Tribunales

Sin cualificaciones el asesor financiero que manejó inversión en Mayagüez

Municipio no fue diligente, según expertos.

El municipio de Mayagüez no siguió las mejores prácticas de inversión ni realizó la debida diligencia para comprobar los potenciales riesgos al aprobar invertir $9 millones en fondos públicos a unos términos altamente inusuales y con la asesoría de una persona que no cuenta con las credenciales necesarias, coincidieron tres expertos en finanzas consultados por este diario digital.

Eugenio García Jiménez, el entonces asesor financiero del municipio que recomendó crear el fondo de inversión y que manejó la millonaria transacción, nunca ha tenido licencia de bróker ni ha figurado en el Registro de Asesores de Inversión de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), confirmó George Joyner, comisionado de OCIF.  

La transacción es investigada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y por el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS), quienes han entrevistado al alcalde Rodríguez, al vicealcalde, Heriberto Acevedo y a la gerente de Finanzas del municipio, Yahaira M. Valentín. El 21 de junio, luego que los federales comenzaran a indagar sobre la transacción, el ayuntamiento radicó una demanda para recobrar el dinero, de la que se desprende que García Jiménez, vinculado a la firma Premier Investment & Financial Service Group, LLC, manejó el trámite que inició en 2016, y del cual el municipio solo recibió un único pago de $1,800,000 de intereses ese año.

“En un momento tuvo permiso de intermediación financiera. Ahora mismo está vencida. Nunca ha tenido licencia de banco, broker-dealer, Registered Investment Advisor u otros tipos de permisos-licencias de OCIF”, dijo Joyner en declaraciones escritas.

De acuerdo con los expertos, no solo la falta de credenciales debió llamar la atención del alcalde Rodríguez y los funcionarios municipales responsables del dinero público; sino además los términos y garantías poco usuales prometidos como producto de la inversión.  

Es decir, García Jiménez recomendó invertir los $9 millones de fondos municipales en un instrumento por un término de dos años garantizando el principal. La transacción tendría un rendimiento de 8% a 10% en intereses, lo que para el abogado contributivo y Contador Público Autorizado (CPA), Kenneth Rivera debió levantar bandera roja porque no es usual un pago de intereses tan altos en préstamos sin colateral.

“La tasa es en función del riesgo. A mayor riesgo mayor el interés”, explicó.

Por si fuera poco, según la demanda, el municipio invirtió los $9 millones en marzo de 2016 y en apenas unos meses, recibió un pago -por adelantado- de $1,800,000 por concepto de los intereses que generaría la inversión en dos años, lo que para Rivera resulta atípico en este tipo de transacción, a menos que haya un colateral en la transacción.

Al igual que Rivera, al analizar algunos de estos detalles -de los pocos que se conocen de la inversión- para el doctor en finanzas Antonio J. Fernós-Sagebién, son elementos que levantan dudas sobre si el municipio siguió las mejores prácticas de inversión ante la responsabilidad de fiducia que tiene como custodio de un dinero que le pertenece a los contribuyentes.

Fernós-Sagebién coincidió además en que aún desconociendo qué tipo de inversión se hizo, debió levantar bandera al municipio por ser una transacción demasiado buena para ser verdad.

Too good to be true. Es altamente inusual que un rendimiento de dos a 10% por adelantado…. ¿Tú me quieres decir que en tres meses me adelantan el rendimiento de dos años de $9 millones? No. No es que sea imposible, pero sumamente dudoso lo es”, insistió el también Catedrático Asociado de la Escuela de Economía de Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

De la demanda se desprende además que el municipio no tiene certeza de en qué cuenta se depositó el dinero, por lo que le pide al tribunal que ordene a los demandados que entregue los nombres de las cuentas bancarias que recibieron el dinero, los intereses generados y copia de todos los documentos y/o del expediente relacionado a la inversión de los $9 millones con los estados bancarios o de estados de situación desde marzo de 2016 al presente.

Para el corredor de seguros Adolfo Krans resulta difícil de creer que el municipio no recibiera informes periódicos de la inversión, que no evaluara las cualificaciones del que manejaría la transacción y el riesgo de sus términos.

También le debió haber levantado sospecha el pago adelantado de los intereses.  

“¿Qué ellos no saben dónde está depositado el dinero? ¡Eso es imposible! El municipio definitivamente no hizo su due dilligence”, señaló por su parte el también analista.

Para ver la demanda, pulse aquí.


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