El grupo integrado por el director ejecutivo de AAFAF, Omar Marrero, el secretario de Hacienda, Francisco Parés y el director ejecutivo de la OGP, Juan C. Blanco, sometieron algunas enmiendas.

Los principales componentes del equipo fiscal de la Rama Ejecutiva endosaron ayer el proyecto radicado ante la Asamblea Legislativa para atender el proceso de reestructuraciٔón de la deuda de Puerto Rico y salir de la situación de quiebra en que ha estado el país por los pasados años.

El grupo, integrado por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar J. Marrero, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan C. Blanco Urrutia, sometió sin embargo un paquete de enmiendas para asegurar que el proyecto refleje los acuerdos que sostienen el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

“Sin duda, esta es una de las medidas legislativas de mayor envergadura e importancia para Puerto Rico que se ha discutido en la Asamblea Legislativa en la última década. Se trata de un proyecto que dará paso a cerrar uno de los capítulos más difíciles de la historia de Puerto Rico: el proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico bajo el Titulo III de la Ley Promesa”, indicó Marrero, que actuó como portavoz del grupo y que presentó la posición escrita del Ejecutivo.

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Destacó que si se aprueba el PAD actual se reducirá la deuda pública del gobierno central de $33,000 millones a aproximadamente $7,400 millones y que además el pago anual del gobierno central se reducirá de hasta $4,200 millones al año, a $1,150 millones al año, incluyendo a COFINA.

“Previo a PROMESA el servicio a la deuda de Puerto Rico representaba el 25% de sus recaudos. Con la aprobación del PAD el servicio a la deuda representará aproximadamente un.7.2% de los recaudos del gobierno central”, agregó.

El grupo resaltá además que “indudablemente” la aprobación del PAD representa la salida del proceso del Titulo III y comienza el proceso para que desaparezca la Junta de Supervisión Fiscal y culmine su control sobre los temas económicos y presupuestarios del gobierno.

Explicaron que la implementación del Plan conlleva la emisión de alrededor de $7,400 millones en nuevos bonos de obligación general e instrumentos de contingencia (IVC) en intercambio por los bonos existentes.

“Esta nueva emisión de bonos se tiene que autorizar por ley para cumplir con lo dispuesto por la Constitución de Puerto Rico”, puntualizaron.

Advirtieron de la misma forma que la Sección 314 de PROMESA establece que una de las condiciones para que el Tribunal de Titulo III apruebe el PAD es que se haya obtenido cualquier aprobación que sea necesaria bajo las leyes de Puerto Rico para implementar cualquier acuerdo establecido en el Plan.

“Este proyecto autoriza la emisión de los nuevos bonos de obligación general e IVCs para implementar el PAD acordado con los acreedores”, reconocieron.

Una objeción a la medida que compartieron con los legisladores presentes en la vista pública donde se comenzó a evaluar este proyecto, presentado por el presidente de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández y varios representantes del Partido Popular Democrático (PPD), es que contiene el posible recorte de las pensiones a un grupo de pensionados.

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“Debemos reconocer que la Junta ha aceptado que el PAD incluirá un recorte a las pensiones para aquellos pensionados que reciban más de $2,000. Ese recorte es de hasta 8.5%. La Política Pública de la Rama Ejecutiva es que el PAD no debe incluir recorte alguno a las pensiones ya que son legal y financieramente innecesarios”, sostiene la ponencia del Ejecutivo.

Estimaron que tal recorte a las pensiones sobre $2,000 representa solo $40 millones anuales por los próximos 30 años y lo calificaron como uno que representa un ahorro ínfimo en comparación con todos los gastos del gobierno.

El componente del equipo fiscal reconoció, sin embargo que el proyecto incluye un mecanismo para restituir el recorte a las pensiones si es aprobado por el Tribunal del Titulo III y contiene el propósito expreso de establecer la flexibilidad que busca el gobierno para llevar a cabo las medidas necesarias para restaurar el recorte innecesario a las pensiones.

Este fue el tema que dominó las preguntas y comentarios de los legisladores y se planteó repetidamente la posibilidad de eliminar del proyecto toda referencia a un posible recorte en las pensiones.

Entre las enmiendas sometidas por el Ejecutivo estén las de clarificar que el origen de los fondos que se utilizarán para pagar los bonos y otras obligaciones que se emitirán, y también para aclarar que los IVCs estarán en todo momentos totalmente exentos de todo tipo de contribuciones.

Otra de las enmiendas aclara que la cantidad de $7,400 millones en bonos que se emitirán es la cantidad principal inicial ya que el principal total de esos bonos puede varias a través a través del término de estos.