Junta Fiscal

Larga la cola de sospechas del 'Cartel del Petróleo'

Demandas de JCF se añaden al historial del cartel.

Las demandas radicadas ayer, domingo, por la Junta de Control Fiscal (JCF) contra dos suplidores de combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) traen a la atención pública nuevamente al llamado "Cartel del Petróleo" y varios esquemas relacionados con este que se han discutido públicamente y hasta han sido objeto de investigaciones legislativas, auditoría de la Contralora y casos criminales sin que todavía salgan a la luz completamente los participantes de este supuesto cartel.

En uno de los esquemas, la AEE compró millones de barriles de combustible certificados como que cumplían con los requisitos de los contratos de suplido y de decretos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), cuando, "de hecho, los demandantes suplieron a la AEE con combustible que no cumplía con las especificaciones de los contratos ni de la EPA, pero que fue aceptado por la AEE a cambio de, información y creencia, pagos de regalías o comisiones entre los participantes del esquema que se mantuvieron secretos”.

"Como resultado de este esquema, la AEE sobrepagó a sus suplidores de combustible y pasó todos esos costos por el combustible no autorizado a los demandantes y su clase a través de sus facturas mensuales de electricidad”, lee una demanda federal de 2015 sacando a la luz esta irregularidad.

El esquema se vinculo con un exdirectivo encargado de la Oficina de Combustible de la AEE, William Clark, quien en el 2014 tuvo una fiesta de retiro que fue organizada por su sucesor, Edwin Rodríguez, y en la cual asistieron varios contratistas y suplidores de combustible de la corporación, levantando bandera roja ante un posible conflicto de interés.

Se alega que la celebración de Clark contó con la presencia de ejecutivos de Puma Energy, Petrobras América y Peerles Oil y PetroWest que suplen miles de millones de dólares a la AEE en combustible y gasolina.

En vistas públicas senatoriales se reveló que Clark reinaba en su oficina y habían pocas maneras de fiscalizar su desempeño en ella.

"La AEE tomó una determinación gerencial que la AEE no iba a asumir ningún riesgo de negocio en la compra de petróleo. Todo lo subcontrata en un proceso de subasta. Los suplidores entonces son los que manejan el proceso. Son muy pocos suplidores y todos tienen oficinas en Houston y todos se hablan. Saben quiénes son los que nos están comprando, no hay forma de evitar que se hablen y eso facilita que estas dos o tres compañías que pueden suplir el combustible a la AEE lleguen a unos acuerdos implícitos," indicó el expresidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Luis Anibal Avilés Pagán.

Avilés Pagán reveló además que aunque trataron de tomar acción contra Clarke, pidiendo una investigación de personal al entonces director ejecutivo, Edwin Rivera, “no se adjudicó ninguna culpa al señor William Clark y a los miembros de su oficina. El resultado de la investigación fue que se estaba cumpliendo con la ley, pero la ley es deficiente”.

De igual forma la fiesta de retiro de Clarke le salió más costosa a Rodríguez, quien recibió una multa por parte de la Oficina de Ética Gubernamental de $8 mil por “acciones que pusieron en duda la imparcialidad de la función gubernamental”.

"El acto del querellado de invitar a personas privadas, relacionadas con entidades de la industria del combustible en Puerto Rico, a la actividad de jubilación del señor Clark, utilizando recursos provistos por la AEE y requiriendo una aportación económica para la asistencia, puso en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental y atentó contra el buen nombre de la AEE", lee la querella.

Por su parte, el exsecretario de Justicia, César Miranda, refirió el caso en aquel entonces a la Fiscalía Federal tras finalizada la investigación del Senado mientras ya se habían radicado querellas contra algunos directivos de Petro West.

Fue bajo la incumbencia de Miranda que el 20 de junio de 2016, Justicia radicó unos 46 cargos en contra del presidente de Petro West,  José González Amador, por apropiarse ilegalmente de $10 millones de fondos públicos de la AEE.

Según las denuncias, González Amador cobró a la AEE un impuesto de 0.5% por concepto de patentes municipales en todas las facturas de venta de combustible durante los pasados cuatro años fiscales, logrando así apropiarse de $10,800,591.63 de fondos públicos.

En el 2018 se reveló en un informe de la Oficina del Contralor que Puerto Rico ya había pagado millones a Vitol, a otros suplidores de combustible, y a 29 contratistas.

Aunque el informe no desglosa los nombres de las compañías envueltas, el suplidor de combustible a quien la AEE pagó $2,301 millones es la multinacional Vitol.

En dicho informe, además, se reveló que la AEE pagó intereses a una de estas empresas suplidoras por $3,247,376 pese a que el contrato no mantenía una cláusula autorizando intereses y también $2,669,619 a 29 contratistas con quienes no había formalizado un contrato de servicios profesionales.

Estos contratistas rindieron servicios legales, de oficial examinador, consultoría, técnicos, pruebas y evaluaciones médicas, taquigrafía, auditoría, peritaje, acarreo de fondos, estandarización, interpretación de resultados y pruebas de sustancias controladas.

Aunque el gasto total por este descuido fue de $2,669,619, el informe señala que en ocho desembolsos efectuados -que totalizaron $504,989- en cinco de ellos el número de la factura del expediente no coincidía con el número de la factura registrada en el sistema de contabilidad de la AEE. Esos cinco desembolsos fueron de $334,364.


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