Tribunales

Díaz Olivo pide investigaciones contra tribunales, juez pide que sea castigado

Se destapan irregularidades en Tribunal de Bayamón

Un juez del Centro Judicial de Bayamón pidió al Tribunal Supremo que discipline éticamente al profesor y analista político, Carlos Díaz Olivo, por supuestos ataques personales y difamatorios contra jueces de ese centro.

A la misma vez, en la extensa resolución refiriendo al licenciado, el juez consigna que Díaz Olivo ha identificado y referido a varios foros lo que entiende son irregularidades en el manejo de los casos civiles en ese centro, algunas de las cuales los jueces han aceptado, pero las han achacado a errores cometidos por el personal de la secretaría del tribunal y no por ellos.

Según consta en la resolución con fecha del 29 de abril, así como en un escrito que Díaz Olivo sometió al Tribunal de Apelaciones como respuesta a esa resolución del juez Raphael G. Rojas Fernández, el licenciado ha sometido quejas a la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT), a la Jueza Presidenta Maite Oronoz, a la Oficina de la Contralora y a la Asamblea Legislativa sobre lo que sostiene son prácticas irregulares que no solo afectan su caso, sino potencialmente otros que se vean en ese centro judicial. Díaz Olivo había sometido estas solicitudes de investigación al expediente del caso, por lo que el juez que lo refirió al Supremo tiene conocimiento de ellas.

Por su parte, el juez Rojas Fernández sostuvo que él, el juez José M. D'Anglada Rafucci (exadministrador de la región judicial de Bayamón) y la jueza Sarah Y. Rosado Morales han sido objeto de una “ráfaga de ataques” en mociones de parte de Díaz Olivo.

El caso del que nace toda la controversia es uno que Díaz Olivo maneja pro-bono (sin compensación) desde 2015 anclado en un proceso relativamente sencillo de la Ley de Corporaciones sobre el acceso de los accionistas de una empresa a los libros de dicha empresa. Pero la relación de hechos de la resolución da cuenta de que el trámite del caso se tornó notablemente contencioso entre el tribunal y Díaz Olivo por un señalamiento de vista después del huracán María. Los eventos que han seguido, sostiene el licenciado, evidencian que ni el juez a cargo del caso, ni el Centro Judicial de Bayamón, pueden darle a su representado “ni siquiera en apariencia, un proceso ordenado, coherente, justo y razonable, libre de pasiones y emotividad personal”, por lo que ha pedido la inhibición de dos jueces y el traslado del caso a otro centro judicial. Esa solicitud al Apelativo está pendiente desde el 2018.

La resolución del juez Rojas Fernández admite que se han cometido cuatro errores en el manejo del caso:

  1. Que la jueza Rosado Morales puso en una minuta del caso que había declarado “no ha lugar la cátedra de Díaz Olivo”, una referencia que fue eliminada de la minuta cuatro meses después de emitida.
  2. Que la jueza Rosado Morales colocó en el expediente del caso una resolución en la que no se inhibe del caso, pero a las partes del pleito se les notificó una resolución donde ella sí decreta su inhibición. La jueza dijo que “un error humano ocurrido en Secretaría” provocó que se notificara la resolución incorrecta a las partes y enfatizó que no es “inusual” ese tipo de error.
  3. Que la Secretaría del tribunal emitió una orden del caso como si hubiera sido emitida por el juez D’Anglada Rafucci cuando fue emitida por el juez Rojas Fernández.
  4. Que en una segunda ocasión, la Secretaría emitió una resolución en el caso como que estaba firmada por otro juez del tribunal, en vez de por el juez Rojas Fernández.

“[E]l abogado no tiene licencia absoluta en el uso del lenguaje para poner en entredicho o mancillar la dignidad de los jueces”, argumentó el juez en su referido al Supremo al puntualizar que Díaz Olivo ha usado lenguaje “hiriente e irrespetuoso” en sus mociones y ha hecho insinuaciones contra los jueces, por lo cual cree que pudo haber violentado tres cánones de Ética Profesional.

“Reconocemos los errores en las notificaciones, resoluciones y órdenes, emitidas en este caso, pero los mismos no son imputables a los jueces”, añadió.

