Se le adjudica una duplicidad cuestionable.

En el 2014, mientras la Administración García Padilla se preparaba para llevar al mercado lo que sería su última y más grande emisión de bonos chatarra, el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) y Citi advirtieron que dicha emisión no tenía sentido por los retos fiscales inmediatos que enfrentaban.

El convencimiento de Citi llegó al punto que optaron por distanciarse de la emisión, pero el BPPR, pese a haber recomendado que no se llevara a cabo, luego integró el sindicato de bancos que formó parte de la emisión de $3,500 millones lucrándose en el proceso.

Ahora esa acción expone a la institución bancaria a reclamaciones y repagos en el proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, señaló el informe final preparado por Kobre & Kim, la firma contratada por la Junta de Control Fiscal (JCF) para investigar las causas del endeudamiento del Gobierno.

Dentro el documento de más de 600 páginas, la firma desglosa una serie de potenciales causas de acción que podrían surgir a raíz de los hallazgos de la investigación. En múltiples instancias, los investigadores de la deuda son ambiguos o tímidos en determinar responsabilidad, pero en el caso del Popular, fueron categóricos en subrayar que todavía están expuestos a pagar por su participación en una emisión que ellos mismos habían recomendado que no se hiciera.

No obstante, Kobre & Kim deja claro que la intención en señalar potenciales controversias no debe interpretarse como asesoría legal, sí recomiendan mayor consultoría sobre los hechos presentados. La investigación giró principalmente en torno el BPPR, el Banco Santander y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Según el informe, los señalamientos contra BPPR versan sobre la asesoría al gobierno en cuanto a la controvertible emisión de bonos del 2014. La evidencia recopilada por la firma consiste principalmente de un memorando preparado por Citi y BPPR y enviado al entonces presidente de la Junta del BGF, David Chafey, a su vez un exejecutivo de Popular, en el que advirtieron que la emisión no tenía sentido.

En vez, las dos instituciones financieras propusieron proveer $2,000 millones en liquidez inmediata y asegurada mediante impuestos. En cambio, el gobierno tendría que aprobar una ley de presupuesto balanceado, otra ley de control fiscal y establecer un cuerpo de supervisión de cinco miembros que incluyera designados de la Reserva Federal y el Tesoro Federal.

Para ver el informe de Kobre & Kim, pulse aquí:

Como si se tratara de un presagio, las ideas contenidas en la propuesta de BPPR y Citi encontraron tracción en el Congreso federal, sentando las bases para la ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica (PROMESA por sus siglas en ingles).

‘Un testigo de Citi indicó que tenía más sentido seguir algunas de las sugerencias en el memorando, en vez de hacer otra emisión de bonos. El testigo tambien expresó su postura de que, despues de conversar con el BGF sobre las recomendaciones de Citi en el memo, Citi no podía, a consciencia, participar en una emisión de bonos a la vez que estaba recomendando que se siguiera otro camino’, detalla el informe de Kobre & Kim.

El informe señala que con la evidencia evaluada existe la posibilidad de que una corte pueda concluir que las acciones de Popular sirven como base para llevar una subordinación equitativa a cualquier reclamo que radiquen ante los procedimientos de Título III a otros reclamos. Es decir, en la medida que BPPR tenga reclamos pendientes en los procedimientos de quiebra, podrían presentarse reclamos adicionales contra BPPR, tanto por acreedores como por la propia JCF que obligue al banco a pagar en vez de que tengan la oportunidad de cobrar como acreedor.

‘Estos remedios pueden ser clave para las oportunidades de recuperar valor aquí, porque otros reclamos basados en la misma conducta son susceptibles a ser atacados por el estatuto de limitaciones relevante u otras defensas’, reza el informe al explicar que, aunque otras conductas podrían estar ya prescritas, las reclamaciones contra Popular todavía se pueden manifestar en el caso de quiebras mediante ese mecanismo de recobro.

Aunque el presidente de la JCF, Jose Carrión III, sostuvo anteriormente que estaba dispuesto a perseguir cualquier causa de acción que surja como parte de la investigación, la firma adelanta el prospecto de elegir la jurisdicción en la que tomarían acción legal. Además de Puerto Rico, el informe menciona a Nueva York como otra potencial jurisdicción legal, pues el estatuto de limitaciones allá es de seis años desde que ocurrió la acción o dos años desde el momento que algún fraude fue descubierto.

Tras los señalamientos, este medio intentó contactar al BPPR, sin embargo, se limitaron a decir que ‘Popular está impedido de emitir comentarios específicos en estos momentos por tratarse de un procedimiento legal en curso sujeto a estrictas reglas de confidencialidad’.