Organizaciones enfocadas en la defensa de las comunidades del país alertaron que el nuevo programa del Departamento de la Vivienda, que promueve la reconstrucción de propiedades afectadas por los huracanes Irma y María, continuaría sin ayudar a quienes más lo necesitan, a toda vez que una de las compañías envueltas está ligada al cabildero Elías Sánchez Sifonte.

El pasado 31 de julio, el secretario de Vivienda Fernando Gil Enseñat anunció el inicio del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) para viviendas afectadas por los fenómenos atmosfericos de septiembre de 2017. El aviso llegó en medio de la incertidumbre sobre quien sustituiría a Ricardo Rosselló Nevares en el máximo cargo Ejecutivo de la Isla, si el licenciado Pedro Pierluisi Urrutia o la licenciada Wanda Vázquez Garced, ya que su renuncia entraría en vigor el 2 de agosto.

El programa R3 se sustentaría de fondos provenientes del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR), cuya totalidad asignada a la Isla no se ha desembolsado. Aunque se desconoce cuánto duraría el programa, durante los primeros 90 días de activación, la agencia daría prioridad a solicitantes de grupos 'vulnerables', como personas aún con toldos azules en sus techos.

No obstante, portavoces de las organizaciones Ayuda Legal Puerto Rico, Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO), Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y Taller Salud advirtieron que las guías en las que se sustenta la iniciativa y los requisitos de elegibilidad excluirán a las mismas personas a las que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles) les denegó ayuda previamente porque carecían de título de propiedad y sus hogares se encontraban en zonas inundables.

De acuerdo a la licenciada Ariadna Godreau Albert, la asistencia de FEMA fue denegada a 62% de los solicitantes porque no tenían títulos de propiedad, aunque el Estado mismo confesó que un 50% de los residentes en la Isla carecían de esa documentación. Para cualificar para R3, se requeriría este tipo de información, requisitos impuestos por el Departamento sin participación ciudadana.

La licenciada esbozó que se han aprobado $9,700 millones en fondos CDBG-DR. De esos, no se ha firmado el acuerdo de unos $8,200 millones, lo que significa que la cartera disponible es de $1,500 millones. 'Cuando estamos hablando del programa R3, estamos hablando de esos 1.5 mil millones. Sin embargo, aún cuando ya llegaron los 1.5 mil millones, no hemos visto ni un peso en las comunidades', exclamó Godreau Albert. Para el programa R3, se han asignado $825 millones.

'Nosotras queremos levantar la preocupación de que estas nuevas guías nos están llevando a volver a discriminar sobre las personas que fueron discriminadas por FEMA. Los requisitos aquí van a volver a dejar a las personas desprovistas. En Loíza, son más de 28,000 personas y de esas, 47.6 por ciento viven bajo el nivel de pobreza, por lo que volverían a quedar excluidos y desplazados', explicó, por su parte, Jenifer De Jesús, de Taller Salud, quien añadió que la población más vulnerable son las mujeres, ya que componen el 56% y en su mayoría se trata de madres solteras, jefas de familia.

De acuerdo a las portavoces, y basado en la información que han recopilado, la preocupación predominante con R3 --incluso entre alcaldes y alcaldesas-- es que sea una continuación de Tu hogar renace, medida de Vivienda y promovida por la entonces Primera Dama, Beatriz Rosselló.

Según la licenciada Nicole Díaz González, el programa R3 se llevará a cabo con cuatro compañías extranjeras escogidas por Vivienda, dos de ellas con lazos a Tu hogar renace: AECOM Technical Services, Alliance for the Recovery of Puerto Rico, ICF Inc e Innovative Emergency Management.

AECOM, particularmente, es clienta del cabildero Sánchez Sifonte, quien acudió a la oficina del secretario Gil Enseñat para cuestionar por que no se le contrató para trabajos de recuperación de Tu Hogar Renace, según afirmó este último al Centro de Periodismo Investigativo. La subasta, impugnada por la empresa, fue adjudicada a Adjusters International.

'A AECOM no se le dio ese contrato, sin embargo, sí se le dio contrato en R3. No es solamente la figura de Elías Sánchez, pues la Junta de Directores de AECOM está compuesta por personas interesadas en el sector de bienes raíces', puntualizó Díaz González.

De las demás elegidas, Díaz González señaló que algunas participaron en la recuperación de Louisiana tras el paso del huracán Katrina y los clientes 'tienen pocas cosas buenas que decir'.

Díaz González añadió que el Departamento no ha detallado sobre el termino para contestarle la solicitud a los participantes, el tiempo determinado para inspeccionar la vivienda o para entregar la ayuda. Incluso, se desconoce si estas empresas, que ya tienen centros en distintas partes de la Isla, han iniciado sus operaciones.

Los centros de operación y servicio de las empresas están ubicados en Aguadilla, Ponce, Bayamón y Carolina. Los centros 'satelite' de programas R3, por su parte, se encuentran en Arecibo, Orocovis, Humacao y Guayama, ubicaciones que son inaccesibles para gran parte de las personas que podrían ser elegibles.

'Todos los días salen personas a traves de los medios de comunicación donde se refleja la condición tan precaria en que se encuentran, los ancianos en condiciones infrahumanas, entonces decimos que existen lugares en regiones en específico para solicitar ayuda nuevamente, cuando es Vivienda que tiene que ser un facilitador', subrayó Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loíza.

La promesa de Vivienda mediante R3 es que 'proveerá viviendas dignas y seguras a familias que resultaron afectadas por los huracanes y ofrecerá apoyo en el proceso de revitalización de las comunidades'. Sin embargo, una de las alternativas presentadas por el Departamento es relocalizar a las familias a quienes se les prohiba reconstruir su vivienda o se le obstaculice una reparación mayor, ya sea porque vive en una zona inundable o porque carece del título de propidad.

Es por eso que, como parte de las exigencias de los portavoces, se encuentra que el gobierno no realice desplazamientos forzosos y que el Plan de Acción y las guías de implementación del programa R3 incluyan una política pública de minimización de desplazamientos y que la relocalización sea la última alternativa. Además, exigen que se garantice la participación real y efectiva de las comunidades en estas iniciativas.

'Es una vergüenza que a dos años todavía estemos con miles de casas con toldos. En plena temporada de huracanes, el gobierno insiste en tocar el único dinero que hay disponible para las casas e imponerle restricciones que terminarán excluyendonos. Es decirle a quienes no tienen recursos que no hay otra opción que irse. Todas y cada una de las familias tienen derecho a una recuperación justa y a quedarse en las comunidades donde viven', exclamó Roberto Thomas, coordinador de IDEBAJO.

Los grupos tambien se oponen a que un zar federal se encargue de la recuperación y solicitaron una reunión a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para discutir estos asuntos.