En su escrito ante el Apelativo, Díaz Olivo apunta que el referido al Supremo es una represalia que está prohibida por al menos dos leyes distintas y que puede conllevar castigo penal para el juez, además del pago de daños sufridos y que Rojas Fernández demostró falta de temple y actuó ilegalmente cuanto hizo el referido aún cuando no se había resuelto todavía el asunto de su inhibición en el pleito.

Las fallas que ha denunciado, dijo, son “fuertes y crudas”. “Pero, su crudeza no es culpa nuestra y no puede castigársenos por resistirla, combatirla y denunciarla, como en este caso ha hecho el Juez Rojas Fernández”, añadió.

Según el escrito ante el Apelativo, los señalamientos de Díaz Olivo con relación a la administración y operación del área civil del Tribunal de Bayamón son:

  1. Fallas inexplicables en los sistemas de grabación y reproducción de los procesos judiciales.
  2. Desaparición misteriosa de incidentes importantes acontecidos en las vistas que por razones desconocidas no aparecen en la grabación.
  3. Tardanzas injustificables en la autorización de las regrabaciones de los procesos que imposibilitan la revisión judicial ante foros judiciales superiores.
  4. Ausencia en la práctica de protocolos para manejar conflictos y que aseguren que jueces cuya recusación se ha solicitado, no se inserten por su cuenta en los procesos y logren acceso e incidan con sus actuaciones sobre los expedientes judiciales.
  5. Falta de uniformidad en lo que respecta a la confección de las minutas, las cuales lejos de reflejar la realidad de los procesos judiciales, terminan distorsionándolos.
  6. Práctica insostenible y peligrosa por parte de jueces que escriben varias resoluciones de forma simultánea sobre una misma controversia judicial, porque no tienen idea de cómo manejar la misma e increíblemente, terminan remitiendo a las partes la resolución que no es.
  7. Emisión disparatada de notificaciones que omiten hechos importantes, que se adjudican a jueces que no fueron los que la emitieron, que le faltan páginas, que notifican lo que no se quiere notificar y que, al así hacerlo, menoscaban el derecho al debido proceso de ley de las partes que descansan en una notificación correcta y adecuada por parte del Estado.
  8. Jueces que celebran juicios y vistas evidenciarias permitiendo que a la parte demandada se le oculte la prueba y los testigos con los que se le confrontará en el juicio.
  9. Jueces y administradores a los que se le advierten fallas o irregularidades y en vez de tomar las medidas institucionales para atender las mismas, las desatienden y toman represalia y afectan los derechos de quienes tuvieron la entereza de advertir lo que acontecía.
  10. Falta de supervisión sobre el personal secretarial y clerical cuyas fallas e irregularidades inciden sobre los procesos judiciales y los derechos de las partes y de las cuales la Rama Judicial se desatiende. El mismo rigor, control y responsabilidad que el foro judicial exige para con los juristas con respecto a las faltas que cometen su personal secretarial, mensajeros y asistentes, debe igualmente aplicárselo la Rama Judicial respecto a su personal.
  11. Falta de protocolos en la práctica para recibir información sobre irregularidades en el sistema y darle curso adecuado para asegurar la integridad y derechos del informante o denunciante, a quien el estado de derecho requiere que se le asista y proteja.

“Hay otras que por su naturaleza y sensibilidad habremos de mantenerlas en confidencialidad, pero advertimos que han sido divulgadas debidamente a las autoridades pertinentes, fuera de la Rama Judicial, las cuales están en mejor posición de efectuar una investigación independiente, certera y así, procurar las sanciones administrativas, civiles y criminales que correspondan”, manifestó.

Durante su programa de análisis en la estación radial WKAQ, Díaz Olivo denunció hoy, viernes, que tras sus denuncias ha recibido intentos de extorsión y chantaje.

“Y vienen las extorsiones…no voy a ceder, ni me voy a intimidar, no voy a aceptar chantajes. Lo siento, hay que hacerlo. Es responsabilidad de todos renovar este sistema judicial y estoy dispuesto a pagar el precio”, manifestó el abogado sin ofrecer detalles de qué tipo de intento de extorsión recibió.

Para ver la resolución del juez Rojas Fernández, pulse aquí:


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