El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, dijo que desde hace un año y medio se estableció como prioridad la fiscalización de los incentivos contributivos.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha revocado hasta la fecha 311 decretos de la Ley 22 (Individuo Residente Inversionista) y además ha enviado 264 notificaciones de multas administrativas de $10,000 a beneficiarios de la Ley 20 (Exportación de Servicios), por incumplimiento con la radicación de Informes Anuales.

La información la ofreció el titular de dicha agencia, Manuel Cidre, que afirmó hay un compromiso de “cero tolerancia”  al incumplimiento con los contratos de decretos del Código de Incentivos (Ley 60), otorgados y monitoreados por la Oficina de Incentivos del DDEC.

El director de dicha Oficina, Carlos Fontán, indicó que las revocaciones de decretos de Ley 22 responden a falta de radicaciones de informes anuales. La fiscalización comenzó el año pasado con la Ley 22, luego se extendió a la a la Ley 20 y continuará con otras leyes de incentivos.

Cidre informó por su parte que desde hace un año y medio se estableció como prioridad la fiscalización de los incentivos contributivos y dese entonces han logrado aumentar significativamente los esfuerzos de fiscalización de decretos añadiendo personal adicional e implementado el uso de nuevas tecnologías.

Contrastó los resultados de ese esfuerzo con lo que ocurrió en años anteriores y señaló que “del 2021, hasta el día de hoy, se han revocado 311 decretos de la Ley 22, cuando del 2012 al 2020, solo se revocaron 29”.

“El beneficio contributivo va atado a una responsabilidad del beneficiario, y el que no cumpla con su responsabilidad, tampoco gozará del beneficio.  Pueden estar seguros de que continuaremos monitoreándolos y tendremos cero tolerancias a cualquier tipo de incumplimiento. Lo que queremos es maximizar su rendimiento, velando por los mejores intereses de Puerto Rico”, declare Cidre.

Se informó además que el DDEC continúa trabajando con el Reporte Anual que exige la Ley 60, para medir el retorno de inversión de todos los incentivos, basándose en lo que sus recipientes tributan y aportan al fisco. Indicaron que el último reporte se publicó en diciembre y actualmente el equipo de inteligencia de negocio trabaja para publicar el de este año para el mes de septiembre.

Vea: Lupa del IRS sobre beneficiarios de decretos de Ley 22 en la Isla