Tribunales

Acuerdo a la vista en caso de sin fines de lucro fantasmas

Una de las acusadas se declararía culpable

Soniel Torres Suárez, quien dirigió una oficina en el Capitolio este cuatrienio, está en proceso de concretar un acuerdo para declararse culpable referente a diez cargos criminales relacionados a la creación de entidades sin fines de lucro fantasmas para obtener fondos legislativos.

La acusada fungió como directora de la oficina legislativa del exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón L. Rodríguez Ruiz, también acusado en este caso. Las discusiones están lo suficientemente adelantadas que ambas partes, tanto defensa como el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), vaticinaron que el caso se resolverá de esa manera.

“Si no se puede llegar a ese acuerdo pues se ve el juicio, pero está bien adelantado. Yo entiendo que vamos a poder resolver si Dios permite. El fiscal está positivo, nosotros estamos positivos, así que no veo ninguna razón por la que no se pueda resolver, porque ellos están en sintonía con nosotros. Es una cuestión de que el Panel esté de acuerdo con lo que ya hemos acordado entre las partes”, expresó el licenciado Mario Moczó González, representante de la acusada.

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La Ley 40 de 2003 requiere que el Panel apruebe las alegaciones preacordadas, que al momento son confidenciales porque podrían cambiar. No obstante, Moczó González adelantó que “obviamente” su representada evitaría cumplir una pena recluida en la cárcel.

Torres Suárez enfrenta cargos por perjurio, malversación de fondos públicos, falsedad ideológica, fraude o engaño sobre testigos y fraude mientras laboraba en la Casa de las Leyes. En comparación con quien fuera su jefe, la exempleada recibió el grueso de las denuncias porque fue quien, según las alegaciones, firmó los cheques, falsificó facturas y firmas tanto del empleado, como del exrepresentante en su rol como administradora de la oficina legislativa.

Del mismo modo, tiene pendiente cargos de perjurio por hechos relacionados a un incidente ocurrido a principios de noviembre del 2017, en el cual radicó una querella de violencia de género contra Rodríguez Ruiz por agredirla en el rostro y de la cual posteriormente se retractó.

“No creo que vaya a haber problema en cuanto a eso. No puedo decirlo, como es una oferta y está en evaluación, pues es confidencial, pero la oferta vino de ellos. Estamos en conversación, esa oferta puede cambiar, por eso es confidencial, pero se espera que todo se resuelva para el 21 de noviembre”, confirmó, por su parte, el fiscal Manuel Núñez Corrada, quien corre el caso junto a Cándida Sellés Ríos.

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Ambos fiscales especiales formaban parte del equipo en el caso desde sus comienzos, liderado por el también fiscal Guillermo Garau Díaz. No obstante, ante la renuncia de este último el 9 de septiembre “por discrepancias irreconciliables en la forma de tramitar los casos pendientes”, fue Núñez Corrada quien tomó la batuta.

“No, yo sigo en comunicación con Garau. Garau es mi amigo y estamos donde estamos en este caso gracias también a Garau y su trabajo”, reiteró Núñez Corrada al negar que se haya trastocado algún procedimiento del caso.

La posibilidad de un acuerdo en este caso estatal sale a relucir un día después que el último de tres acusados a nivel federal haya anunciado que también se declararía culpable por participar de un esquema de fraude similar, en el cual se cobraron contratos en el Capitolio por trabajos que nunca se llevaron a cabo. 

A finales de junio y sin ir a juicio, los empleados fantasma del Capitolio, Isoel Sánchez y Chrystal Robles, se declararon culpables de fraude electrónico. Ayer, se unió el entonces director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales (OAG) del Senado, Ángel Figueroa Cruz.

Separados los casos

Desde la radicación de cargos en el 2018, hasta hoy, jueves, los casos de Torres Suárez y el exrepresentante Rodríguez Ruiz se habían visto de forma conjunta en el Tribunal de San Juan, porque la posición del PFEI se mantenía en que los delitos se cometieron en concierto y común acuerdo.

Sin embargo, ante el preacuerdo de Torres Suárez, ambos casos fueron separados por la jueza Eloina Torres Cancel.

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A finales del año pasado, al exrepresentante Rodríguez Ruiz se le encontró causa por fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales referente a la contratación de un empleado fantasma en su oficina legislativa e irregularidades en la creación y la designación de fondos a las organizaciones sin fines de lucro Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas.

El próximo señalamiento del exlegislador será el 3 de diciembre, puesto que ayer sus abogados —liderados por el licenciado Luis E. Pinto Andino— recibieron la notificación del Tribunal Apelativo de declaración de “no ha lugar” a su moción de desestimación, una reiteración de la postura del Tribunal de Primera Instancia.

A esos fines, la jueza Torres Cancel fijó esa fecha para conocer si la defensa optó por acudir al Tribunal Supremo o el juicio en su fondo continuaría su curso. El 18 de noviembre, empero, la defensa debe indicar si optaría por un juicio por jurado o conforme a derecho. De esa decisión dependerá si el señalamiento de diciembre se convierte en una selección de jurado.

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El descubrimiento de prueba para este caso correrá por poco más de una semana: del 9 al 13 y del 16 al 18 de diciembre.

Rodríguez Ruiz fue expulsado de la Cámara de Representantes en febrero de 2018.


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