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Primera declaración jurada que establece la posibilidad de delito en el #TelegramGate

Se sometió para incautar teléfonos.

La orden de registro y allanamiento que el Departamento de Justicia (DJ) está usando para obtener los teléfonos de algunos de los participantes del chat de Telegram "WRF" que mantiene al gobernador Ricardo Rosselló al borde de la renuncia o el residenciamiento establece que, por lo menos, los participantes de la conversación pudieron haber violado disposiciones de la Ley de Ética que constituyen delito grave.

Esa determinación, que fue avalada por una jueza ya que estas órdenes no son válidas a menos que un tribunal se convenza de que hay causa probable de que se haya cometido un delito, plantea repercusiones para la crisis que enfrenta Rosselló Nevares.

No obstante, según Raúl "Raulie" Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, este proceso establece una causa probable de comisión de delito convirtiendo así el análisis que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes como uno acádemico y dando paso al Residenciamiento de Rosselló.

Al momento la Cámara de Representantes todavía espera por el análisis del chat por parte de un grupo de juristas para establecer qué delitos se pudieran haber cometido, ya Justicia entiende que pudo haber ocurrido delito, al menos para el propósito de ocupar los teléfonos de algunos de los participantes.

"Si el DJ entiende que hay delitos en el chat, creo que el análisis que realizan en la Legislatura es académico y deben dar paso a un proceso de residenciamiento ya avalado por la maquinaria del Estado", expresó Maldonado Nieves en una publicación en Facebook.

Por otro lado, el acto del Gobernador, y de cualquier otra persona, de borrar el chat de sus teléfonos, como Rosselló Nevares ha dicho en dos ocasiones que hizo, caería en el campo del delito de destrucción de evidencia, lo cual es otro delito que no es que está contenido en el texto del chat sino que se comete después. Sería, también, otro delito a considerar en una evaluación de residenciamiento.

Maldonado Nieves concordó con esa aseveración, exhortando a que se investigara el celular del Gobernador pues siendo el creador es la persona que cuenta con la información del chat completamente.

"La misma persona que lo borró. Si quieren otra causal para residenciamiento: Destrucción de evidencia", denunció Maldonado Nieves.

El proceso de residenciamiento es uno político, por lo que no depende ni está atado a una investigación criminal, pero lo cierto es que para obtener la orden contra los teléfonos se tuvo que producir la primera declaración bajo juramento de un agente investigador del Estado sobre el chat.

La declaración de la agente Edna Cruz Estrada, plantea también:

-Que la investigación de Justicia está activa desde al menos el 15 de julio, el lunes después de que se comenzara a revelar el chat de Telegram y de que el Centro de Periodismo Investigativo divulgara 889 páginas del mismo. La jefa de fiscales, y fiscal federal en destaque, Olga Castellón Miranda, aparece firmando citaciones para la investigación.

-Que los investigadores no han intentado conseguir evidencia del chat a través de la empresa Telegram porque han analizado que diligenciar una orden contra ellos "resultaría en una respuesta negativa".

-Que Justicia considera, oficialmente, que los participantes del chat son 12, incluyendo el Gobernador.

-Que el proceso investigativo que están siguiendo es que a la persona se le pregunta si tiene el chat en su teléfono, entrega el teléfono, un agente verifica si el chat existe o no, y qué mensajes pueda tener, y se le devuelve el teléfono a la persona. "Han comparecido varios de éstos (miembros del chat) y produjeron sus equipos... corroborándose que el contenido del referido 'chat' no está en los mismos por lo que éstos no han podido producir el contenido completo".

-Que, "a través de este 'chat', funcionarios públicos transmitieron información oficial y privilegiada a personas privadas, en posible contravención a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico". La declaración específicamente coloca al cabildero Elías F. Sánchez Sifonte en la lista de los participantes que no son funcionarios públicos, por lo que lo coloca fuera de la órbita de las posibles actuaciones criminales. El periodo del chat que se ha revelado es cuando ya Sánchez Sifonte había salido del gobierno, pero Raúl Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, ha dicho que lo publicado no es la totalidad del chat. Por otro lado, el decir "posible" comisión de delito no es un lenguaje normal en una solicitud de orden de registro, ya que se supone que el agente afirme que tiene "causa probable" para creer que se cometió un delito.

