El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente le otorgó un término de 45 días para realizar su evaluación y hacer una recomendación al cuerpo.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) encomendó a la exjueza Crisanta González realizar una investigación preliminar para determinar si existe prueba suficiente para designar un fiscal investigador que investigue las alegaciones contenidas en el informe preliminar que refirió al cuerpo la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Según una fuente de NotiCel González tiene un término de 45 días para presentar su informe con recomendaciones al PFEI.

La Comisión de Salud refirió a cinco funcionarios o exfuncionarios públicos a las autoridades por su intervención en la fallida compra de pruebas rápidas para detectar COVID-19, que el Departamento de Salud intentó adquirir de la empresa Apex General Contractors por $38 millones.

Por tratarse de un informe parcial, la Ley del PFEI faculta al cuerpo a ordenar una investigación preliminar que evalúe los hechos y recopile evidencia que permita la eventual presentación de cargos. La fiscal investigadora también puede concluir que no existe evidencia de comisión de delito.

El pasado 7 de mayo, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, presentó un informe preliminar que incluyó referidos al PFEI, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina del Contralor y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Según el informe, Concepción Quiñones de Longo, ex secretaria interina del Departamento de Salud; José Burgos Vega, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; Diana Meléndez Díaz, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas de Salud; Adil Rosa Rivera, ex secretaria auxiliar de Administración de Salud y Mariel Rivera Rivera, analista de compras de Salud, cometieron posibles violaciones éticas, administrativas o legales.