Tribunales

Fiscales no seguirán el caso por los celulares de Elías Sánchez y Edwin Miranda

FEI entiende hay otras alternativas.

La pugna legal por obtener acceso a los teléfonos celulares del cabildero Elías Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda Reyes como parte de la investigación del chat de Telegram que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló Nevares morirá sin ser elevada al Tribunal Supremo.

Así lo determinaron los fiscales especiales independientes Miguel Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz, asignados a investigar a Rosselló Nevares y otros participantes del chat por el Panel del Fiscal Especial Independiente.

Según la resolución del Panel con fecha del 12 de febrero, y divulgada ayer, los fiscales concluyeron, y el Panel concurrió, que "no resulta conveniente (recurrir al Tribunal Supremo), ni sirve a los mejores intereses de la justicia".

"Por el contrario, constituiría una demora injustificada debido al trámite que conlleva un recurso ante el Tribunal Supremo lo cual podría incidir en el término prescriptivo de algunos de los posibles delitos y que, como consecuencia, se vean frustrados los fines de la justicia. Además, los FEI estiman que, de ser necesario, existen alternativas jurídicas viables para la obtención de la prueba que originó el caso ante el Tribunal de Apelaciones", lee la única expresión en la resolución relativa a la controversia de los celulares.

La resolución no indica cuáles son estas otras "alternativas jurídicas viables".

Vea: Justicia, bajo Wanda Vázquez, erró en investigación de teléfonos del Telegram chat

El Panel del FEI se vió inmerso en la pugna entre el Departamento de Justicia y Sánchez Sifonte y Miranda Reyes cuando Justicia le pasó el 28 de enero la determinación de Apelaciones de no reconsiderar su sentencia de diciembre en la que sostenían que Justicia había errado en su método para conseguir acceso a los teléfonos.

El 10 de enero pasado, al referir al Panel su recomendación de designar fiscales independientes a 14 personas por el chat de Telegram llamado "WRF", la secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, dejó en manos del Panel la controversia por los celulares "para que prosiga el procedimiento en bien del pueblo de Puerto Rico".

Que se conozca, Sánchez Sifonte y Miranda Reyes fueron los únicos participantes del chat que rehusaron entregar sus celulares como parte de la pesquisa de Justicia con el argumento de que la dependencia pretendía incautarles su propiedad y violentar la privacidad de sus aparatos móviles con una mera citación de testigos en vez de consiguiendo una orden de allanamiento y registro.

El Tribunal de Primera Instancia inicialmente ordenó la entrega de los celulares, pero Apelaciones revocó y encontró que el Departamento, todavía dirigido por la ahora gobernadora, Wanda Vázquez Garced, erró en su proceder. Lo que llama la atención es que Justicia en efecto procuró órdenes de allanamiento y registro para otros aparatos comprendidos en la investigación, pero no para los teléfonos de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes.

Vea: Justicia recomienda FEI para integrantes del chat de Telegram

"Resulta contraintuitivo o como mínimo un extraño método de investigación policial, que el Ministerio Público quisiera investigar el contenido de un chat virtual contemplando meramente la carcasa física de un teléfono móvil, así tal cual, sin acceder a su contenido", resaltaron los jueces apelativos al atacar el argumento de Justicia de que fue una orden de citación de testigos porque solo querían que se produjeran los teléfonos.

En su resolución, el Panel determinó asignar FEI para posible radicación de cargos contra Rosselló Nevares, el exrepresentante del Gobernador en la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino Vega, el exasesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia, el exsecrtario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, Miranda Reyes y Sánchez Sifonte.

Quedaron en remojo ante la posibilidad de que el FEI encuentre prueba que los involucre: el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier; el exsecretario de Estado, Luis G. Rivera Marín; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; y los excontratistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame

Por otro lado, ordenó archivar, por falta de prueba, los referidos de Ia exsecretaria de prensa, Yennifer Álvarez Jaimes; la exdirectora de Ia Oficina de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez; y al exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.

Para ver la resolución del panel, pulse aquí.


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