-La jueza que autorizó la orden, Yazdiel A. Ramos Colón, es la misma que en diciembre de 2017 determinó no causa para arresto en el caso que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) llevó contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, precisamente por violaciones a, entre otras, disposiciones de la Ley de Ética. El nivel de prueba que se necesita para autorizar la orden, causa probable, es mayor al nivel de prueba que se necesita para causa para arresto, 'scintila', y en el caso contra Vázquez obraban 14 declaraciones juradas. De hecho, NotiCel publicó el 9 de julio pasado cómo los miembros del chat discutían el minuto a minuto de la vista que presidió Ramos Colón.

Según "Raulie", el allanamiento, es solo una excusa para apoderarse del celular de su padre, que también es exigido en el allanamiento, para ver las discusiones que este sostuvo con la abogada Mayra López Mulero, "y porque como ya saben que borraron el chat, cerrar la investigación rápido porque no encontraron nada, para decir que hicieron algo".

"A los pajaritos de vuelos que siguen instrucciones, les recuerdo que ellos se van y ustedes se quedan. Otro día les cuento sobre el encubrimiento de casos e inicios de investigaciones politico partidistas", informó además Maldonado Nieves.

Por otro lado, Maldonado Nieves denunció que la orden de registro y allanamiento radicada por el Departamento de Justicia fue aprobada por la misma jueza que exoneró a la secretaria del DJ, Wanda Vázquez Garced, en su juicio el pasado noviembre.

Para ver la orden de allanamiento y registro emitida en el #TelegramGate, pulse aquí.

Justicia confirmó hoy la autorización de las órdenes de registro ayer contra los participantes del chat de Telegram que, además del Gobernador y Sánchez Sifonte, incluye al consultor Carlos Bermúdez Urbina; el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés; el publicista Edwin Miranda; el exdirector de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega; el exasesor legal de La Fortaleza, Alfonso Alexander Orona Amilivia; el exsecretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín; el asesor de comunicaciones, Rafael Cerame D'Acosta, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; el exsecretario de Hacienda, Maldonado Gautier; y el director de la Autoridad de Puertos y secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.

"Se confirma que ayer el tribunal autorizó órdenes de registro y hoy se están diligenciando. Por ser una investigación en curso, no se emitirán comentarios adicionales", dijo a NotiCel la portavoz de prensa de Justicia, Mariana Cobián.

Desde el sábado, un experto confirmó a NotiCel que una de las últimas actualizaciones de la aplicación Telegram es conocida como la opción nuclear. Según los desarrolladores de la aplicación, permite a los usuarios eliminar mensajes tanto del final de la conversación como del dispositivo del destinatario, esto sin necesitar la autorización o consentimiento de todas las partes envueltas en la conversación.

La semana pasada, algunos de los participantes de ese chat fueron citados a Justicia para entrevistas pero algunos decidieron no entregar sus teléfonos celulares.

Maldonado Gautier había argumentado la semana pasada a través de su abogada, Mayra López Mulero, que no entregaría su teléfono porque no había orden de registro y porque conlleva una violación al "derecho a la intimidad que cobija a todo ciudadano ante el poder del Estado".

También llamó la atencióin a la "acción intencional" de Rosselló Nevares de borrar el chat. "[S]i el Gobernador y administrador del 'chat' borró el mismo, se genera una reacción en cadena que desaparece la información en los demás dispositivos de los integrantes del grupo. Entiéndase que el dispositivo matriz es el del Gobernador", añade.

Orona Amilivia, compareció el viernes para entregar su celular, luego de solicitar un tiempo, y para testificar sobre su participación en el chat. Más temprano en la semana, Llerandi Cruz salió lloroso de su citación.


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