La autora de la medida, la senadora María de Lourdes Santiago, dijo que un 37% de los estudiantes de las escuelas públicas están bajo el Programa de Educación Especial

El Senado de Puerto Rico aprobó hoy, en sesión ordinaria, una medida para ordenarle al Departamento de Educación que cese y desista de implementar la nueva política acogida para restringir el acceso a los servicios de asistentes de servicios especiales (T1).

La Resolución Conjunta del Senado 118 (R. C. del S. 118), de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, se aprobó con 16 votos a favor, ocho en contra y uno abstenido.

Para defender la medida, la senadora tomó su turno, y explicó que los asistentes de servicios ofrecen diversidad de atenciones a los estudiantes del Programa Educación Especial. Sin embargo, según Santiago Negrón, a partir de mayo de 2021, el Departamento publicó un memorando en el que indicaba que los servicios de asistencia solo estarían disponibles para estudiantes que necesitaran ayuda en las áreas de higiene, alimentación, movilidad, comunicación, salud y transportación.

La senadora levantó su preocupación, ya que Puerto Rico tiene un 37% de estudiantes escolares, en la administración pública, que están bajo Educación Especial.

“La función de la T1 ha resultado ser auxiliar también en el área académica. Hay niños y niñas con trastornos sensoriales que han sido dejados a su suerte. Hay niños y niñas que aunque no tengan ningún problema aparente de movilidad necesitan asistencia. He presentado esta medida para llevar al Departamento a que piense nuevamente estas políticas”, indicó Santiago Negrón.

Según la R. C. del S. 118, el servicio de las asistentes es meritorio, y suele extenderse fuera del salón de clases, especialmente en la transportación al plantel, el comedor escolar, el periodo recreativo y actividades extracurriculares.

La resolución también busca revisar la Guía de Asistentes de Servicios y el Manual de Procedimientos de Educación Especial, así como cualquier otro reglamento o fuente de autoridad jurídica aplicable para garantizar que el servicio de T1 se realice acorde con el criterio profesional.

De igual manera, Santiago Negrón señaló la injusticia salarial que hay entre los asistentes, ya que los salarios no son equivalentes a la cantidad de trabajo. Asimismo, indicó que, mayormente, son mujeres que operan permanentemente “on call”, y trabajan más de su jornada formal. Según la medida, el salario mensual de las asistentes fluctúa entre los $900 y $1,000 mensuales.

La medida fue radicada y referida a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura el 1 de junio de 2021.