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Puerto Rico suplica por su Constitución en el Supremo federal (análisis y documento)

Washington, D.C. - El abogado del Estado Libre Asociado (ELA) concluyó su argumentación ante el Tribunal Supremo federal con una frase lapidaria que combinó la súplica con la resignación.

"Por favor", le dijo a los nueves jueces máximos, "no le quiten la Constitución de Puerto Rico a la gente de Puerto Rico". El ELA escogió a un buen litigante que – como mucha gente en la profesión legal -- hizo malabares con lo poco que tenía. No fue Christopher Landau – del bufete Krikland & Ellis -- quien escogió su caso. Lo escogieron a él. Y él hizo su trabajo. Pero le dio trabajo.

Y quizás concluyó de esa manera porque supo leer a su audiencia: jueces del Supremo que – con excepción de Sonia Sotomayor y Stephen Breyer – dejaron entrever, mediante sus preguntas, que la cosa no es tan complicada como los propulsores del ELA dicen. Que el ELA es, después de todo, un territorio. Mondo y lirondo. Y en el mundo federal, los territorios pertenecen a los Estados Unidos, específicamente al Congreso. El Congreso hace con ellos lo que quiera, tal como le recordó – una y otra vez – la abogada del presidente Barack Obama, la representante de la Procuradoría General, Nicole A. Saharsky. Por eso, y así de directo entre punto "A" y punto "B", es que no puede haber soberanía delegada a un territorio para propósitos de doble exposición criminal.

"El Congreso puede, de hecho, revisar el ‘compact' actual que tiene con Puerto Rico. Eso es así porque Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Los territorios pertenecen a Estados Unidos. El Congreso hace las reglas", dijo tranquilamente Saharsky luego de que Breyer le advirtiera crípticamente sobre las implicaciones de sus expresiones.

En un momento, la jueza Sotomayor – la única puertorriqueña que pudo hablar sobre Puerto Rico en la audiencia – sugirió que, tras el 1952, el Congreso renunció a su habilidad de revocar leyes formuladas por los organismos de Puerto Rico. Este fue el intercambio: Sotomayor sostuvo que el Congreso renunció a su derecho a revocar leyes de Puerto Rico luego del 1950. La abogada de Justicia de inmediato le replicó: "no creo que eso sea correcto". Y reiteró una vez más que Puerto Rico es un territorio sobre el cual el Congreso toma decisiones.

Breyer, un exjuez del Primer Circuito de Apelaciones que citó al exjuez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, para mostrar su conocimiento de la Isla, también trató de defender al ELA como un sistema con un grado de soberanía mayor al que poseen otros territorios como las Islas Vírgenes. Pero los otros jueces – la mayoría – no parecían convencidos.

En un momento, el Alto Foro se convirtió en el escenario de una batalla librada entre Breyer y Sotomayor – sentados a la extrema izquierda de quienes miraban a la corte desde abajo – contra los demás jueces. Breyer expresó preocupación de que Estados Unidos le hubiera informado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los años 50 del siglo pasado que Puerto Rico no era una colonia. Si ahora se resuelve que Puerto Rico es un territorio, advirtió Breyer, habría que responderle a la ONU. El juez Antonin Scalia no pareció preocuparse demasiado ante esa conjetura, y hubo un intercambio jocoso entre ambos jueces sobre quién había sido el que le había informado a la ONU que la Isla no era una colonia.

El juez Anthony Kennedy, por su parte, intentó darle nombre a la teoría legal que el hábil, pero ya abatido, Landau ensayó ante el Supremo. "Llamémosle a su teoría soberanía interina", dijo Kennedy, conocido como el juez que muchas veces decide la balanza del foro con sus votos. Sostuvo Kennedy que el término soberanía es escabroso. Scalia, por su parte, sugirió que no veía diferencia alguna entre las legislaturas territoriales y la de Puerto Rico, al parecer poniendo en un mismo plano a la Isla con los territorios "clásicos".

Los bandos están claramente delineados. Sotomayor y Breyer conocen a Puerto Rico bien y parecen estar convencidos de que el ELA "as is", tal como está, tiene rasgos de soberanía que le permiten procesar a acusados separadamente a lo que hagan los federales.

Scalia – aferrado a la letra de la Constitución de los Estados Unidos – no pareció convencerse con lo que dijo el abogado del ELA sobre puntos medios y soberanías intermedias y argumentos que parecen haber sido sacados de una plataforma política del Partido Popular Democrático (PPD). La jueza Ruth Bade Ginsburg, procesalista, parece querer resolver esto como lo hicieron en el Tribunal Supremo de Puerto Rico las juezas Maite Oronoz y Liana Fiol: sin entrar en el meollo constitucional complicado. Y la jueza Elena Kagan reiteró en varias ocasiones que la fuente de poder del soberano emanaba, en última instancia, del Congreso, alineándose así con la representante de la oficina en la que la jueza trabajó antes de ser nombrada al Supremo.

A todas luces, el Supremo federal se dirige a confirmar la decisión del Supremo estatal y resolver que, en términos legales, Puerto Rico es, en efecto, un territorio, y, como tal, no puede procesar a acusados por los mismos delitos que en el foro federal. Y, además, que el poder de Puerto Rico, como territorio, recae única y exclusivamente en el Congreso federal, eliminando así la teoría del PPD, y la teoría legal imperante hasta ahora en Puerto Rico, de que hubo un 'compact', o acuerdo entre Estados Unidos y la isla en el que nuestra tierra adquirió un tipo de soberanía.

Predecir lo que va a hacer el Supremo federal a base de las preguntas que hacen los jueces en vistas orales es siempre algo peligroso. Pero si alguno de los jueces llegó a la vista sentado justo en la verja, la argumentación del Departamento de Justicia federal – en nombre del Ejecutivo estadounidense que encabeza Barack Obama – pareció mostrarles el camino hacia dónde resolver.

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