El poderoso abogado y desarrollador Juan Ramón Zalduondo enfrenta imputaciones de un Gran Jurado federal de haber viabilizado que una ganga de narcotráfico lavara sobre $3 millones en dinero sucio, como parte de un caso en el que hay otras 16 personas acusadas y que incluye una inusualmente amplia lista de confiscación de propiedades por $1,000 millones.

La influencia de Zalduondo abarcaba el haber sido miembro de la comisión que evalúa el desempeño de los jueces en la Rama Judicial, así como recaudador del Partido Popular Democrático (PPD).

Inicialmente, sólo NotiCel publicó la primicia de que Zalduondo enfrentaba un caso de incautación civil en un procedimiento separado al de hoy y que atendía una cantidad de dinero menor a la que se le imputa hoy.

Según el pliego, Zalduondo conspiró con los cabecillas de la organización, Luis Santana Mendoza y Carlos Morales Dávila para lo que se conoce como 'estructurar' el dinero sucio, o lo mismo que diseñar y ejecutar un plan para fragmentar el movimiento del dinero de manera que se evadieran los requisitos de ley y se encubriera su origen.

La cantidad de dinero que se le adjudica haber manejado de esta manera es $3,226,980 en tres cuentas, una en el Banco Santander y dos en la Cooperativa La Puertoriqueña.

Como parte del caso, las autoridades buscan confiscar la astronómica suma de $1,000 millones de dólares, incluyendo propiedades, proyectos residenciales enteros, condominios en Puerto Rico, Orlando y Miami, así como botes, yates, armas, y prendas.

En la investigación colaboraron Immigration Customs Enforcement (ICE por sus siglas en inglés), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia Federal Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés), y la Agencia Federal de Tabaco, Explosivos y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés).

Las autoridades federales desmantelaron esta mañana durante un operativo a una poderosa organización criminal que operaba mayormente en el área este de la Isla y en ese grupo cayó Zalduondo Viera.

En rueda de prensa, la fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, puntualizó que la investigación solo explora la participación del licenciado en la organización y no las esferas políticas y judiciales a la que tiene amplio acceso.

'No voy a especular en este momento. Eso no tiene nada que ver en este caso. Uno puede tener amigos y los amigos no saben lo que uno está haciendo. Hasta ahora este señor es el que está acusado y vamos a centralizarnos en eso. No hay ninguna culpa por asociación', subrayó la funcionaria federal en la sede de la Fiscalía federal en Hato Rey.

La ganga, de acuerdo al pliego acusatorio, pertenecía a Morales Dávila, también conocido como 'Cano Gurabo', detenido desde el 2011. La droga, en su mayoría cocaína y heroína, era transportada desde Venezuela, Colombia y República Dominicana para ser distribuida en distintas áreas de Puerto Rico, específicamente en Caguas, Naguabo, Fajardo y Vieques.

En este último lugar, utilizaban el ferry de la Autoridad de Transporte Marítimo para llevar las sustancias controladas. De hecho, un empleado de esa corporación, identificado como Francisco Pimentel Maldonado, aparece en la lista de acusados.

La 'Isla Nena' era el principal punto de entrada de la droga desde el 2008. La acusación agrega que algunos de los 17 acusados utilizaban el dinero producto de la venta de heroína y cocaína para, entre otras cosas, la compra de propiedades tales como 65 casas, 15 vehículos, botes, 1 apartamento de lujo en Miami, Florida, diez lotes de terreno para el desarrollo residencial y un complejo de 4 torres de apartamentos en Montemar Apartmentos en Ponce.

Otros de los imputados usaron las ganancias para invertir en propiedades como Las Veredas del Mar Residential y Brisas del Caribe Residential Development, proyectos protagonistas en la acusación para el lavado de dinero.

Luis Santana Mendoza utilizó el dinero recibido de la ventas ilícitas para construir un edificio que luego alquiló al Sistema Universitario Ana G. Méndez en Naguabo.

'La estrategia y la visión para el lavado de dinero la establecía Carlos Morales Dávila y se resumía en tres palabras: ‘invertir en cemento'. Ese fue el mandato que él le dio a su organización', señaló Ángel Meléndez, de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

La ganga, agregó Rodríguez, operaba como cualquier otro grupo criminal al incluir líderes, gerentes, gatilleros, suplidores, distribuidores y facilitadores. La acusación incluye una alegación de confiscación contra los 17 acusados por tráfico de drogas y lavado de dinero de mil millones de dólares.

De ser hallados culpables, los miembros de la organización se exponen a una pena de un mínimo de diez años de prisión hasta un máximo de vida en la cárcel y multas ascendientes hasta 10 millones.

Vea también:

Zalduondo reclama el botín incautado por federales

En el limbo caso contra Zalduondo por botín de sospechosa procedencia

Fiscal federal no aclara sobre pesquisa criminal a Zalduondo

Pliego acusatorio en caso contra Juan Ramón Zalduondo - NotiCel_10139