Tribunales

Galleros recurren al Tribunal Federal para defender su deporte

Piden se declare inconstitucional la prohibición

El Club Gallístico de Puerto Rico radicó una demanda ante el Tribunal Federal en Puerto Rico para establecer las bases legales que prueban la inconstitucionalidad de la Sección 12616 del “Agricultural Improvement Act of 2018”, mejor conocida como el “Farm Bill” firmada por el presidente Donald Trump en diciembre de 2018 que pondría fin al llamado deporte de caballeros.

De implementarse la ley, las peleas de gallos quedarían prohibidas en Puerto Rico así como otros terriotorios estadounidenses a partir de diciembre de 2019. La demanda solicita se declare inconstitucional esta sección y revoque la prohibición.

“Confiamos que el Tribunal Federal evalúe el caso por sus méritos y resuelva a favor la industria y deporte de los gallos de pelea, que contribuye a la economía de nuestro país, ha sido un ícono de nuestro patrimonio y derecho cultural. Estamos vigilantes y firmes en pie de lucha para defender a todos los galleros de Puerto Rico”, destacó Orlando J. Vargas, presidente de la Junta de Directores de la emblemática entidad del deporte.

En cuanto se conoció la firma de la prohibición, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, adelantó que acatará la ley. Sin embargo, la comisionada residente Jenniffer González Colón se expresó dispuesta a recurrir a los tribunales de ser necesario. 

Parte de los argumenos de la Comisionada para continuar en contra de la medida ya convertida en ley, apuntan a los empleos que se perderán en la isla. Precisamente, esa es una de las disposiciones que abarca el documento legal radicado. La demanda pesenta el caso de la familia Rosario, cuyos ingresos totales los obtienen del llamado deporte de caballeros y señala que en diciembre, quedarán sin posibilidades de pagar sus deudas y de mantener su vida diaria. La petición en ese sentido va dirigida a que como los Rosario hay muchas familias boricuas que se afecarán por la ley.

El recurso legal presentado de igual modo apunta a que la movida provoca desigualdad en la isla no solo por la decisión de frenar las peleas de gallos, sino porque se legisló en el Congeso cuando la isla no tiene una repesentación directa. González Colón no tiene voto en el Congeso po Puerto Rico ser un territorio no incorporado de los Estados Unidos.

"No hay evidencia creíble de que eliminar las peleas de gallos en la isla mermará el daño a los animales", dice la demanda como argumento.

Sobre la controversia, la jefa interina de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, dijo que intervendrán con personas que posean, críen, vendan accesorios, organicen, asistan y realicen peleas de gallos.

No obstante, al menos dos alcaldes y una alcaldesa, a saber: William Miranda de Caguas, José Guillermo Rodríguez de Mayagüez y Carmen Yulín Cruz Soto de San Juan, anticiparon que no intervendrían con quienes practican el deporte. 

Desde el 2014 el Servicio federal de Parques Nacionales (NPS por sus siglas en inglés) aceptó incluir 128 galleras entonces ubicadas por toda la Isla en el Registro Nacional de Lugares Históricos por el valor que representan para la cultura local, preservando así una práctica que el Congreso recientemente prohibió.

Catalogado como el deporte más antiguo practicado en Puerto Rico, para el 2003 las galleras contaron con una participación de más de 1,200,000 personas, con apuestas que superaron los $43 millones. En total de ingresos que pueden producir estos negocios puede ascender a $100 millones entre apuestas, boletos de admisión, consumo de comida y bebida, y otros gastos.

Puede leer la demanda a continuación o pulsando aquí


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