Tribunales

CPA que pagó por conseguir contrato en ASES, pierde su silla en la Junta de CPA

El Individuo K fue presidente del Colegio de CPA.

Aníbal Jover Pagés, el "Individuo K" que también pagó comisiones al consultor Alberto Velázquez Piñol para que le consiguiera contrato en la Administración de Seguros de Salud (ASES) pero que no fue acusado por ello como fue acusado el presidente de la empresa de consultoría BDO Puerto Rico, perdió su silla como presidente de la Junta Examinadora de los Contadores Públicos Autorizados (CPA), la entidad que regula las licencias de esa profesión en la Isla.

Esto, mediante orden de la gobernadora Wanda Vázquez hoy después de que NotiCel publicara esta mañana que ocupaba dicho cargo. Además, ordenó la cancelación de todos los contratos de IGS y de Jover Pagés, específicamente uno que tenía con el Departamento de Vivienda y que el titular de esa agencia, Fernando Gil, había defendido la semana pasada. La hija de Jover Pagés, Leticia Jover Lucio, presta servicios de relaciones pública en Vivienda. La cancelación, según el comunicado de Fortaleza, es "de inmediato" y cubre que no se le renueven contratos que tenía en ASES.

La Junta, en unión al Colegio de CPA, el cual Jover Pagés también presidió en 2013 con la carta de presentación de que "somos símbolo de honestidad y verticalidad", es la máxima autoridad legal en cuanto a la regulación de la profesión de contador público, la educación continuada y la permanencia de las licencias de los profesionales en esa área.

Según un pliego acusatorio federal, que no incluye a Jover Pagés como acusado, el contador pagó dinero a Velázquez Piñol para la obtención de un contrato de $1.3 millones en ASES que le fue quitado a otra empresa que realizaba las funciones bajo la Administración García Padilla. El pliego abunda que el cambio ocurrió porque la empresa de Jover Pagés, Intelligent Grant Solutions (IGS) e identificada en la acusación como "Compañía C", gozaba de "la confianza" de la Administración Rosselló Nevares.

IGS es una empresa que, según los registros del Departamento de Estado, tuvo como presidente en su creación en 2013 a Raúl Rodríguez Font, quien es, a su vez, presidente de la Droguería Betances, una empresa con activos de sobre $100 millones. Los récords corporativos de Droguería Betances reflejan que, al menos en 2014, último año en que sus informes financieros están públicos en Estado, tuvo de auditor "independiente" a Jover & León, una empresa cuyo presidente es Jover Pagés. El liderato de IGS ha reflejado cambios con dos resoluciones corporativas para, el 25 de abril de 2018, designar presidente a Jover Pagés en sustitución de Rodríguez Font y otra, el 11 de julio de 2019, para indicar que la designación de agente residente había cambiado de Rodríguez Font a Jover Pagés. Esto último ocurrió un día después de que se revelara el pliego acusatorio que menciona al "Individuo K" y la "Compañía C".

Para ver el pliego, pulse aquí.

La revelación de la identidad del "Individuo K" y la "Compañía C" en el pliego acusatorio contra Velázquez Piñol, la exjefa de ASES, Ángela Ávila, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, el presidente de BDO, Fernando Scherrer, y las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza, ocurrió el jueves pasado, durante una vista en la que la fiscalía alegó que la defensa de Keleher, la exfiscal federal María Domínguez, tenía conflictos de interés porque fue abogada de Jover e IGS durante la fase investigativa del caso. El juez Pedro A. Delgado determinó que "el caso no presenta una situación de intereses materialmente adversos entre un cliente actual y uno anterior", lo cual salvó a Domínguez, quien había pedido sin éxito que la vista fuera confidencial para evitar la revelación de que Jover es el "Individuo K" e IGS es la "Compañía C".

Tras la revelación, Jover Pagés se describió como un "mero testigo", dijo no ser objeto de la investigación, aclaró que la relación de IGS con ASES comenzó en 2013 y que no haría más comentarios. En sus expresiones no explicó ni abordó los hechos en los que se le involucra, según el pliego acusatorio. Si interviniera en el caso como testigo de cargo, estaría en la posición de tener que lograr que el jurado crea que la relación de negocio entre Velázquez Piñol y BDO era ilegal, a pesar de que el pliego pinta que él mismo tuvo una relación similar con el consultor.

Vea: Giro inesperado en vista para Keleher conservar su defensa

"Este es el contrato que vamos a reemplazar. Cuando lo revises hablamos", le escribió Velázquez Piñol a Jover Pagés en un correo electrónico que anejaba el contrato de otra compañía con ASES, según el documento acusatorio. Cinco días después, el 23 de enero de 2017, IGS le hizo una transferencia de $5,000 a la cuenta de la empresa Azur, propiedad de Velázquez Piñol. El día después, 24 de enero, Velázquez Piñol somete al correo personal de Ávila la propuesta de IGS para un contrato por $1,158,000. El día después, 25 de enero, a las 12:54 am Ávila somete un informe al presidente de la Junta de ASES recomendando la contratación de IGS y de BDO, entre otros, y, a la 1:05 am, pasa el mismo correo a Velázquez Piñol. Más tarde ese 25, ocurrió una reunión de Junta donde hubo la recomendación formal de contratar a IGS y BDO por ser de la "confianza" de la administración. El 1 de marzo de 2017 la Junta ratificó la concesión de ambos contratos.

*Editada para incluir expresiones de La Fortaleza el lunes en la tarde.

Vea: El historial de contratos de la compañía revelada en caso de fraude de ASES


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