Junta Fiscal

Las inquietudes de los congresistas con el acuerdo de la AEE y sus bonistas

Sus planteamientos no fueron admitidos por Swain

A juicio de los congresistas demócratas que formaron parte de la creación de la ley PROMESA, el acuerdo en apoyo a la reestructuración (RSA en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) representa una política financiera defectuosa que endeudará aún más a la corporación pública, elevará los costos de electricidad a los más pobres y socavará los esfuerzos para mejorar el sistema eléctrico.

Sin embargo, para la jueza Laura Taylor Swain, quien decidirá si se aplican o no los aumentos consignados en el RSA, los señalamientos de los congresistas no identifican un error manifiesto en el acuerdo ni proveen evidencia nueva que justifique reconsiderar el RSA.

A pesar de que Swain denegó el escrito de amigos de la corte que presentaron los congresistas Raúl Grijalva, Nydia Velázquez y Darren Soto a principios de noviembre, sus planteamientos se unen al coro de voces que ha insistido que la aprobación del RSA representará una carga insostenible para muchos puertorriqueños. En síntesis, el trio de congresistas argumenta en su escrito de 21 páginas que el peso del RSA recae exclusivamente sobre una población que ha ido en picada y por tanto no podrá generar los recaudos necesarios para cumplir con el pago de la deuda.

Para ver el escrito de los congresistas, pulse aquí.

“Con los aumentos tarifarios que persigue el RSA, la AEE espera recaudar 45.5% de esos aumentos de tres de los grupos con menores ingresos – alrededor de 60% de la población – mientras que estos solo forman el 22.8% del ingreso total de Puerto Rico”, advierten los congresistas Grijalva, Velázquez y Soto.

Bajo las disposiciones de RSA, al momento de ratificarse entra en vigor un aumento de 1 centavo al kilovatio hora por concepto de un Cargo de Transición. A partir del 2021, ese cargo se consolida con un cargo de acuerdo de 1.7 centavos el kilovatio hora, para aumentar la tarifa por 2.7 centavos.

El cargo de Transición supone ir a aquellas partes que respaldan el acuerdo en esta fase, estableciendo una fuente para pagar por costos de litigio incurridos en el curso de elaborar el RSA. Sin embargo, ese cargo ha estado en el ojo del examinador de tarifas de los casos de Título III quien ha señalado que el RSA impone a los clientes la carga de pagar por los costos legales de tenedores de bonos y compañías de seguros de la corporación pública.

Además de establecer los riesgos que impone el RSA sobre los puertorriqueños, la moción de los congresistas que pretendía ser aceptada en el proceso como un amicus curiae también plantea que el RSA imposibilita a la AEE de poder emitir más deuda para las mejoras capitales que requiere el sistema para optimizar su operación. A ese fin, señalan que el RSA modifica la prioridad de pago de deuda para que sean las obligaciones históricas las que tengan mayor prioridad que los gastos actuales de la AEE.

“Esto probablemente resultará en la continuación de los problemas que han plagado a la AEE en la última década mientras la economía ha disminuido – incluyendo el desplazamiento de mejoras capitales, recortes al mantenimiento y la inhabilidad de montar un equipo profesional sano y reorganizar la Autoridad”, reza el escrito legal.

El efecto de la falta de pago por reducción poblacional y el cambio en el régimen de pago de deuda no solo redundaría en un peor marco económico para la Isla, sino que mantiene abierta la posibilidad de que la AEE tenga que volver a reestructurar su deuda al amparo del Título III de PROMESA. Según el escrito, esto: “…se traduce en el empeoramiento de la propiedad de la AEE debido a costos insostenibles de litigio. Por tanto, el RSA está lejos de ser razonable, no está en los mejores intereses de la propiedad de la AEE ni del gobierno y no es factible”.

El RSA de la AEE está en agenda para ser visto y potencialmente confirmado en enero del próximo año. Esa vista, según ha indicado la jueza Swain, estará limitada a cuestionar si el acuerdo plasmado en el RSA cae dentro el alcance de la razonabilidad, tomando en cuenta la probabilidad de que el caso se comprometa, las dificultades en cuanto a los fondos disputados, la complejidad del caso y los costos e inconvenientes que surgirían de no atenderlo y el interés de los acreedores.


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