El proceso de selección de jurado en el caso que se sigue contra Pablo Casellas Toro, acusado de asesinar a su esposa Carmen Paredes, tomó un giro inesperado cuando una empleada de una agencia de ejecución de hipotecas puso por escrito unas instrucciones que le dio su supervisor de Recursos Humanos que, a su entender, constituyen una violación de ley.

La mujer le envió una carta al juez superior de Bayamón, Jose Ramírez Lluch, explicándole la situación.

El magistrado no tardó en reaccionar: ‘nos reservamos el derechos de referir el documento al Departamento de Justicia por la posible comisión de delito’.

La empleada financiera dijo que favorece la pena de muerte y que los abogados ‘son un mal necesario’.

Sus respuestas provocaron una reunión de las partes en el estrado.

Acto seguido, el principal abogado defensor del corredor de seguros, Harry Padilla, le preguntó si sus respuestas eran sinceras y de lo que ella pensaba en realidad o de lo que alguien le pidió que dijera, La mujer contestó que eran sus opiniones porque esa era su forma de pensar.

La potencial candidata a jurado contestó en la afirmativa cuando le preguntó si creía en la pena capital y dijo que favorecería que personas que sean capturadas en la comisión de un delito, o sea en el acto, no tengan abogado de defensa.

Se le preguntó directamente si una persona que es atrapada violando a una menor si debe tener un juicio y dijo que no: ‘si lo cogieron en el acto’.

Otra de la candidatas es una empleada de la Secretaría del Tribunal de San Juan que dijo que cuando la llamaron a ser jurado tenía una opinan formada de que era culpable, pero que esa idea le cambió ‘cuando llegué aquí y lo miré’.

La empleada de la Rama Judicial no abundó en su respuesta porque el licenciado le preguntó entonces si entendía que por su trabajo estaría impedida de llegar a una decisión justa e imparcial y dijo que no.

De los candidatos hombres, al menos dos dijeron tener rifles de perdigones. Este panel estaba integrado por 18 personas, 12 mujeres y 6 hombres.

Casellas Toro está acusado por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

Cuando se determinó causa para arresto en octubre 2012, la fiscal Phoebe Isales explicó que ese último cargo se relaciona con la querella que el imputado presentó ante los agentes del cuartel de Levittown de que supuestamente el 17 de junio de 2012 le robaron tres armas y fue víctima de una tentativa de asesinato. Entre las armas, que Casellas Toro alegó falsamente que le robaron, se encuentra la utilizada para asesinar a Paredes.