Las repercusiones de la pandemia que estalló en la primavera de 2020 siguen con una demanda de decenas de millones en la isla y un informe congresional que da validez a elementos que hasta ahora se consideraban conspiracionales.

El banco Oriental sometió una demanda por crimen organizado en el Tribunal de Primera Instancia contra 172 personas y organizaciones a las que responsabiliza de ser parte del esquema de fraude con ayuda pandémica que ya ha producido varias acusaciones a nivel federal.

La acción legal se conoció el lunes a la vez que un comité congresional que investigó durante dos años la respuesta de Estados Unidos a la pandemia concluyó, mediante consenso bipartita, que hubo múltiples fallas y que muchos elementos que se consideraban teorías de conspiración durante la emergencia salubrista, tienen fundamento. A la vez, que varias medidas de control social en ese periodo no tenían justificación científica.

La demanda masiva de Oriental solicita sentencia de pago de hasta $30 millones en daños contra los involucrados en el esquema, que tuvo como cabezas al exempleado de la institución Rodolpho R. Pagesy Roussel y a Manfred A. Pentzke Lemus. Los hechos básicos se conocían desde más temprano este año, cuando la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito de Puerto Rico anunció uno de varios pliegos acusatorios por fraude en el Programa de Protección de Nómina (PPP en inglés).

Como exbanquero en el área de préstamos, Pagesy Roussel usó su conocimiento y contactos para someter al sistema de procesamiento de PPP de Oriental las solicitudes con información falsa que coordinaban Pentzke Lemus y otros, y por las cuales recibían comisiones ilegales. Tanto Pagesy Roussel como Pentzke Lemus se declararon culpables y las acusaciones han abarcado también al entrenador del equipo de béisbol de los Leones de Ponce, Hendrick Socorro Sánchez, y su esposa, quienes figuran entre los demandados.

El PPP funcionó como un préstamo y, si el beneficiario probaba que había usado el dinero para el propósito del programa, era elegible para una condonación del préstamo. Además de compensación por el fraude, el banco pide una sentencia para que los acusados repaguen los préstamos de entre $100,000 y $120,000 que se les concedieron por medios fraudulentos.

El PPP fue una de las ayudas económicas que activó el gobierno federal como respuesta a la pandemia del COVID-19 y tenía el propósito de dar dinero a negocios y cuentapropistas que cubriera su gasto de nómina durante el tiempo en que, por órdenes de cierre, no podían operar o lo hacían de manera reducida. El propósito es que no se despidieran empleados y que el público mantuviera ingresos en momentos en que la actividad económica estaba reducida o, en algunas áreas laborales, detenida.

Según el informe de 520 páginas que divulgó el lunes el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, tan solo en el PPP ocurrió fraude por $64,000 millones en todo Estados Unidos, uno de varios fracasos a los que apuntaron en la respuesta del gobierno a la crisis.

La pesquisa congresional la encabezó el republicano por Ohio, Brad Wenstrup, pero se indica que fue aprobado por consenso con los miembros demócratas del comité también. El informe valida las medidas que tomó el expresidente, ahora presidente electo, Donald Trump, en el primer año de la pandemia y critica las que tomo su sucesor, Joseph Biden.

Sobre el origen del virus, destaca que la evidencia descarta la ocurrencia natural, lo que se expuso inicialmente cuando se decía que había pasado de un murciélago a un ser humano, y apoya que el origen fuera en un laboratorio de investigaciones en Wuhan, China, como resultado de la manipulación genética de patógenos para estudiar aspectos como su propagación. La entidad estadounidense Ecohealth Alliance Inc. estaba usando dinero del gobierno federal para financiar este tipo de investigación en Wuhan y, como resultado de la pesquisa congresional, se le suspendió el financiamiento y el Departamento de Justicia federal abrió una investigación criminal en su contra.

Hay dos individuos a los que el comité congresional señala como posiblemente culpables de obstrucción criminal: el presidente de Ecohealth, Dr. Peter Daszak, y Dr. David Morens, asesor ‘senior’ del Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergías y Enfermedades Infecciosas durante la pandemia.

Acusa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ceder a la presión del gobierno chino para encubrir el origen del virus y que políticas como el distanciamiento a seis pies, uso mandatorio de mascarillas, encierro prolongado y mandatos de vacunación no tenían base en los datos científicos disponibles y causaron “daño inconmesurable” de tipo económico, educativo, laboral y psicológico en distintas poblaciones.

A la vez, el informe reseña positivamente la “Operation Warp Speed” de la Administración Trump que creó vías para el desarrollo rápido de vacunas, y reseña negativamente que el gobierno federal apresurara la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 para cumplir con el plazo impuesto por la Administración Biden.

El comité no dice que las vacunas fueran una farsa, y reconoce sus beneficios terapéuticos, pero enfoca en que las mismas no detuvieron la propagación del virus y que fue un error de las autoridades estigmatizar y desincentivar la “inmunidad de rebaño”, o lo mismo que la creación de inmunidad natural por las infecciones normales que ocurrirían en la población si no hubiera encierro y se mantuviera la actividad social.

Además de los $64,000 millones perdidos al fraude a través del PPP, el informe estima que se perdieron otros $191,000 millones en reclamaciones fraudulentas de desempleo y $200 millones en préstamos a pequeños negocios. Destaca que, como sucedió también en Puerto Rico, los estados no estaban preparados para implementar, procesar y monitorear los programas de ayuda legislados tanto bajo Trump como bajo Biden.

La respuesta económica “agresiva, temprana y sin precedentes” a la pandemia evitó una baja económica severa en Estados Unido, pero mantenerlas “contribuyó también a una inflación alarmante”, según el documento.

Puerto Rico aparece mencionado positivamente en el informe. En el contexto de que los estados deben tener sus propias reservas estratégicas de equipo crítico porque las del gobierno federal no fueron adecuadas y de que Estados Unidos permanece vulnerable mientras dependa del extranjero para suplidos importantes, el documento resalta cómo en la isla la fábrica de ron Bacardí se adaptó para producir etanol y cómo la refinería Olein usó esa producción para manufacturar 1.7 millones de botellas de 10 onzas de desinfectante de manos.

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