La empresa que en 2021 llegó a encargarse de la transmisión y distribución del sistema energético del país sigue generando anticuerpos en la población debido a apagones continuos y seguidilla de alzas en las tarifas.

La bitácora habla de continuos apagones -unos masivos y otros acotados, pero sistemáticos-, de alzas que no se detienen, de dilación en la reparación de las averías y de falta de diligencia desde que el consorcio LUMA Energy se hizo cargo, en junio de 2021, del sistema de transmisión y distribución del sistema energético del país.

El crítico escenario ha llevado a que se cuestione la gestión de la empresa -la reprobación va desde alcaldes hasta políticos- y ha generado a su vez múltiples protestas. Hoy, una marcha a partir de las 9:00 de la mañana, incluirá un paso por el Capitolio y una concentración frente al acceso a La Fortaleza, en el Viejo San Juan.

Piden el fin del contrato de LUMA Energy, algo que no sería novel en Puerto Rico, ya que en 2002 el gobierno de Sila Calderón rescindió el contrato de la empresa Ondeo que durante cerca de siete meses se hizo cargo de las operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) luego de acordar un contrato por $4,000 millones por diez años.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, ha dicho que el contrato «leonino» con LUMA Energy es «posible» cancelarlo con «penalidades mínimas», ya que el contrato de los 15 años «no ha entrado en vigor. Serían como $60 millones, que ya se han perdido en los apagones».

Sin embargo, para el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, no se trata de apoyar o no a la compañía, sino que de «es un contrato que obliga al gobierno de Puerto Rico y que estuvo debidamente otorgado. Y en el gobierno de Puerto Rico y en Puerto Rico los contratos se respetan. Es más, la Constitución exige que no se menoscaben las relaciones contractuales. La palabra del gobierno de Puerto Rico está empeñada en ese contrato y ahora mismo LUMA tiene una función que hacer conforme a ese contrato».

Evidenciado el divorcio entre las partes, ¿qué ha llevado a alcaldes, políticos, organizaciones cívicas, sindicales y ambientales a exigir la anulación del contrato? La respuesta no hay que rebuscarla: principalmente, los continuos apagones – avalados por el Negociado de Energía- y las constantes alzas, que afectan directamente el bolsillo de la población.

Siete aumentos en la factura de la luz se han reportado desde enero de 2021, cinco con LUMA Energy ya a cargo del sistema de transmisión y distribución del sistema energético del país.

El primero fue en enero de de 2021 (4.7%), luego en marzo (8.4%), después en junio (7.6%) y finalmente septiembre de ese año (16.4). Las alzas continuaron en enero de 2022 (16.8%), abril (13.0%) y este mes (17.1%), que fue la gota que rebasó nuevamente el vaso y motivó la marcha de hoy.

A lo anterior se suman los apagones sistemáticos, como los ocurridos el 21 de septiembre de 2016, el 18 de abril de 2018 y el 7 de enero de 2020, que afectaron a más de 500,000 clientes y se extendieron más de tres días los trabajos de restauración del servicio eléctrico.

El último de los cortes masivos ocurrió este año, el 6 de abril, y dejó a casi todo Puerto Rico sin electricidad.

También hay otras interrupciones del servicio de energía más acotados, a nivel de municipios, como el ocurrido hace unos días en Guaynabo, y tras el cual el alcalde Edward O’Neill declaró que «es insostenible el pobre trabajo que ha estado llevando a cabo la empresa LUMA Energy» y criticó la «inconsistencia del servicio, la dilación en la reparación de averías y la falta de diligencia», que ségun el primer ejecutivo municipal «son la orden del día».

El alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, es conciso y preciso: “El servicio es caro y malo”, dijo luego de que el municipio sufriera hace unos días un corte en el suministro por un incendio en una subestación.

El vicepresidente del Capítulo de Jubilados de la UTIER, Ronald Vázquez, ha señalado que no solo se marcha para pedir el fin del contrato de LUMA Energy, sino que también para exigir al gobernador que firme el proyecto de la Cámara 1383, que evitaría más aumentos en la factura, recortaría la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y protegería el Sistema de Retiro de los empleados.

Sin embargo, ya el gobernador vetó la medida ayer, con lo que quedó en nada la petición para convertir en ley un proyecto que, según quienes lo apoyaban, iba a permitir tarifas no mayores a los 20 centavos por kilovatio hora.

«Actualmente, estamos pagando 33 centavos el kilovatio hora, un precio totalmente inaceptable e inaccesible. El pueblo ya no aguanta más golpes al bolsillo y más cuando el servicio por parte de LUMA es ineficiente”, expresó Vázquez.

¿Y qué tiene que decir el principal apuntado?

Sobre la marcha de mañana, LUMA Energy, en declaraciones escritas enviadas a Noticel, indicó que “aunque respetamos el derecho a protestar, la realidad es que hay algunos que optan por jugar a la política e ignorar el hecho de que LUMA heredó un sistema eléctrico que sufrió por años, sino décadas, de abandono bajo la operadora previa”.

Según la empresa, “los 3,000 hombres y mujeres de LUMA han hecho avances significativos para reconstruir, reparar y restaurar la red eléctrica. Estamos inmensamente orgullosos de lo que hemos logrado pese a los retos que heredamos. Sin embargo, ninguna compañía puede solucionar décadas de abandono en tan solo un año”.

Además, deja establecido que “desde nuestro primer día como operadora del sistema de transmisión y distribución, en LUMA estamos comprometidos con ser transparentes en cuanto a los retos a los que nos enfrentemos y nos mantenemos enfocados en hacer un cambio real y positivo”.

Añade que “sin importar las agendas políticas que algunos puedan tener, no nos distraeremos, porque nuestros 1.5 millones de clientes y sus familias merecen y esperan un mejor futuro energético”.

LUMA Energy pidió también, como un “deseo sincero”, que “todos aquellos que cuestionan nuestro compromiso con Puerto Rico recuerden los errores costosos del pasado bajo la AEE y la increíble oportunidad que tenemos para construir un sistema eléctrico más accesible, más confiable, más limpio y más resiliente”.