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Llueven flores sobre relación entre Gobernadora y la JCF en vista Título III

Plan de Ajuste sería entregado a fin de mes.

Más que positiva, la relación entre la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, y su equipo de trabajo con la Junta de Control Fiscal (JCF) es una de aliados en busca de la prosperidad y no tanto rivales en lucha por el poder, según se subrayó en la vista judicial de Título III del Gobierno llevada a cabo en Nueva York.

Durante la sesión presidida por la jueza Laura Taylor Swain, los abogados de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la entidad financiera fueron muy insistentes en que entre ambos grupos predomina el respeto y la discusión franca de los asuntos relacionados a la quiebra, sustentada por una deuda que sobrepasa los $70,000 millones.

Esta interacción provechosa supone dar paso a la presentación en o antes del 30 de septiembre de un Plan de Ajuste para la Deuda de la Isla, luego de varios retrasos en el verano.

"Predicciones previas para la entrega del Plan de Ajuste no resultaron como predijimos. Esta vez no propusimos un plan nuevo para agosto porque pensamos que podía acorralar a la nueva Gobernadora. Las reuniones han sido fructíferas. La Junta y la Gobernadora tienen muchas metas comunes y muy pocas diferencias", explicó el licenciado Martin J. Bienenstock, de la firma Proskauer Rose LLP, contratada por la Junta.

El Plan de Ajuste de Deudas es un documento que somete la JCF al Tribunal Federal, en el cual detalla los tipos de acreedores y qué cantidad de dinero se separará para cada una de las deudas. Esto, a su vez, encamina la reestructuración de la deuda del gobierno y sus instrumentalidades, según dispone la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

El abogado aludió a las múltiples y exitosas reuniones celebradas en La Fortaleza entre Vázquez Garced y los directivos de la Junta, Natalie Jaresko y José Carrión III, durante las cuales se abordaron temas como el Plan de Ajuste, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las alternativas a la Ley 29, así como el compromiso de la Gobernadora con hacer cumplir el Plan Fiscal.

"Las comunicaciones entre los asesores de ambos [también] están abiertas, son sinceras y respetuosas en todos los niveles", reiteró Bienenstock.

Esta relación amigable supone, además, distanciarse de la relación entre la JCF y Ricardo Rosselló Nevares, una que se fundamentó en el antagonismo y la disputa por qué entidad prevalecería en las decisiones concernientes a la política pública de la Isla, como el bono de Navidad, la reducción de jornada de empleados públicos, así como los aumentos salariales.

En ocasiones, no obstante, el gobierno de Rosselló Nevares —que en grandes rasgos permanece en el poder, salvo el Primer Ejecutivo— se enfrascaba en discusiones con la entidad financiera sobre quién era responsable por ciertas medidas, aunque fueran propuestas por el mismo gobierno.

En las tres instancias públicas en que Vázquez Garced se ha reunido con la JCF en la Mansión Ejecutiva, son los directivos de la entidad financiera quienes han hecho declaraciones posteriores a la prensa. Consta en récord que al menos Jaresko y Carrión III han salido conformes y complacidos por la apertura de la Mandataria y el ambiente de colaboración.

Entre esas "pocas diferencias" entre la Gobernadora y la JCF se encontraría el tema del recorte a las pensiones, contenido en el mencionado Plan de Ajuste de Deuda. En las pocas apariciones públicas que ha tenido —y por voz de quienes la representan—, Vázquez Garced se ha mostrado a favor de proteger a los pensionados sin elaborar en su postura.

Ayer, la Campaña Construyamos otro Acuerdo, la Federación de Pensionados y Jubilados de Puerto Rico de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y el Frente en Defensa de las Pensiones se manifestaron frente a La Fortaleza ante la "falta de posicionamiento claro" por parte de la Primera Ejecutiva respecto a los recortes a las pensiones propuestos por la Junta Fiscal.

Particularmente, la última versión del Plan de Ajuste de Deudas disponible desde antes de la renuncia de Rosselló Nevares, contenía un recorte de 8.5% a las pensiones mayores de $1,200 mensuales, según acordado entre la JCF y el Comité Oficial de Retirados. Sumado a eso, se crearía un fideicomiso para asegurar los cheques de los pensionados y retomaría los recortes únicamente si el gobierno recauda más de lo proyectado.

