El director ejecutivo de la agencia Joel A. Pizá Batiz, aseguró que el acuerdo colaborativo entre Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals no es el responsable de que controlen el 80% de la carga internacional en la Isla.

La Autoridad de Puertos reiteró ayer su defensa del acuerdo que dio a dos empresas el control casi absoluto del muelle de Puerto Nuevo, y su director ejecutivo, Joel A. Pizá Batiz, aseguró que el acuerdo colaborativo entre Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals (PRT) no es el responsable de que estas controlen el 80% de la carga internacional en la Isla

“Es importante resaltar que, de terminar el referido contrato, las compañías mantendrán sus respectivas carteras de clientes, por lo que, terminar el acuerdo colaborativo no tiene el efecto de mejorar la competitividad en las puertos”, declaró en audiencias públicas que celebró la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes.

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Agregó el funcionario que “aquí el problema es la huelga, no el acuerdo” y señaló que es preocupante que se desarrolle una cultura de paralizar los puertos y la entrada de mercancía a través de la zona portuaria.

Informó que la Autoridad está tomando medidas para enfrentar posibles situaciones similares a la que vivió Puerto Rico por un paro laboral en dichos muelles y señaló que con el interés de mejorar la competitividad, en el 2020 la agencia recuperó tres muelles y 19 cuerdas de terreno de frente portuario en los muelles M, N y O en la zona de Puerto Nuevo, “desde donde se conduce una significativa operación marítima de descarga de automóviles o car carriers”.

No obstante, añadió “bajo el interés apremiante de fomentar la actividad y competitividad económica en dichos predios y mitigar las interrupciones en el flujo de la carga, particularmente ante una emergencia, recientemente la Autoridad publicó un Requerimiento de lnterés (RFI), con miras a conocer la deseabilidad y apetito comercial para el desarrollo de una operación de estiba de contenedores con grúa en los referidos muelles”.

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Informó además que la Junta de Directores de la agencia le autorizó auscultar, en conjunto con la Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas, la posibilidad de comisionar un estudio detallado de Deseabilidad y Conveniencia para la adición de mas industria de estiba de grua en dichos predios.

Al presente, informó, la empresa Ayala Colón ocupa 102 cuerdas de los muelles de San Juan, la Puerto Rico Terminal controla otras 32.5 cuerdas y la Autoridad tiene solo 19 cuerdas en el área.

Otro que defendió el acuerdo en estas audiencias fue el ex director ejecutivo de Puertos, Anthony O. Maceira Zayas, que sostuvo que el mismo busca aprovechar de manera más eficiente los activos existentes.

Por otra parte el Departamento de Justicia indicó que sigue con su pesquisa sobre este acuerdo y está en la etapa de determinar si al mismo aplican unas excepciones al «Shipping Act», que es cuando la transacción en cuestión constituye una adquisición.

“Bajo esta sección, las fusiones y adquisiciones estarían fuera de la jurisdicción de la Federal Maritime Commission y no gozarían de inmunidad ante las leyes antimonopolísticas. Bajo esta premisa, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de su Secretario, Hon. Domingo Emanuelli Hernández, ha ordenado reevaluar y continuar con prioridad la investigación en todos sus ángulos posibles, sin descartar una posible intervención”, dijo Guarionex Díaz Martínez, secretario Auxiliar en la Oficina de Asuntos Monopolísticos.

Explicó que de determinarse que el Departamento de Justicia posee jurisdicción y está facultada para intervenir, “el Departamento, responsablemente, debe auscultar la legalidad o ilegalidad de la transacción. Hay que recalcar que no toda fusión es ilegal, sino aquellas cuyo efecto pueda ser el de reducir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio”.

Informó finalmente que, para realizar el análisis económico pertinente, el 30 de agosto de 2021 el Departamento contrató al profesor y perito economista, Jose I. Alameda. “El doctor Alameda, junto a la Oficina de Asuntos Monopolísticos, se encuentra anallizando toda la información disponible para preparar su informe pericial”, señaló.