Los representantes del interés público de la Junta de Directores explicaron por qué se abstuvieron de la votación y no le votaron en contra.

Los representantes del interés público dentro de la Junta de Directores de la Autoridad para la Alianza Público Privadas (AAPP), Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho, confirmaron que acudirán a los tribunales para intentar anular la votación que llevó a cabo esta tarde esa entidad y que dio el visto bueno a la extensión del contrato suplementario a LUMA Energy.

En entrevista con Jugando Pelota Dura (TeleOnce), Ortiz Camacho defendió su decisión de abstenerse en la votación y no expresarse en contra de la extensión del contrato.

Según indicó, la votación se llevó a cabo a través de la Ley 29 de 2009, que es la Ley de las Alianzas Público-Privadas y no bajo la Ley 120 de 2018 que, a su entender, es la que debe aplicar para todo lo referente a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La ley 120 establece que para que se apruebe una privatización bajo Energía Eléctrica tiene que tener el voto a favor de los miembros del interés público”, sostuvo Ortiz Camacho.

En cambio, la Ley 29 solo requiere de mayoría simple. Al final, la votación fue tres a favor y dos abstenidos.

Ortiz Camacho indicó que, según la sección 7.1a del contrato, si el administrador (la AAPP) pide que se haga una enmienda, en este caso la extensión, las partes que componen el contrato, entiéndase LUMA Energy, P3 y la AEE, tienen que llegar a un acuerdo en común.

“Eso es muy contrario a lo que sucede usualmente, que cuando uno hace un contrato que tiene una extensión, dice ‘este contrato se puede extender por los próximos 180 días si las partes se ponen de acuerdo’. En este caso no establece eso. Lo que dice es que las partes se tienen que sentar a negociar. Por lo tanto, es una transacción entre tres partes independientes para una extensión”, detalló.

Explicó que ambos representantes solicitaron que la votación se llevara a cabo bajo la Ley 120, pero los miembros de la Junta votaron en contra, por lo que se votó bajo la Ley 29, que solo requiere mayoría simple.

“Cuando llega la votación, tanto el licenciado Ferrer como yo expresamos: no, que esa votación era contraria a derecho. Por lo tanto, es nula; dos, que se debió haber hecho bajo la Ley 120 y haber contado con el voto afirmativo de los miembros del interés público; y como entendemos que era contraria a derecho, no podíamos entrar en esa votación porque era validarle y, por lo tanto, nos estábamos absteniendo. Y bajo la Ley 120, una abstención de cualquiera de sus miembros es un voto en contra», manifestó la funcionaria, quien asegura que cree en las alianzas público-privadas ‘’pero bien realizadas y eso no es lo que está haciendo el gobierno con esta extensión’’

Ahora, a pesar de que ya la AAPP anunció que le dio el visto bueno a la extensión del contrato y que todo parece indicar que finalmente se logrará la extensión, tanto Ortiz Camacho como Ferrer Ríos esperan paralizar el proceso en los Tribunales.

Hay que establecer si vamos a ir a través de los tribunales locales o vamos directamente al tribunal federal”, sostuvo.

“De nosotros ganar ese proceso, entonces el proceso que ellos llevaron a cabo es nula y la extensión sería nula”, finiquitó.