La Legislatura Municipal de Trujillo Alto aprobó un acuerdo para resolver una deuda morosa que tiene el armero Ariel Torres Meléndez en el edificio sede de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA).
La portavoz del municipio, Daysireé Ramos, confirmó que la legislatura aprobó el acuerdo en sesión del lunes pasado y que ahora se completará el trámite administrativo para concretarlo.
El edificio sede de CODEPOLA es una instalación de una planta ubicada en el casco urbano cerca del cuartel de la Policía Municipal, el correo y una escuela. Es también donde ubicó una armería de Torres Meléndez, Shooters Sports Armory, a la que la Policía le retiró la licencia en septiembre de 2021 porque no cumplía con las restricciones de la Ley de Armas de 2000 debido a que estaba ubicada a menos de una milla de un plantel escolar.
En una sentencia de marzo de 2023 que sostuvo esa acción de la Policía, el Tribunal de Apelaciones consignó que el edificio ubica a 1,328 pies de la escuela Medardo Carazo, a 1,706 pies de la Andrés Valcárcel, a 1,165 de la Tulio Larrinaga y a 755 de la Escuela de Artes.
Desde su confrontación con la Policía por esa licencia, Torres Meléndez cabildeó a legisladores de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista para modificar esa restricción. Tras varios trámites, el armero consiguió que ambos cuerpos legislativos aprobaran cambios a la Ley de Armas a los que se oponían otros armeros y el Departamento de Educación y que tuvieron el resultado de liberalizar las restricciones para que ahora una armería no tenga que cumplir con ninguna disposición de distancia con relación a un plantel escolar. Se mantiene una restricción de 300 metros si es que la armería va a incluir también un club de tiro cerrado.
Hasta el huracán María, el municipio tenía el edificio arrendado a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) para albergar el Tribunal Municipal de Trujillo Alto. Sin embargo, el huracán le provocó daños al punto que gran parte de los archivos fueron dañados.
El jefe de la División Legal del municipio, José Ramón Castro Acevedo, explicó que después de que la OAT desalojó, en 2019 la administración del convicto alcalde Luis Cruz Cruz realizó una solicitud de propuestas para el arrendamiento del edificio y el mejor postor fue CODEPOLA. Una condición del contrato, añadió, era que el inquilino tenía que aceptar el edificio en las condiciones en las que estaba (“as is”), sin reclamar compensación por reparaciones.
El municipio hizo el contrato con vigencia del 15 de octubre de 2019 al 14 de octubre de 2024 y con un canon de arrendamiento de $10,000 mensuales. Pero CODEPOLA dejó de pagar los primeros nueve meses y planteó que el municipio debía honrarle unos $70,000 en gastos de reparación, como mejoras eléctricas e instalación de plafones de techo.
Bajo Cruz Cruz y el vicealcalde, Radamés Benítez Cardona, ambos convictos federales por corrupción, las gestiones de cobro no se continuaron. Al llegar el actual alcalde Pedro Rodríguez González ,se retomaron las gestiones para cobrar la deuda de $90,000.
Castro Acevedo aceptó que CODEPOLA presentó facturas para justificar los gastos y que hicieron su reclamación basándose en una expectativa que tenían de que el ayuntamiento le honrara la inversión en reparaciones, pero “el contrato y el expediente es claro de que tenían que examinar el edificio y que lo aceptaban como estaba”.
CODEPOLA ofertó unos $35,000 para saldar la deuda, lo que el municipio encontró “inaceptable” y ripostó con una contraoferta de $70,000 en dos plazos de $35,000, uno al momento de firmar y otro 60 días después. El descuento de $20,000 fue en consideración de los costos de un posible litigio, el tiempo que podría tomar una demanda y la necesidad de dotar al casco urbano con desarrollo comercial, dijo Castro Acevedo.
Este fue el acuerdo que la legislatura municipal refrendó.
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