El grupo de acción política que hizo campaña contra los opositores del gobernador en la primaria y las elecciones generales, se declaró culpable de un esquema ilegal para financiar su operación.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia rechazó que su campaña haya coordinado actividades con el grupo de acción política Salvemos a Puerto Rico.

De esta manera, el primer ejecutivo se distanció de la querella criminal presentada hoy por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que describe un esquema ilegal, para financiar al grupo de acción política (conocidos como PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc., (SAPR), que hizo campaña en contra de los contrincantes de Pierluisi Urrutia tanto en la primaria contra Wanda Vázquez Garced, como en las elecciones generales de 2020.

“En el día de hoy ha trascendido violaciones de ley por parte del comité de acción política (PAC), Salvemos a Puerto Rico, y su presidente. Ante esta información, debo reiterar que en cumplimiento con la ley mi comité de campaña no coordinó sus actividades con las de PAC alguno, incluyendo Salvemos a Puerto Rico», expresó Pierluisi en declaraciones escritas.

«El manejo de los comités de mis campañas es algo que mi equipo de trabajo ha conducido de forma correcta por los pasados 16 años. Sobre los procesos electorales del año 2020, la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico llevó a cabo una auditoría exhaustiva sobre las actividades de mi comité y concluyó que cumplió con todos los requisitos de ley”, agregó el gobernador.

Vea: Campaña que benefició a Pierluisi fue financiada ilegalmente

En la querella se declaró culpable uno de los participantes, el presidente y tesorero de SAPR, Joseph Fuentes Fernández, mediante acuerdos de culpabilidad tanto de Fuentes Fernández como de SAPR, que también fue objeto de querella criminal.

El esquema consistió en que se encubría, a propósito, la identidad real de los donantes de SAPR porque se les instruía a pasar el dinero a dos organizaciones sin fines de lucro, que no tienen obligación de reportar sus donantes a la Comisión Federal de Elecciones (FEC), y entonces esas dos entidades aparecían como las únicas donantes de SAPR.