Tribunales

Si delata fraude con fondos federales, podría recibir un cheque de recompensa

Fiscal federal explica programa para delatores.

Si usted ha sido testigo o tiene conocimiento directo de un caso de fraude con fondos federales podría recibir hasta un 20 por ciento de ese dinero como recompensa si decide convertirse en delator o ‘whistleblower’ formal de la Fiscalía Federal.

Las autoridades federales buscan incentivar que ciudadanos con conocimiento directo de posibles esquemas de fraude en el Gobierno y en la empresa privada cooperen ofreciendo toda la información en su poder utilizando el Programa de Reclamaciones Fraudulentas (False Claims).  

Contrario a una confidencia, este programa requiere que el delator inicie un proceso formal mediante una querella juramentada con toda la información que conduzca a identificar casos donde haya malversación de fondos federales, explicó a NotiCel el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

El recién estrenado jefe de los fiscales federales en la isla apuntó a que la iniciativa aplica además de información sobre operaciones gubernamentales, a información sobre cualquier persona o compañía que haga uso inadecuado de fondos del Gobierno de los Estados Unidos.

 “Para ser lo que decimos un ‘whistleblower’ bajo ese programa hay unos requisitos donde la persona tiene que ir a un abogado y radicar una querella que está sellada”, dijo Muldrow.

Inmediatamente se radica la querella en el Tribunal Federal, la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia recibirán una copia. El delator tendrá la oportunidad de entrevistarse con la Fiscalía Federal para ofrecer detalles del caso. Dentro de un término de 60 días, los fiscales federales tendrán que informar a la Corte mediante mociones selladas si intervendrán en el caso o si necesitan más tiempo para la investigación. Durante todo este proceso, el Gobierno federal protegerá la identidad del delator.

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El funcionario federal sostuvo que luego de radicada la querella, se inicia un proceso de investigación ya sea civil o criminal para determinar si en efecto, hubo fraude con los fondos federales.

Los casos se podrían resolver sin radicar acusaciones contra los implicados, en cuyo caso el procedimiento sería pedir autorización del Tribunal para notificar a la compañía de la investigación, los hallazgos y reclamar el pago de tres veces la cantidad de dinero defraudado, además de la imposición de multas por cada reclamación falsa que van desde $11,000 a $22,000. Si los imputados de fraude no acceden a pagar, el Gobierno Federal iniciaría una demanda civil para que se dirima el caso en Corte.

Dependiendo de la evidencia que se produzca, la Fiscalía Federal podría asignar un fiscal de la División Criminal y otro de la División Civil para trabajar la investigación de forma independiente pero al unísono.

“Si acusamos criminalmente, ese caso va y el caso civil se queda sin continuar los procesos”, indicó. Al final de esta cadena y luego de que el Gobierno federal recupere el dinero, las autoridades entrarían en una negociación con el delator para determinar la cantidad de dinero que recibirá de recompensa.

Vea una guía para reclamaciones bajo el Programa de Reclamaciones Fraudulentas (False Claims)

De acuerdo con el jefe de los fiscales federales, el programa ha sido exitoso en otras jurisdicciones logrando recuperar millones de dólares en fondos federales, preferiblemente mediante acuerdos fuera de la corte.

“Depende de la prueba, la evidencia, podemos hacer (un caso) criminal, civil o los dos… El delator puede recibir entre el 15 y el 25 por ciento del dinero que nosotros recibimos”, añadió.

Ya hubo pagos de recompensas en Puerto Rico

No sería la primera vez que se utilice este programa en Puerto Rico. Muldrow mencionó que de esta forma fue que las autoridades federales lograron en el 2015 que las empresas BTB Corporation y R&F Asphalt Unlimited, Inc. acordaran pagar al Gobierno de Estados Unidos $7.2 millones luego de haber cometido fraude en el proyecto de rehabilitación de la pista del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla al utilizar un asfalto de menor calidad al que exigen los códigos federales para este tipo de construcción.

“El delator en este caso recibió 20 por ciento de eso. Eso quiere decir que $1.4 millones (van) para el delator”, indicó el fiscal, quien trabajó en Puerto Rico también bajo el liderato en la oficina de Guillermo Gil Bonar. Aunque esta herramienta siempre ha existido, dijo que es necesario que la gente, y los abogados, lo sepan para maximizar la participación de más ‘whistleblowers’, lo cual en Puerto Rico no se ha potenciado todavía, a juicio de Muldrow y de Héctor Ramírez, jefe de la División Civil.

Mira la entrevista con el fiscal federal Muldrow.

Otro caso resuelto también bajo este programa fue uno hace un año en el que la Universidad de Puerto Rico acordó pagar al gobierno federal $1,772,790.00 por mal uso de propuestas que venían del Departamento de Energía federal, la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Además, está pendiente en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico un caso que involucra a la empresa Aveta en un supuesto fraude de unos $1,000 millones en fondos de Medicare entre 2007 y 2010.

Muldrow fue jefe interino de la Fiscalía federal de Tampa, Florida y bajo su dirección se convirtió en la jurisdicción con más casos de fraude resueltos mediante la colaboración formal de delatores. 

Recientemente, un grupo de ciudadanos creó Vigilantes Anticorrupción, una herramienta digital para denunciar actos de corrupción, los cuales serían investigados de forma independiente al Gobierno para evitar que no se ‘amapuchen’ los casos y se tomen represalias con los servidores públicos que quieran delatar irregularidades en la administración pública.

Muldrow, que conocía de la iniciativa, dijo que el problema de represalias a los informantes no es exclusivo de Puerto Rico, por lo que buscará ofrecerles toda la protección necesaria. Aunque no puede compartir información con ellos sobre casos activos en la esfera federal, sí espera pueda haber comunicación con el grupo de Vigilantes Anticorrupción para obtener información que ellos reciban. 

“Siempre estamos interesados en recibir información de cualquier fuente y si hay esa iniciativa del pueblo de los ‘whitleblowers’ que está recibiendo información, tenemos que tener una comunicación”, puntualizó.

La creadora de Vigilantes Anticorrupción, Heidie Rosado Nieves, reiteró que es momento de repasar los recursos y procedimientos existentes y enmendar o crear leyes que provoquen la denuncia y que la sociedad cree conciencia. "Estoy de acuerdo con que el ‘whistleblower’ reciba una remuneración por los precios que pago al delatar (represalias, pérdida de empleo, pérdida de ingreso e impacto emocional)", sostuvo.

Además de este proceso formal, Muldrow recordó que toda persona que tenga información sobre posibles actos ilegales con fondos federales puede cooperar notificando a la Fiscalía. En el caso de posibles fraudes con fondos de Medicaid y Medicare pueden llamar a la línea 1-800-447-8477 en la que las personas tampoco tienen que divulgar su identidad. Para el proceso de querella formal, puede comunicarse con un abogado o con fiscalía federal (787-766-5656).


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