La agencia compareció ante la Cámara de Representantes para discutir siete medidas relacionadas a crear la ‘’Ley de Reducción y Compostaje de Desperdicios Orgánicos’’.

El licenciado Samuel Acosta, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), confirmó que, actualmente, la agencia está en un estudio de los 29 vertederos en Puerto Rico para determinar qué y cuánta basura llega para, eventualmente, realizar un plan de reciclaje.

El funcionario del DRNA confirmó la información en una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Edgardo Feliciano Sánchez.

‘’Este estudio comenzó hace un mes y esperamos que, entre septiembre y octubre, tengamos todos los resultados para conocer las condiciones en tiempo real de cada vertedero’’, expresó Acosta.

La vista se dio para discutir siete medidas relacionadas a crear la ‘’Ley de Reducción y Compostaje de Desperdicios Orgánicos’’ y atender problemas relacionados al manejo de desperdicios sólidos y reciclaje. Las medidas discutidas fueron las siguientes: Proyecto de la Cámara (P. de la C.) 1328, 1445, 1488, 1621; y el Proyecto del Senado (P. del S.) 99, 370 y 926.

Acosta habló sobre el P. de la C. 1328, que propone crear la ‘’Ley de Reducción y Compostaje de Desperdicios Orgánicos’’ e indicó que la agencia está en medio del estudio de caracterización de los desperdicios sólidos no peligrosos que llegan a los sistemas de rellenos sanitarios.

‘’Entendemos conveniente esperar por los resultados obtenidos en el estudio, para poder obtener la información más exacta que nos ayudará a establecer los porcentajes adecuados.De igual forma, entendemos que es necesario que se realicen asignaciones presupuestarias para la creación y operación de dicho programa, incluidas dentro de los presupuestos de los municipios’’, señaló Acosta.

Mientras que, relacionado al P. de la C. 1488, el licenciado destacó que se debe enfatizar el informe de implantación del plan de reciclaje. Esta medida busca enmendar la Ley 70-1992, conocida como ‘’Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico’’, y otorgarle al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático el deber de colaborar con el DRNA para garantizar que las agencias y municipios cumplan con sus obligaciones.

‘’La situación actual es que muchos municipios no presentan al DRNA los informes de implantación del plan, ni los informes trimestrales’’, sostuvo Acosta.

El licenciado resaltó que, pese a que muchos de los proyectos son loables, podrían estar limitados a nivel presupuestario.

Por otro lado, el licenciado Jaime García, asesor legislativo de la Asociación de Alcaldes, endosó seis de los siete proyectos en discusión.

En cuanto al P. de la C. 1328, García señaló que, aunque la medida tiene un fin loable, se le imponen obligaciones a los municipios sin tener en cuenta la crítica situación presupuestaria que atraviesan los ayuntamientos.

‘’Tenemos grandes reservas con la medida, razón por la que no lo endosamos como está redactada. Los fondos propuestos para subvencionar esta iniciativa saldrán del Fondo de Equiparación. Este Fondo ha recibido una reducción sustancial por la Junta de Supervisión Fiscal de $380 millones a $80 millones. Esto ha provocado que los municipios reduzcan considerablemente sus servicios a sus residentes’’, manifestó el asesor de la Asociación.

Relacionado al P. del S. 925, que busca enmendar la Ley 18-2012 conocida como ‘’Ley para Fomentar el Reciclaje y la Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto Rico’’, García indicó que los residuos de aparatos electrónicos se han convertido en un problema de difícil manejo como consecuencia del acelerado ritmo de los avances tecnológicos.

‘’Existe un riesgo ambiental y de salud pública si no se logra conseguir una respuesta a la disposición adecuada de estos residuos’’, aseguró García.

Mientras que, la organización ambiental Sierra Club endosó las medidas presentadas. No obstante, consideraron prioritaria la aprobación de los Proyectos de la Cámara 1328 y 1488, así como los Proyectos del Senado 99 y 370.

“En su fondo, estos proyectos reconocen tanto el problema ambiental, de salud pública, y de retos para el desarrollo económico sostenible que existe en nuestro archipiélago e intentan proponer soluciones legislativas a los mismos”, dispuso Sierra Club en su ponencia.