La suspensión automática de demandas de cobro que entró en vigor el momento que PROMESA se convirtió en ley peligra ante una demanda consolidada que cobija los reclamos de un fondo de inversión, una aseguradora de bonos, inversionistas y empresas de servicios financieros que insiste en seguir su curso en el Tribunal federal de Hato Rey ante el juez Francisco Besosa.

El gobierno, representado por el bufete Kirkland and Ellis, argumentó que la paralización de litigios que autoriza PROMESA es única y responde a la fragilidad económica por la cual atraviesa la isla.

Los demandantes Brigade Leveraged Capital Structures Fund, National Public Finance Guarantee Corp, Dionisio Trigo-Gonzalez y U.S Bank Trust National Association reclaman a Besosa emitir una declaración en torno la constitucionalidad de algunos aspectos de la Ley de Moratoria que permiten la paralización del pago de obligaciones a bonistas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Esto podría trastocar la sección 405 de PROMESA que paraliza cualquier demanda por concepto de cobro al menos hasta febrero.

El representante legal de Brigade Leveraged, grupo de inversionistas con 750 millones de dólares en bonos del BGF, Benjamin Kaminetzky, sostuvo que la intención no es invalidar la ley de Moratoria sino señalar algunos aspectos de la medida que podrían decretarse como inconstitucional. Aún así el licenciado Michael Williams advirtió ese ejercicio podría ser contraproducente para el proceso.

Kaminetzky señaló además que los litigios no necesariamente obstaculizan el proceso de reestructuración de la deuda. Mientras Williams insistió que los miembros de la Junta de Control Fiscal deben estar presentes durante la tramitación del litigio.

Este miércoles el gobierno de Estados Unidos emitió una declaración de interés para urgir a la corte a interpretar de manera estrecha la sección 405 de PROMESA como también posponer la otorgación de alivios a la suspensión automática hasta que la Junta de Control Fiscal esté operante.