Tribunales

Funcionaria que delató irregularidades demandó a Centro de Cáncer

La mujer pidió ser restituida.

Una empleada ejecutiva del Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) exigió ser restituida en su posición luego de que revelara varios esquemas de corrupción y malversación de fondos por parte de directivos de esa entidad.

Según la demanda federal incoada por los representantes legales de Grendaliz Vélez Acevedo, esta fue relevada de sus funciones de manera discriminatoria y hostil por su género y por denunciar las acciones del director ejecutivo del CCC Luis A. Clavell Rodríguez y el Chief Financial Officer (CFO) de esa entidad, José E. Dávila Pérez.

Dávila Pérez había sido quien reclutó a Vélez Acevedo en el 2009 como directora de Contabilidad, una posición permanente que luego cesó de existir en el 2013. Para el 2011, fue despedido de su posición tras no llevar a cabo auditorías anuales en el CCC. No obstante, en el 2013 regresó al puesto bajo la presidencia de Enrique Vilá del Corral.

A su regreso “varias irregularidades comenzaron a florecer. Comenzaría a regalar contratos, sin identificar o cumplir con limitaciones legales concretas. Por ejemplo, PG Engineering fue la compañía contratada como Manejador de Proyectos y también como examinador de los certificados de cumplimiento que se someterían para aprobación final al Banco Gubernamental de Fomento. PG Engineering también fueron los inspectores para la emisión de los certificados de construcción necesarios para el desembolso de los fondos a ser pagados a PG Engineering. Cuando fue confrontado por este conflicto de interés, la reacción de Dávila Pérez fue que aún si fuese la misma compañía, no es la misma persona”.

Con la llegada de Clavell Rodríguez a la posición de director las irregularidades continuaron surgiendo.

En octubre de 2016 sin proceso de subasta, el CCC otorgó un contrato a Carefusion para la adquisición de equipo médico valorado en millones de dólares. El equipo llegó antes de culminada la firma del contrato en octubre. Ese mismo mes, un proceso de subasta ganado por Puerto Rico Sales Medical fue impugnado por Dávila Pérez, quien comenzó a ejercer presión para anular la contratación y otorgársela a la compañía Medical Biotronics, que también demandó por la subasta pero no prevaleció.

Otra situación surgió cuando Vélez Acevedo cuestionó los reclamos de los contratistas de FR & Bird, quienes exigieron un reembolso de $131 mil de tarifas de construcción del Colegio de Ingenieros, dinero que ya había sido pagado por el Centro.

“De hecho, el contrato establecía que la compañía de construcción era responsable de esas tarifas y tenía que reembolsar al CCC”, lee el documento.

Días después, Vélez Acevedo fue reunida por Clavell Rodríguez, quien presuntamente la increpó por su negativa en otorgar el desembolso que exigía la empresa. 

“¿Qué son $131 mil en un proyecto de $196 millones?”, expresó, según el documento, el director del CCC. Consiguientemente el dinero se le reembolsó a la constructora por parte de Dávila Pérez.

Cuando la empresa se disolvió a finales de marzo 2017, el CCC comenzó la búsqueda de cinco contratistas entre los que se solicitaban las labores de un capataz que solo contara con un diploma de escuela superior, una violación de las regulaciones de la Oficina de Contraloría de Puerto Rico.

En una reunión días después, se le exigió a Vélez Acevedo forzosamente que firmara el cambio de orden y nuevamente se rehusó.

“Aquí Finanzas hará lo que yo diga. Lo que tenemos aquí es un déficit mental. Todo lo que tienes que hacer es firmar, aprobar y pagar, y yo no quiero escuchar nada más sobre esto”, estableció Clavell Rodríguez luego de darle a la mesa con ambos puños.

Similar a esto, en otra reunión, el doctor Robert Hunter del Comité Ejecutivo del CCC le gritó a Vélez Acevedo que ella no sabía nada de hospitales ni finanzas, reacción de la que luego se disculpó, diciendo además que “es que soy bipolar”.

Un día después de esa reunión, Vélez Acevedo fue relevada de su puesto en el Comité Ejecutivo.

Vélez Acevedo informó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) de estas y varias otras irregularidades, como el otorgamiento de un contrato para la administración de la cafetería del Centro al hijo del dueño de Medical Biotronics.

Luego de declarar la situación a AAFAF, Clavell Rodríguez y Dávila Pérez reunieron a todos los empleados que denunciaron irregularidades administrativas en el CCC y los obligaron a firmar un nuevo reglamento de trabajo donde se les prohibía hablar con autoridades federales o estatales y que toda comunicación de esa índole debía pasar por la aprobación del director ejecutivo.

“Este es nuestro territorio y aquí las cosas se van a hacer como nosotros dictaminamos; ni el gobierno ni AAFAF nos van a decir lo que tenemos que hacer”, exclamó Clavell Rodríguez.

Poco más de una semana después, Vélez Acevedo fue degradada, a través de un correo eléctrónico que nunca se le envió, a un puesto de confianza como directora de Contabilidad, y con un periodo de probatoria de 180 días. Ninguno de estos cambios fueron aprobados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la degradación era oficial desde el 27 de noviembre, según constataba en un documento sin fecha ni firma y en donde se puso su número de seguro social incorrectamente.

Vélez se rehusó a firmar el documento, no obstante fue obligada a su nuevo puesto por la administración del CCC sin ratificar el documento. Cuando llevó sus reclamos a la Equal Employment Opportunity Commission, testificó en vistas públicas sobre la situación actual en el CCC, y proveyó información al Negociado Federal de Investigaciones, fue removida de su puesto.

Puede leer la demanda completa aquí:


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