Tras su última reunión en La Fortaleza hasta la fecha, Carrión III indicó que el plan propone reducir en 66% la deuda de la Isla, o lo mismo que disminuir una porción de las obligaciones de $35,000 millones a $12,000 millones y subrayó la preocupación de la Primera Ejecutiva con el tema, además de que se trataba de un asunto "antipático". 

"Nuestra preocupación es que desafortunadamente el tema de equidad en la bancarrota y el tema de los pensionados siendo no asegurados, estamos tratando todo lo posible para afectarlos lo menos posible para que esas personas no se afecten. Es difícil", aseguró Carrión III en ese momento.

Ante Swain, el abogado de la JCF añadió como nota positiva que Vázquez Garced se encontraba en Washington D.C. esta semana en diversas reuniones con miembros de la administración federal en busca de fondos para Medicaid y la AEE.

Por su parte, el abogado John Rapisardi, de la firma O'Melveny & Myers y en representación de AAFAF, también aludió la relación excepcional entre el Gobierno y la Junta. 

En su turno al podio, resumió que Vázquez Garced asumió a la gobernación el 7 de agosto, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar el cargo y que carga un trasfondo notable en el servicio público. 

Mientras que es la segunda mujer en gobernar el país, es la primera que no fue electa por el voto mayoritario del pueblo.

En sus reuniones con la JCF, la Gobernadora adoptó un "sentido de realismo, para evitar litigios innecesarios, y la protección de la gente", según Rapisardi.

Luego, el licenciado abundó sobre las nuevas caras en representación del gobierno ante la JCF y en la dirección ejecutiva de AAFAF, en forma de Elí Díaz Atienza y Omar J. Marrero, respectivamente.

"Ella trae sobre 30 años de experiencia, primero como fiscal, luego como procuradora de las mujeres y secretaria del Departamento de Justicia, labores que en muchas ocasiones intervenían con los asuntos que discutimos en esta corte. Mientras, el señor Marrero y el señor Díaz han trabajado y colaborado con la Junta", relató Rapisardi, en representación de AAFAF.

Aunque cuando ocupaba la titularidad de Justicia estuvo muy parca en el asunto de la quiebra, Vázquez Garced suponía al menos tener constancia de las posturas presentadas ante el tribunal federal, ya que entre los deberes de su cargo se encontraba ser la principal representante legal del Gobierno y servir de ente consultor para el entonces Gobernador.

"El 4 de septiembre, tanto Vázquez Garced como Jaresko compartieron una fotografía de una de las reuniones, que da cuenta de la cooperación. Ambos equipos han estado trabajando de manera extensa en relación a los planes y planes fiscales. Esta semana la Gobernadora está en Washington D.C. para restablecer la credibilidad, acelerar los fondos para Medicaid y los fondos de la reconstrucción. Las cosas se están moviendo bien en todos los frentes y estoy complacido de que sean así de positivas", expresó Rapisardi.

Durante la vista también se atendieron reclamos de individuos, además de atenderse mociones que ya estaban en curso.

Mientras que por un lado llovían los halagos a la relación entre la Gobernadora y la Junta, por otra parte, la jueza Swain emitió una advertencia a los participantes de las conversaciones sobre mediación en el Plan de Ajuste para que no compartan información confidencial con la prensa.

La magistrada relató que en los pasados días se percató que "fuentes" habían conversado con periodistas de los portales Reorg Research y The Bond Buyer, pese a que hay una orden judicial que insta a la privacidad para no "minar" la credibilidad de los procedimientos.

"La corte ha dejado meridianamente claro que el trabajo de mediación debe hacerse en privado, lejos del ojo público y de los litigios. El proceso de mediación comenzó de forma voluntaria para dar espacio confidencial a las partes para que trabajaran de forma cándida y eficiente hasta llegar a un plan en conjunto. Yo no quiero leer de los pormenores de estos asuntos en la prensa", exclamó Swain.

La Jueza mostró preocupación con el compromiso de las partes con la confidencialidad, por lo que establecería una nueva orden durante la tarde para reiterar el pedido de privacidad y para insistir sobre las medidas restrictivas a ser tomadas si se incumple con el decreto.


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