De no funcionar, considerarían aumentos mayores.

Por los próximos cinco años, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) –emulando al Gobierno– tendrá una necesidad económica millonaria que buscará atajar, en su caso, mediante la ejecución de medidas severas como un aumento a la tarifa de los clientes, mayor rigurosidad a la hora de cobrar y la imposición de penalidades monetarias ante impagos, además de una reestructuración de su deuda.

Los cambios se suscitaron a raíz de los daños estructurales, interrupciones de servicio y merma en consumo que dejó el paso del huracán María y que, posteriormente, provocó el pedido de un plan fiscal revisado a la corporación pública por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF).

El documento, sometido ayer en la noche al ente federal, estima una necesidad de $854 millones de cara al 2022. Esta cifra, según el documento, podría atribuirse en gran medida a la deficiencia de recaudos durante este período venidero, valorado en $833 millones.

Dicho de otro modo, y al igual que el Gobierno, la AAA no contará con un presupuesto balanceado, lo que en esencia perjudicaría sus probabilidades de ser aprobado de forma íntegra por el ente federal a cargo de las finanzas del país. De acuerdo al documento, la agencia confía en que $337 millones de los ingresos provendrán del aumento a la tarifa de 1,229,365 abonados, no obstante, ese monto es menor a los proyectados en el plan fiscal certificado del 25 de agosto de 2017.

La presentación no detalla en cuánto consistiría el incremento, sin embargo, plantea el riesgo de que no se concrete por falta de ‘voluntad política’.

Como estrategia de mitigación entonces, la AAA propone que el encarecimiento del servicio sea directamente ligado al Master Agreement of Trust de la Comisión de Valores de los Estados Unidos y a penalidades de incumplimiento con decretos ambientales. Igual, apunta a que si el aumento es moderado, verá menor oposición.

De la misma manera, la corporación impondrá un cargo más alto al darse de baja del servicio, revisará sus políticas de uso, anunciará un cargo por el envío de la tarifa electrónica, que a su vez es un ahorro en papel, e incorporará un nuevo sistema de servicio al cliente, todas como iniciativas para allegar fondos.

Contrario al Plan Fiscal del Gobierno, este no toma en consideración la Reforma Contributiva de Estados Unidos y sus implicaciones para Puerto Rico, pero sí dispone de fondos para el pago de la deuda.

Los ejecutivos de la AAA planifican reunirse con los acreedores para modificar el deficit anual de la deuda de la agencia, ya que estiman que solo tendrán $55 millones disponibles cada año para destinar a esos pagos. Unidos a los fondos federales, contarían con $153 millones.

La AAA tambien sopesó la posibilidad de fracaso de estos proyectos por no redundar en los resultados esperados. En ese caso, considerarían otro aumento a la factura de cobro a los clientes, cambios en la reestructuración de su deuda, mayor rigurosidad en la recaudación, así como más penalidades.

Si nada de eso funciona, revaluarían el plan fiscal.

En cuanto a gastos, el texto esboza que dos terceras partes del presupuesto sean destinados al pago de energía electrica y la nómina.

Luego del fenómeno atmosferico, la corporación sufrió una baja de 100 personas, lo cual fijó el total en 4,900 empleados.

Pese a las proyecciones de migración para los años venideros, la AAA espera sostener ese número de nómina hasta, al menos, el año fiscal 2022.

Igualmente, el plan fiscal no contempla incurrir en gastos para los proyectos en el libro Build Back Better, a traves del cual el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le solicitó $94 billones al Congreso de los Estados Unidos para reparaciones en la infraestructura. Ese dinero no ha sido aprobado por el cuerpo legislativo.

En ese aspecto, el plan es explícito en que, si no hay fondos federales que cubran la totalidad de esas cuotas, la AAA no podría pagarlos. Entre los arreglos se encuentran mejoras a las represas y eliminación de desbordes y el manejo de aguas usadas.

Como ejemplo, añaden que si la corporación parea los fondos en un 10%, su brecha presupuestaria incrementaría en $212 millones, cantidad no contemplada en el documento.

En el plano inmediato, la AAA estima que los ingresos estimados entre enero y junio de 2018 se verán influenciados por el proceso dilatado de facturación y la reducción en el consumo por las interrupciones tras los fenómenos atmosfericos, entre otros factores.