La defensa del corredor de bienes raíces, Pablo Casellas, acusado del asesinato en primer grado de su esposa Carmen Paredes, alegó que no está preparada para enfrentarse a la prueba y los testigos que presentará el Gobierno durante el juicio, que inicia el miercoles, debido a alegada omisión en la información que fiscalía le otorgó al magistrado.

La Jueza Vivian Durieux Rodríguez decretó un receso, el lunes, durante la vista de supresión de evidencia en el Tribunal de Bayamón para que las partes se pusieran de acuerdo sobre los testigos que serán citados a la vista. ‘No comprendemos porque la citación de tantos testigos para una vista de evidencia. Esto tiene el resultado de dilatar el proceso de selección del jurado’, señaló, por su parte, el fiscal Sergio Rubio.

Durante la vista, la defensa intentó demostrar que las dos órdenes de registro del vehículoAcura, que estaba bajo la custodia del FBI por un carjacking del que Casellas supuestamente fue víctima el 17 de junio, un mes antes del asesinato de su esposa, fueron realizadas de manera ilegal, sin el debido consentimiento de Casellas. La suspicacia de los abogados reside en que uno de los registros se efectuó dos días después de la muerte de Paredes y otro, un mes después.

‘Ese carro estuvo todo ese tiempo (un mes) sin hacer nada ahí. Por eso necesitamos ese informe… Porque según el Ministerio público cada registro produce más evidencia’, comentó el licenciado Juan Ramón Acevedo.

Ante preguntas de la prensa, el licenciado no aclaró si la evidencia encontrada sobre Carmen Paredes sería nula, en caso de que el registro no haya sido consentido, o hubiese sido formulado para efectos del carjacking. ‘Eso es parte de lo que está por determinarse’, se limitó a decir.

El supervisor de delitos violentos del FBI, en San Juan, Gregory Gruel, fue el primer testigo entrevistado por las partes. El agente reconoció que el personal de su oficina llevó evidencia al laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses, aunque a preguntas de los fiscales, indicó que el propósito de ambos registros era recuperar pruebas del carjacking, y que se siguió el protocolo habitual. El testigo alegó que no sabía si el registro había sido efectuado antes o después de la muerte porque no estaba al tanto del caso.

En varias ocasiones, según mencionó, recibió llamadas de Casellas preguntando cuándo tendría su auto de vuelta.

En una interrupción al interrogatorio, la jueza responsabilizó a los fiscales por no darse cuenta que otro de los testigos, el agente Rafael Díaz Berríos, quién había pedido hacer la investigación del auto, se encontraba dentro de la sala, a pesar de que se le dijo que saliera. Inmediatamente Díaz fue llevado fuera, luego de que se le entregará su citación.

Las partes acordaron que también se citaría al agente Ricardo Costales González, quién suscribió el registro, y al agente del FBI, Rubén Marchand, quién fue trasladado de jurisdicción. ‘Es el más difícil, pero el más fundamental para presentar la prueba porque estaba a cargo de los dos registros’, explicó Acevedo. La vista está pautada para el 22 y 23 de octubre a las 9 a.m. en la sala 204.

El juicio contra el hijo del juez federal Salvador Casellas está pautado para comenzar el próximo 16 de octubre en el Tribunal de Bayamón, ante el juez José Ramírez Lluch.

Esto después de una prolongada interrupción por el estado delicado de salud de Casellas, quien estuvo recluido en el hospital Hima San Pablo de Bayamón en alegado estado de coma y luego trasladado a tomar terapias físicas al Hospital Healthsouth de Manatí.

Casellas Toro está acusado por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y por declarar falsamente un delito.

Paredes fue asesinada el 14 de julio de 2012, mientras leía el periódico en su residencia, en la urbanización Torre Alta III, en Guaynabo.