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Punto final al caso Morales Feliciano

 

Más de dos años después de que la administración del exgobernador Luis Fortuño anunciara su fin, el caso Morales Feliciano, sobre las condiciones carcelarias del país, realmente culminará luego que el gobierno federal llegara a acuerdos sobre cambios al contrato original que se hizo en el 2012 para transar el caso, que tienen que ver con la vigilancia y el número de confinados por celda.

Ambas partes someterán el acuerdo final el 16 de enero, de acuerdo a documentos radicados en el Tribunal Federal.

El secretario de Justicia, César Miranda, en declaraciones a NotiCel dijo que el pleito de clase Morales Feliciano se encuentra en la jurisdicción federal hasta el 31 de diciembre próximo, cuando se expira el término de retención de su jurisdicción. Es por esto que tanto la representación de la clase de los confinados, así como la del gobierno, en estrecha colaboración con el mediador designado por el tribunal, hemos trabajado un acuerdo para poner punto final a la demanda.

"El proceso ahora provee para que el 16 de enero sometamos al juez Paul Barbadoro el acuerdo firmado. Este tipo de pleito de clase tiene que cumplir con una vista preliminar y luego una vista en la que el juez refrende el acuerdo, lo que sucederá próximamente. Se seguirán de forma estricta todos los pasos del proceso. Queremos garantizar que se concrete el mayor beneficio y conveniencia para ambas partes. Respetando los derechos de los confinados, hemos logrado entendidos que finalmente han de poner punto final a este histórico caso que se ha extendido por unos 35 años, con costos millonarios para el pueblo de Puerto Rico", dijo el Secretario.

Fortuño en el 2012 anunció el fin del caso Morales Feliciano por violación de derechos civiles a los confinados debido a las pobres condiciones carcelarias, que por 35 años estuvo arrastrando el gobierno de la Isla y que le costó sobre $250 millones a los contribuyentes.

En aquella ocasión, el Tribunal Federal determinó que el gobierno estaba en cumplimiento total con 19 áreas reclamadas en el pleito tales como servicios de lavandería, visitas, acceso a las cortes, recreación, hacinamiento, libertad bajo palabra, personal correccional, salud ambiental, servicio de alimentos, clasificación, servicios médicos y de salud mental, educación y programas de rehabilitación, disciplina de los confinados, remedios administrativos, uso adecuado de fuerza, celdas de admisiones, monitoria interna de cumplimiento, adiestramientos y seguridad.

En una solicitud radicada recientemente, el Departamento de Justicia pidió que se le eximiera de dos de las estipulaciones que tienen que ver con vigilancia y el número de confinados por celda debido a recortes en el presupuesto y cambios en la ley que le impiden cumplir cabalmente.

Justicia aclaró que esa solicitud se retiró pero que se llegaron a acuerdos sobre cómo mejor llevarlas a cabo que el gobierno federal decidirá si acepta o no y que podrían estar o no en el acuerdo.

Específicamente, el gobierno pidió que se le eximiera de la Estipulación 66 que establece que "Los demandados desplegarán inmediatamente oficiales de custodia dentro de todas las unidades de vivienda en instalaciones del DCR."

La Estipulación 66 creaba una pesada carga para el Departamento de Corrección y Rehabilitación ya que tener oficiales de custodia dentro de todas las unidades de vivienda individuales "crea un compromiso económico imposible de cumplir, sobre todo después del presupuesto anual reducido de la DCR".

El gobierno dijo estar consciente de que una de sus funciones cardinales es velar por la seguridad de los confinados en sus celdas y plantea que la seguridad de los reclusos es una prioridad.

"Sin embargo, hay otros métodos que pueden ser implementados que pueden garantizar la seguridad de reclusos dentro de los módulos de vivienda sin crear una situación en la que los nuevos cambios se tienen que crear a un costo de millones de dólares que no están disponibles para el DCR bajo la actual crisis presupuestaria", dijo el gobierno.

Por otra parte, es un hecho que no hay problema de la violencia sistémica en penitenciarías y, por tanto, "la dotación de personal actual de la seguridad y de las medidas adoptadas por el DCR cumplirán con la norma constitucional mínima".

El gobierno propuso otras alternativas para poder satisfacer la Estipulación 66.

El DCR dijo que se evaluaría la posibilidad de implementar un sistema de vigilancia electrónica de arte que permitirá el monitoreo constante de las actividades dentro de los módulos de vivienda, tales como el Sistema Inteligente Digital Video Vigilancia que opera en la región de Bayamón. Si se aplica, el gobierno dice que habrá personal especializado a cargo del sistema de monitoreo constante que alertará a los funcionarios de prisiones de situaciones que ameritan su atención.

El gobierno también había solicitad que se le eximiera de la Estipulación 85 que prohibe la práctica de "doble bunking" (poner más de dos reclusos en una celda) en áreas de custodia máxima.

Según la solicitud, la Estipulación 85 creaba una pesada carga para el Departamento de Corrección y Rehabilitación debido a que el Código Penal que impiden la participación de ciertos confinados en programas de desvío debido al hecho de que ciertos delitos, como los relacionados con las armas de fuego, están excluidos de los programas de desviación o de la libertad condicional.

Las enmiendas al Código Penal, las cuales bajan algunas penas, esperan desde el 8 de diciembre por la firma del gobernador, supo NotiCel.

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