El convicto Pablo Casellas Toro fue traído al Tribunal Federal, donde la defensa y la fiscalía discuten varias mociones relacionadas al caso federal en el que se le imputan tres cargos por haberle mentido a agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en ingles) con relación al supuesto carjacking del que fue víctima.

El juez federal Joseph Goodwin informó a las partes que todavía no tiene una opinión formada sobre la petición de la defensa para que el juicio federal sea trasladado a Boston.

El juez federal adelantó que resolverá las mociones por escrito. No obstante, tal y como había reseñado este diario digital, Goodwin propuso que se pueden entregar cuestionarios a entre 200 y 300 potenciales candidatos a jurado y, de acuerdo con sus contestaciones, decidir si se celebra el juicio aquí o si se debe trasladar.

Goodwin dijo que cree en el derecho constitucional de los acusados a ser juzgados por sus pares en su comunidad.

El fiscal federal Michael Gilfarb recomendó que se intente seleccionar un jurado imparcial aquí en la Isla y sostuvo que el tribunal tiene los mecanismos para garantizar que tomen una decisión a base de la evidencia y no por lo que se publica en la prensa.

‘Vamos a ver qué pasa. Creo que debemos tratar’, sostuvo el fiscal en su argumentación.

El juez Goodwin comenzó a escuchar los testimonios de los agentes del FBI que estuvieron a cargo de los registros a la guagua Acura MDX negra que le ocuparon a Caselas Toro el 17 de junio de 2012, Día de los Padres, en el que supuestamente fue asaltado por tres sujetos tras alegadamente asistir al club de tiro.

El abogado defensor de Casellas Toro, Francisco Rebollo, pidió la supresión de la evidencia ocupada en los registros por entender que se extendieron más del tiempo razonable y se intensificaron tras el asesinato de la esposa del acusado, Carmen Paredes.

El agente Rafael Díaz Berríos declaró que obtuvo un ‘consentimiento’ de Casellas Toro el 25 de junio de 2012 y que el primer registro a la lujosa guagua se realizó el 16 de julio, dos días después del asesinato de Paredes.

En ese primer registro, el agente Rubén Marchand encontró manchas de sangre, una cartera, una pipa y casquillos de bala.

Luego del 16 de julio de 2012, se obtuvo una orden judicial para hacer una inspección más rigurosa porque se requirió romper la consola del vehículo para analizar la trayectoria de los proyectiles encontrados.

Marchand también está en la corte federal para prestar su testimonio.

En su moción solicitando la supresión de evidencia, Rebollo argumentó que la orden judicial se emitió el 6 de agosto, y no fue hasta el 13 del mismo mes que se diligenció. Para ese entonces, se había emitido ya un informe de balística ‘que mostraba la conexión entre las armas y los proyectiles encontrados en la casa del acusado y los que se encontraron en el ‘carjacking».

Rebollo planteó que cuando los agentes federales solicitaron la orden de allanamiento, indicaron que investigaban dos posibles delitos federales: carjacking y el uso de un arma durante la comisión de un crimen violento.

El agente Díaz, sin embargo, declaró que para propósitos de la investigación del carjacking Casellas Toro siempre fue considerado como una víctima.

La posición de la Fiscalía es que los agentes del FBI investigó el caso como un delito legítimo, y hasta llegaron a pensar que posiblemente los asaltantes de Casellas Toro estaban involucrados en el asesinato de su esposa, ocurrido el 14 de julio de 2012 en la residencia de la pareja en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo.