Política

El legado en derechos laborales que deja Hernández Colón

Conoce las leyes aprobadas durante su mandato.

Durante su gestión pública, el exgobernador Rafael Hernández Colón impulsó legislación dirigida a otorgar derechos y protecciones a los trabajadores, incluso algunas que la Junta de Control Fiscal (JCF) pretende eliminar.

El exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Lcdo. Ruy Delgado Zayas, quien trabajó siete años con Hernández Colón, dio una mirada al legado del exgobernador en el área laboral y aseguró este priorizaba si las iniciativas eran favorables para la gente y si eran de protección para “el más débil”.

Sostuvo que Hernández Colón promovió grandes medidas de avanzada para su época y alabó sus cualidades como administrador, lo metódico para lograr sus objetivos y su capacidad para escuchar propuestas de sus secretarios y jefes de agencias.

“Para mí, como Gobernador fue un hombre de estado. Muy buen administrador y muy claro en lo que quería hacer. En el área laboral siempre preguntaba si las propuestas protegían al más débil y a los trabajadores”, indicó el abogado laboral.

A continuación algunas de las leyes laborales aprobadas en las administraciones de Rafael Hernández Colón:

  • Reduce la jornada laboral: La Ley 223 aprobada el 23 de julio de 1974, enmendó La Ley de Jornada de Trabajo en Puerto Rico para reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales. El estatuto dispone que la totalidad de horas trabajadas por un empleado durante un día no puede exceder de ocho horas ni la totalidad de horas trabajadas durante la semana exceda de 40 horas.
  • Protección a trabajadores ante despidos injustificados: ¿Recuerdas la propuesta de la JCF y de la administración de Ricardo Rosselló Nevares para derogar la Ley 80 que es la 'Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa'? Este estatuto, también conocido como la 'Ley de Mesada', se aprobó el 30 de mayo de 1976 para proteger a los trabajadores del sector privado ante despidos injustificados. Requiere que los patronos tengan ‘justa causa’ para despedir a una persona asalariada. Aunque el estatuto no aplica a los trabajadores del gobierno, en mayo del pasado año, Fortaleza anunció la presentación del proyecto que derogaría la Ley 80, como ficha de negociación entre el Gobernador y la Junta a cambio de salvaguardar el recorte a las vacaciones y evitar la eliminación del Bono de Navidad que buscaba imponer la Reforma Laboral. Tras una caldeada discusión pública, la medida no fue aprobada debido a la oposición del Senado.
  • La ley que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo: La Ley 17 aprobada el 22 de abril de 1988 para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo. Dicha ley estableció como política pública que el hostigamiento sexual en el empleo es una forma de discrimen por razón de sexo, por lo que “constituye una práctica ilegal e indeseable que atenta contra el principio constitucional establecido de que la dignidad del ser humano es inviolable”.
  • La ley que prohíbe el discrimen por sexo: El 6 de julio de 1985 el entonces gobernador Hernández Colón creó la 'Ley 69 para Garantizar la Igualdad de Derecho al Empleo'. Según la exposición de motivos, la intención de esta ley fue garantizar la igualdad de derecho al empleo tanto del hombre como de la mujer y prohibir las actuaciones de los que promueven el discrimen, fijando responsabilidades e imponiendo penalidades. La medida reconoció el discrimen contra las mujeres aunque representan más de la mitad de la fuerza laboral en Puerto Rico.
  • Establecimiento de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA): Aunque comenzó a operar en el 1978, OSHA se estableció en la isla por la aprobación de la Ley 16 del 5 de agosto de 1975, con el propósito de garantizar condiciones de trabajo seguras y de salud a los trabajadores. Entre las funciones del programa figura poner en vigor las normas, reglas, y reglamentos de seguridad; asistir a patronos y empleados para garantizar condiciones de trabajo seguras y salubres; proveer adiestramiento en el campo de la seguridad y salud ocupacional.
  • La Ley de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG): Aunque no entra en el campo de los derechos laborales, la OEG instruye las normas y los procedimientos que deben regir el comportamiento de los servidores públicos. Hernández Colón anticipó la necesidad de establecer las regiulaciones para marcar los límites y el alcance de las actuaciones de los funcionarios gubernamentales. “Todo el que viene al pueblo está comprometido con una responsabilidad moral y una responsabilidad ética. No se trata solo de respetar la ley y de hacerla respetar. Se trata también de obrar de acuerdo a unas normas y a unos principios que rigen la conducta del buen vivir”, dijo Hernández Colón durante su mensaje de estado ese año, en anticipo a la creación de la OEG.

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