 ni 2018.

Hasta la fecha, FEMA ha desembolsado $12,357 entre todos sus programas de recuperación. Otros $15,919 siguen obligados, pero sin desembolsar mientras que otros $15,932 fueron autorizados por el Congreso para esa agencia, pero no han sido obligados para proyectos específicos.

Pese a que HUD mantiene $1,507 millones obligados para proyectos bajo CDBG-DR, ese monto aún no se ha puesto disponible para el gobierno local. El Congreso autorizó otra partida de $19,945 millones en fondos CDBG-DR, pero HUD aún no ha presentado las guías para el uso de algunos de esos fondos, necesarias para regir su uso adecuado. Las han presentado para nueve estados y las Islas Vírgenes, pero no para Puerto Rico.

Adicional a esas guías, el secretario de HUD, Ben Carson, impuso otra capa de supervisión de fondos en agosto al anunciar la futura designación de un monitor que velará el uso de este dinero. Según indicó Carson en ese momento, la medida responde a la “alegada corrupción” del gobierno local, irregularidades fiscales y al interés de su agencia de proteger a los contribuyentes.

La tardanza con el desembolso de estos fondos fue el centro de discusión de una vista congresional del subcomité de Asignaciones para Transporte, HUD y agencias relacionadas, celebrada el pasado jueves. Allí dos altos funcionarios de HUD levantaron preocupaciones con la capacidad del Departamento de la Vivienda (DV) para administrar los fondos, pero también consignaron sus preocupaciones con el historial de corrupción en la Isla y los arrestos federales recientes en las principales agencias locales encargadas de educación y del seguro de salud pública – ambas dependientes de fondos federales recurrentes.

Así las cosas, a pesar que los estimados de la JCF relacionados al crecimiento a corto plazo de la economía local dependen de la llegada de los fondos federales de recuperación, el impacto positivo que verdaderamente tendrá ese dinero en la Isla parece desvanecerse con cada día que transcurre. Y sin la designación del monitor de fondos CDBG-DR, ni de un zar que vele por el uso de todos los fondos de recuperación, ese dinero podría seguir en el aire hasta el próximo año.

Por una parte, el Principal Oficial Financiero de HUD, Irv Dennis, indicó durante la vista congresional de la semana pasada que la agencia nombraría al monitor en los próximos meses, antes de diciembre. Este oficial vendría acompañado de un equipo de trabajo con capacidad de poner controles adicionales al uso de los fondos.

Por el otro, el abogado del Inspector General de HUD, Jeremy Kirkland, adelantó que una auditoría realizada al DV arrojará que la agencia debe: mejorar sus controles financieros, desarrollar procesos para prevenir duplicación de beneficios, mejorar controles de contratación y seguir aumentando su personal.

En cuanto el zar de la recuperación, González Colón consignó su apoyo la designación de este oficial desde finales de julio cuando fue convocada a Casa Blanca por el Chief of Staff interino, Mick Mulvaney, quien le informó de la intención del presidente Donald J. Trump de nombrar un Coordinador federal para mejorar la transparencia con el uso de fondos de recuperación en la Isla, tal como ocurrió en Nueva Orleans tras el huracán Katrina.

Vea: Puerto Rico coge cantazo de Casa Blanca en medio de escándalo por Ucrania

Para ver el informe, pulse aquí.


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