El gobierno ha dicho que su intención es seleccionar las empresas antes de que termine junio para negociar los contratos de privatización

La coalición Queremos Sol entregó ayer a los presidentes de los cuerpos legislativos nueve resoluciones municipales y más de 50 resoluciones organizacionales opuestas a la privatización del sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), urgiéndoles a tomar acción para detener la privatización.

Las dependencias municipales que se han expresado en contra de la privatización incluyen Vega Baja, Salinas, Juana Díaz, Hormigueros, Jayuya, Isabela y Sabana Grande y las legislaturas municipales de Humacao y Trujillo Alto.

Según el honorable Miguel “Ricky” Méndez, alcalde de Isabela, “realmente nuestra frustración es ver y sentir una gran decepción al haberse privatizado el gran monopolio energético, sentirnos impotentes al no poder hacer nada, presentar ideas que no son escuchadas, observar al pueblo inerte sufriendo las injusticias de un proceso atropellado que solo busca el bien económico de una empresa a costa del sacrificio de todo un pueblo”.

Las resoluciones se oponen a un proceso que “no involucra ningún estudio económico de costos y beneficios, no propone que las empresas privadas de generación energética inviertan su propio dinero en mejorar las plantas, y tampoco cuenta con ninguna forma de participación pública sobre el futuro de un servicio esencial del país”. Además, advierten sobre la probabilidad de más aumentos por pagar las ganancias de las nuevas empresas privadas para operar las plantas de generación bajo contratos con menos fiscalización.

Nellie Zambrana Ortiz, legisladora municipal de Trujillo Alto y autora de la medida que aprobó la legislatura, planteó que “el gobierno tiene que articular una política pública energética sustentable, que supla el servicio eléctrico hoy sin sacrificar a las futuras generaciones. Los municipios suplen el 40% de los servicios esenciales a la ciudadanía, por lo tanto reclamos de energía limpia y accesible desde las legislaturas municipales tienen que ser escuchadas”.

El proceso que dirige la Autoridad para Alianzas Público-Privadas para seleccionar los contratistas para operar las plantas existentes de la AEE está en la etapa de licitación. El gobierno ha dicho que su intención es seleccionar las empresas antes de que termine junio para negociar los contratos.

Las resoluciones urgen a la Asamblea Legislativa tomar acción para detener el proceso y “asegurar que las plantas se mantienen en manos públicas con un presupuesto suficiente para su mantenimiento y operación mientras se acelera el cumplimiento con la política pública de transformación a 100% energía renovable”.

Más de 50 organizaciones se unieron al reclamo de los municipios a la legislatura. “Urgimos a la legislatura que detenga este proceso de privatización de la generación de la AEE, que más probable vaya a resultar en otros contratos leoninos sin rendición de cuentas efectiva. Necesitamos urgentemente un proceso transparente, con amplia participación pública, para definir el futuro de este servicio esencial”, expresó la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Daisy Calcaño López.

“LUMA es el mejor ejemplo que evidencia que los procesos de privatización son innecesarios, costosos, con aumentos de tarifa, sin beneficios para el pueblo y la llave a la corrupción. Para muestra con un botón basta. No se puede permitir que intenten hacer los mismo con la generación de electricidad del país. Los legisladores deben actuar en favor de los puertorriqueños y no en su contra”, enfatizó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.

“Como organización de defensa de los derechos de los puertorriqueños y demás Latinos en la isla y los estados, LatinoJustice PRLDEF considera imperativo detener el proceso de privatización del sistema de generación de la AEE. El sistema de energía eléctrica se le está robando al pueblo, sin participación pública en la toma de decisiones y sin importar los enormes sacrificios de nuestra gente ante el inestable, ineficiente y costoso servicio eléctrico desde la privatización de las plantas con LUMA. Urgimos a la legislatura a no permitir otro atropello a la seguridad, bienestar y vida de los puertorriqueños”, dijo Lía Fiol-Matta, abogada de LatinoJustice PRLDEF.

“Los recursos naturales de la creación son un regalo de Dios para la humanidad y deben estar siempre en sus manos para que sirvan el propósito de ser bendición. No son un negocio para beneficiar empresas ni individuos particulares sino a toda la sociedad. La privatización es un germen que corroe los principios elementales básicos del convivir humano natural”, planteó Felícita Burgos Hernández, coordinadora de la Red Continental Cristiana por la Paz (RECONPAZ).

Según Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración y portavoz de la coalición Queremos Sol, “el pueblo no aguanta más aumentos en la tarifa. Hoy entregamos estas resoluciones a los honorables presidentes Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, urgiéndoles que protejan al pueblo en contra de un proceso que, si no se detenga, va a resultar en una tarifa aún más costosa, sin mejorar el servicio ni acelerar la transición necesaria hacia la energía renovable en techos con almacenamiento”.