Aunque parco, el designado secretario de Justicia, Cesar Miranda, confirmó a NotiCel que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) realiza análisis a la evidencia ocupada por las autoridades federales en la casa donde fue asesinado el niño Lorenzo González Cacho.

‘Sí está siendo evaluada (la evidencia)’, dijo Miranda sobre la pasada visita que hicieron los federales a la residencia de la madre del menor, Ana Cacho, quien sigue siendo sospechosa del crimen

El jueves hubo una nueva ocupación de evidencia en las inmediaciones del hogar de Cacho por parte de las autoridades federales, pero Miranda no dio detalles.

NC: Y a la luz de esa nueva evidencia: Están más cerca de que se presenten cargos o están más lejos?

‘No puedo responder a esa evaluación porque no tengo los datos precisos de los resultados de la evidencia levantada, así que en este momento no estamos en posición de hacer ningún señalamiento sobre ese particular’, replicó Miranda.

El titular de Justicia reveló que ‘hay algunos resultados que se han completado’ de las pruebas adicionales de ADN que realizaba el personal del ICF sobre una evidencia anterior a la que se ocupó en los pasados dos registros a la casa de Cacho en Dorado del Mar.

‘Esto es una investigación en curso, aquí hay cosas que se continúan haciendo, así que yo en forma concreta no puedo decir ni una cosa ni la otra hasta que todo esté concluido y con certeza podamos hacer algún tipo de aseveración que sea responsable’, dijo.

‘En este momento, no me siento que tenga los datos para poder dar una respuesta categórica’, sostuvo.

Además de Cacho, figuran como sospechosos del crimen el agente federal, WilliamMarrero, Jesús Genaro Camacho y Arnaldo Colón. Pero, a casi cuatro años del asesinato, no se han presentado acusaciones contra nadie.

También ha sido vinculado al asesinato Luis Rivera Seijóo, mejor conocido como ‘El Manco’, pero el sujeto ha sido sometido a evaluaciones por parte del psiquiatra del Estado, Rafael Cabrera, que lo ha declarado no procesable, o sea, que no está apto para encarar procesos judiciales en su contra.

La investigación del crimen del niño, ocurrido en marzo de 2010, ahora está cargo de un grupo interagencial entre federales y estatales.

‘He dado instrucciones de que este grupo de trabajo se reúna cuantas veces sea necesario, inclusive diariamente, para trabajar en esta importante investigación’, recordó Miranda.

La directora ejecutiva del ICF, Eda Rodríguez, confirmó que se realizan pruebas adicionales de material genético que ‘están bien adelantadas’.

El niño fue asesinado a sus ocho años de edad y su madre alegó que se había dado un golpe al caerse de su cama mientras dormía en medio de la noche. Tras una autopsia, se determinó que la versión de la mujer no era creíble, pues el menor fue asesinado con un objeto punzante.

Tras el asesinato, por orden judicial, la custodia de las hijas de Cacho fue concedida al padre, Ahmed Alí González.

Desde entonces, Cacho libra una ardua batalla judicial en busca de que el Estado le conceda ver a sus hijas personalmente con o sin supervisión de personal del Departamento de la Familia.

El exsecretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, indicó que las hijas de Cacho son potenciales testigos del caso criminal, si es que finalmente se presentan acusaciones.