Los representantes del ministerio público contestaron la moción de la defensa de Pablo Casellas Toro para que su caso sea trasladado a otra jurisdicción y cuestionaron los resultados de una encuesta, pagada por el acusado, que los llevó a concluir que no podrán conseguir un jurado imparcial en la Región Judicial de Bayamón.

Los fiscales Sergio Rubio, Janet Parra y Phoebe Isales pidieron al tribunal que declare ‘no ha lugar’ la petición del acusado de asesinar a su esposa Carmen paredes en hechos ocurridos en julio de 2012.

‘El reclamo de traslado a otra jurisdicción, además, resulta absurdo por ser improcedente en derecho, ya que la defensa tiene que demostrar el efecto real que haya tenido la publicidad en este caso en el ánimo del jurado’, afirmaron los representantes del ministerio público.

En su réplica, los fiscales se defendieron de lo que llamaron acusaciones serias que hizo la defensa en su moción responsabilizando a los funcionarios del Estado por la publicidad que calificaron de ‘inflamatoria’ contra su cliente por presuntamente hacer filtraciones de los pormenores del caso en los medios, principalmente en programas de chismes.

‘Consideramos que esta aseveración son imputaciones serias que no tienen fundamento alguno y que de la propia moción de la defensa surge que la alegada prueba filtrada no guarda relación alguna con la prueba, ya que no son más que especulaciones de la prensa, que los compañeros conocen que no concuerda con la prueba del ministerio público’, afirmó el ministerio público.

Los fiscales pusieron en duda la metodología y resultados de la encuesta pagada por la defensa de Casellas Toro en la que se asegura que un 70% de los habitantes de la Región Judicial de Bayamón opinan que el corredor de seguro, en efecto, mató a su esposa.

‘En cuanto a esta encuesta, tenemos objeción ya que no conocemos si la misma cumple con la rigurosidad científica que requiere una encuesta. Sin embargo, tomando como cierta la acomodaticia interpretación que le da la defensa a los números de dicha encuesta, nos sentimos en la obligación de señalar sobre los mismos números utilizados por ellos. De los propios números que presenta la defensa surge que un 70% piensa que el acusado es culpable, por lo que queda un 30%, no un 8% que no tiene opinión formada’, indica la moción de los fiscales.

‘Pero, peor aún, según la carta que informa el número de encuestados, sólo se entrevistaron 240 familias de la totalidad de 409,054 personas entre las edades de 18 a 64 años. Dándole el beneficio de la duda, y asumiendo que hay cuatro personas por familia entre esas edades y que todos contestaron la encuesta, es meramente un .23% de la población y solamente un 8.7% de la selección inicial’, destacaron en la moción de 8 páginas.

El trío de fiscales recordó que la publicidad en el caso no se va acabar aún cuando se trasladara de jurisdicción, pues los procesos judiciales criminales, que no involucran menores, son públicos.

‘La publicidad no va a cesar. Lo importante es el más riguroso voir dire o desinsaculación del jurado. Después que los 12 elegidos hayan jurado que rendirán un veredicto sólo a base de la prueba, no se violenta el debido proceso de ley. La posposición del juicio tampoco va a resolver el problema de la cobertura noticiosa del caso… En una democracia no se puede pretender que coartemos el derecho de la prensa a publicar las noticias que entiendan son de interés a la ciudadanía’, afirmaron.

Los fiscales cuestionaron, además, la aparente pureza que reclaman los abogados defensores en cuanto a la filtración de información relacionada al caso.

‘Por último, debemos recordarle al abogado defensor del recurrido que el proceso criminal no es lidia deportiva para determinar cuál es el mejor de los gladiadores. Los tribunales de justicia no existen para dilucidar competencias ni batallas de talento entre abogados y fiscales, sino que su propósito cardinal es el descubrimiento de la verdad. Es por ello que al tribunal hay que acudir con las manos limpias y quien triunfe debe ser aquel a quien le asista la razón, no el que pretenda o resulte ser el más listo o el más astuto’, sentenciaron.

El reinicio del proceso de selección del jurado está señalado para el 29 de este mes.

Contra Casellas Toro pesan cuatro cargos por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

Cuando se determinó causa para arresto en octubre 2012, la fiscal Isales explicó que ese último cargo se relaciona con la querella que el imputado presentó ante los agentes del cuartel de Levittown de que supuestamente el 17 de junio (Día de los Padres) le robaron tres armas y fue víctima de una tentativa de asesinato. Entre las armas, que Casellas Toro alegó falsamente que le robaron se encuentra la utilizada para asesinar a Paredes.