Medular presión política de la diáspora

A cerca de cuatro meses del paso del huracán María, el Congreso no ha desembolsado un solo centavo para ayudar a Puerto Rico.

Particularmente, el prestamo de emergencia aprobado en octubre por cera de $4,700 millones aún no ha sido desembolsado a la isla. Y es que desde el pasado 9 de enero, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en Ingles) informó en una carta enviada al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela Franco, que no desembolsará estos fondos hasta que el gobierno de Puerto Rico establezca una política de balance de efectivo.

De acuerdo con la comunicación, el gobierno local tiene luego del huracán más de $1,500 millones en efectivo y otros $6,000 millones de efectivo en cuentas por lo que exigen que se establezca esta política para determinar cuándo FEMA emitirá los reembolsos que tendrán que ser aprobados por la Junta de Control Fiscal (JCF).

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A esto se suma que Puerto Rico tiene hasta abril para conseguir asignaciones de fondos federales adicionales en el área de salud para poder continuar operando el plan de salud público. Además, el gobierno tiene la urgencia de que el Congreso y el gobierno federal aprueben asignaciones de fondos y medidas de desastres que puedan beneficiar a Puerto Rico tras la precaria situación económica y fiscal que dejó el huracán María.

En declaraciones escritas, Portela expresó que desde el pasado mes de octubre, la AAFAF ha estado en negociaciones con el Gobierno federal para conseguir que los fondos asignados por el Congreso, bajo el Programa de Prestamos a Comunidades Afectadas por desastres (CDL, por las siglas del programa en ingles) se desembolsen lo antes posible.

‘No es cierto que el Tesoro Federal haya solicitado la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal en el manejo de los fondos de CDL. Las negociaciones siguen encaminadas para establecer los terminos y condiciones para que se active el acceso a los prestamos federales’, sentenció Portela Franco.

El jefe de AAFAF señaló, que este retraso ha provocado que el Gobierno de Puerto Rico iniciara trámites para permitirle al Gobierno central prestarle fondos estatales a la Autoridad de Energía Electrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

‘Según previamente publicado, estas corporaciones públicas enfrentan problemas severos de liquidez que amenazan los servicios esenciales al Pueblo de Puerto Rico al interrumpir sus operaciones si no se toma acción inmediata’, advirtió.

Reacciona Rosselló

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo en la tarde del miercoles, que la determinación de FEMA denota que en Puerto Rico ‘hay liquidez’.

‘En primer lugar, el Gobierno de Puerto Rico y el Tesoro hemos llegado a un acuerdo. El acuerdo es para que cuando bajen los recaudos aquí, bajen los recursos en Puerto Rico, es que empiezan a llegar los prestamos. ¿Que quiere decir esto? Que, al momento, todavía tenemos recursos que se van a estar agotando, pero que ellos van a querer transferir esos prestamos una vez ocurra eso. Y lo segundo, la percepción errónea de que le dio una responsabilidad adicional a la Junta de Control Fiscal. Todo lo contrario. Bajo el proyecto de PROMESA, todos estos procesos de prestamos, etcetera, tienen que ir ligados con la Junta de Control Fiscal’, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

‘Así que, es un proceso que hemos estado colaborando que, de hecho, denota que hay capital’, añadió.

En Washington tambien se discuten otros proyectos para subvencionar parte de los daños por desastres en Texas, Florida, Islas Vírgenes y Puerto Rico, pero los mismos no han sido aprobados.

Precisamente, esta semana la comisionada residente en Washington, Jennifer González urgió atención a las agencias federales para reconstruir la isla y abogó para que el Congreso apruebe las enmiendas a la Ley Stafford que ella impulsa para que se utilicen los fondos federales, no para reparar sino para reconstrucción y fortalecimiento.

González Colón señaló que a ‘cuatro meses de la destrucción más grande que han experimentado los 3.5 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico, muchos se preguntan dónde está el sentido de urgencia que evidentemente sería distinto de ser estado’.

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‘La presión mediática estadounidense sobre el caso de Puerto Rico no tiene precedentes. Sin embargo, eso no se ha traducido en medida concreta alguna que beneficie a la Isla. Al contrario, a semanas de la devastación, ambas cámaras congresionales aprobaron medidas impositivas para ciertas corporaciones estadounidenses que operan en territorios extranjeros (CFC o ‘Controlled Foreign Corporations’, en ingles), sin excluir a Puerto Rico’, planteó en un informe el economista Jose Caraballo Cueto.

En el presupuesto federal aprobado el pasado año se asignó el dinero que faltaba para completar hasta abril. Despues de abril se acaba ese dinero. El problema es que es este dinero no es una solución permanente’, dijo por su parte María Fernanda Levis de Imperativo Consulting en relación al problema latente en fondos federales para costear el plan de salud del gobierno.

De acuerdo con Levis, para poder presionar a los miembros del Congreso, el comite de finanzas y a las agencias federales es necesario que los miles de puertorriqueños que residen en los Estados Unidos asuman un rol protagónico y ejerzan presión para lograr medidas que beneficien a la Isla.

La cerrada contienda electoral en las elecciones de 2016 y el aumento de puertorriqueños que residen en E.E.U.U. confirman que nuestra diáspora tiene un poder político abismal dijo Levis.

En las pasadas elecciones, el Partido Republicano ganó Wisconsin con aproximadamente un por ciento; Michigan por 11 0 12 votos y Pennsylvania por por cerca 105 mil votos. Actualmente, 43 mil puertorriqueños residen en Wisconsin; 47 mil en Michigan y más de 444 mil en Pennsylvania.

Insistió que considerando la cantidad de puertorriqueños que actualmente residen en estaos estados, por lo que la diáspora puede hacer una diferencia y tienen poder político para cambiar incluso políticas públicas que puedan afectar a los boricuas en la Isla; sin incluir estados como Nueva York y La Florida considerados las primeras opciones de los boricuas para establecerse en ese país.

Actualmente, cerca de 1,400 millones de puertorriqueños viven en Estados Unidos. Un estudio realizado por Imperativo Consulting proyecta que de continuar la tendencia, podría significar que para el 2020, más de 470 mil boricuas hayan abandonado el país, lo que significaría alrededor de un 14 por ciento de la población actual.