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Rechazo a medias a ordenanza de alquileres a corto plazo en San Juan

Durante el primer día de vistas públicas.

El primer día de vistas públicas sobre la ordenanza que busca regular los alquileres a corto plazo en el Viejo San Juan se caracterizó por el rechazo parcial a la medida por parte de los deponentes ante la Legislatura Municipal de San Juan y una sala de audiencias llena a capacidad.

La respuesta fragmentada, en gran medida, se debió a la percepción de que el Proyecto de Ordenanza 13, presentado por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, carece de precisión y podría empeorar el problema, en vez de arreglarlo.

De ser aprobado, el proyecto de ordenanza decretaría una moratoria de un año en el otorgamiento de permisos para el arrendamiento a corto plazo —o sea, por un período menor de 90 días— de residencias en el Viejo San Juan, ya sea en su uso parcial o total.

Los participantes del primer día, cuya lista se extendió a unas 20 personas, fueron encabezadas por la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan (AVISAJ), la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Cámara de Comercio y Exportación, y residentes de la ciudad amurallada que decidieron exponer de manera individual.

De parte de AVISAJ, la residente Laura Candelas cuestionó la falta de seguimiento tras cumplirse el plazo de la moratoria propuesta de 90 días. Igualmente, subrayó que el texto no detalla si en ese período la Legislatura Municipal desarrollaría reglamentación para proteger el carácter residencial del Viejo San Juan, uno que defendió a lo largo de su ponencia.

“Se busca convertir la ciudad en un centro comercial, un parque temático, de tiendas de souvenirs hechos en China y de cremas milagrosas que venden los israelitas. La vida de la ciudad se la da la gente. La gente que la vive, que la habita diariamente, que conoce a los vecinos, al cartero, al que vende las flores”, exclamó Candelas, lo que desató el aplauso del público.

A esto añadió preguntas sobre el proceso de fiscalización y de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza, el procedimiento a seguirse por los vecinos para presentar una querella y los problemas jurisdiccionales que podrían surgir en caso de que surja legislación estatal sobre el asunto.

Los arrendamientos a corto plazo se han popularizado a través de plataformas como Airbnb, Home Away y Join a Join, por mencionar algunos. La ordenanza en cuestión fue presentada con el propósito de evitar el desplazamiento, la gentrificación y promover la residencia permanente en sus predios, contrario a los ofrecimientos de estos portales.

El doctor Miguel Maldonado, por ejemplo, se mostró a favor de la porción de la ordenanza que busca preservar la apariencia histórica de la ciudad. Igual, concuerda con la noción de regular la práctica. 

No obstante, advirtió que la regulación excesiva podría perjudicar los ingresos que generan los dueños de estas propiedades registradas como arrendamientos a corto plazo, como es el caso de él y su esposa, la doctora Lourdes Suárez. Ambos son anfitriones en la plataforma Airbnb y, destacaron, son empleadores y propulsores de nuevos clientes para los negocios locales.

Mientras, el empresario Rafael Oller —quien opera un hotel en el casco urbano de San Juan— se opuso a la medida tal cual “porque no resuelve el problema porque ningún Airbnb pide permiso de uso. No necesitamos reglamentación nueva, necesitamos que se fiscalice”.

A su juicio, el enfoque debe estar en prevenir la proliferación de hoteles clandestinos.

Por otro lado, Annette Franke relató que como residente de San Juan por los pasados 15 años, ha notado mayores dificultades para quienes buscan vivir en la ciudad, particularmente por la llegada de inversionistas que encarecen los costos de las rentas a largo plazo.

“Esto tiene algunos efectos positivos, ellos remodelan los edificios y crean trabajos, por ejemplo, pero lamentablemente ellos no alquilan sus propiedades remodeladas a largo plazo a precio asequible. Ellos convierten estos edificios en hoteles, en Airbnb, o en alquileres a largo plazo ‘high-end’ causando que la gente local, la cual en realidad quiere ser parte de nuestra comunidad, no pueda vivir aquí”, reclamó Franke, quien es planificadora urbana y corredora de bienes raíces. 

“Una moratoria para un año quizás no sea la mejor manera de regular al Airbnb, pero seguramente he empezado una discusión muy necesitada sobre la necesidades de la comunidad del Viejo San Juan”, añadió.

Antes de comenzar su turno de preguntas, el presidente de la Legislatura Municipal, Marco Rigau Jiménez, constató que “nuestro interés es reglamentar. ¿Ustedes están conscientes de todas las ciudades en el mundo que han reglamentado esto? Casi todas”.

Otras sugerencias por parte de los deponentes fueron restringir a una o dos la cantidad de propiedades que un dueño único pueda poner en el mercado para la renta a corto plazo y modificar las disposiciones de la ordenanza.

Turismo y Comercio dicen no

Turismo y la Cámara de Comercio, por su parte, expresaron su rechazo rotundo a la medida, por entender que perjudicaría la actividad económica y el flujo de visitantes de la ciudad amurallada, siendo los comerciantes del área los más afectados.

De acuerdo a los números compartidos por la licenciada Janice Ramírez Vélez —en representación de la directora interina de Turismo, Carla Campos Vidal—, el Estado ha recaudado $4,553,290 en el año fiscal en curso por concepto de canon por ocupación de habitación a corto plazo.

El año pasado, se recaudaron más de $3 millones a esos efectos.

Sumado a eso, el Municipio de San Juan tiene registradas 963 habitaciones para propósitos de alojamiento a corto plazo, esparcidas en más de 300 propiedades. Esto significa que, en promedio, hay tres habitaciones disponibles por propiedad.

“El alojamiento a corto plazo es una alternativa real con un alto potencial de continuar desarrollándose. El fácil acceso a la información que hoy día se tiene sirve de transporte para aquellas personas que interesan conocer otras culturas pero que a la misma vez buscan experiencias diversas. Precisamente, esa diversidad la ofrece nuestra Isla”, apuntó Ramírez Vélez.

Turismo aludió a la existencia de “elementos vecinales” que debían cumplirse, como en los condominios y estructuras cuyas escrituras matrices restringen el arrendamiento a corto plazo. 

Sin embargo, hizo hincapié en que el Municipio de San Juan no debe cerrarse a la oportunidad de crecimiento y desarrollo económico que provee el alquiler de este tipo.

La Cámara de Comercio, entretanto, aludió al deterioro palpable en las estructuras del Viejo San Juan, situación empeorada por el paso de los huracanes Irma y María.

Por voz de su presidenta, Alicia Lamboy Mombille, recordó que distintos partes de prensa constataban la preocupación por la falta de energía eléctrica en la isleta tras los fenómenos atmosféricos, su semejanza en ese entonces a una ciudad fantasma y las pérdidas económicas de los comerciantes, quienes comienzan a recuperarse ocho meses después.

Por tanto, afirmó que una moratoria como la que propone la ordenanza no cambiaría el entorno del casco urbano, sino que reduciría la cantidad de personas que auspician los comercios.

Las vistas públicas continúan mañana, sábado, a las diez de la mañana. De acuerdo a la lista, se esperan alrededor de 13 personas como deponentes.


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