El pasado 4 de mayo, el juez federal Honorable Jay García Gregory, dictó una opinión y orden fundamental para el ejercicio de la libertad de información, prensa, expresión y derecho al voto de los puertorriqueños. El caso, que todavía se tramita, fue presentado por el Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal requiriendo la entrega de cierta documentación e información atinente a lo que permito llamar las actividades de opresión que la Junta ejercita en Puerto Rico.

La Junta, que gobierna a Puerto Rico bajo las facultades delegadas por el Congreso de los EEUU, es una especie de algoritmo jurídico a lo Wall Street, que parece ‘no ser de aquí, ni de allá’. Bastarda de legitimación por el Pueblo de Puerto Rico –es decir, arquetipo de lo antidemocrático– opera por efecto de la colonial e imperial cláusula territorial de la Constitución de EEUU sobre el territorio puertorriqueño y sus habitantes.

En sus elucubraciones, el Congreso dotó a la Junta de poderes impresionantes para anular cualquier átomo de ejercicio de autoridad por los poderes legislativos y ejecutivo puertorriqueños, dándole rienda a cualquier recorte o gasto presupuestario y, con anuencia, por el momento, en otro caso ante la Juez Laura Taylor Swain, dándole hasta facultades para modificar leyes, programas, decisiones y actos del Ejecutivo. En una reciente intervención que llegó hasta el ‘made in Japan’, como decían antes, la Junta le ha plantado su veto, vía ‘recomendación’ al aumento a $15 dólares la hora al sueldo de los trabajadores de la construcción en obras que reciban dinero canalizado a traves de fuentes gubernamentales puertorriqueñas.

La Junta es como una boa constrictor, de esas que se tragan de un bocado el ganado, y si se descuidan, se traga hasta a seres humanos. Es resbaladiza, no se sabe donde está, ‘no es de aquí, ni de allá’, reitero; es de Puerto Rico para unas cosas, como por ejemplo, para costear su cara operación con los fondos menguados de los contribuyentes puertorriqueños. Por otro lado, cuando se trata de mantener fuera al gobierno federal fuera de reclamos jurídicos por violar derechos constitucionales– es parte del gobierno de Puerto Rico, aunque la gente aquí, ni chistar pueda sobre su operación y decisiones.

En lo que toca a ponerse a resguardo de acciones por el legislativo y por el ejecutivo puertorriqueños, la Junta se canta y reclama su patente de corso congresional. Con sus cientos de músculos, esta boa extranjera –nada que ver con la culebra puertorriqueña– captura a sus presas, las aprieta, le rompe todos los huesos y se las engulle. Una gran culebra tragona, de sangre fría, adornada con la puertorriqueñidad de sus miembros con nombramientos bastardos, empastelados en un cuarto oscuro congresional-presidencial; una culebra gigante que viene a exprimir y a ejercer su misión de asegurar el cobro de lo más que se pueda, a costa de la gente, aunque ello requiera inmunizar la deuda de auditorías e higienizarla de cualquier cosa que la haga inexigible judicialmente.

La Junta,a pesar de su congresional autoridad bajo los imperiales poderes de la metrópolis, sin embargo, no las ha ganado todas. De hecho, el primer asalto lo perdió cuando quiso nombrar como sherif de la reorganización de la AEE a una especie de Robocop que iba a hacer y deshacer. Por un breve intervalo le pararon la carroza a Jose Carrión III, el presidente de la Junta. Luego, asalto tras asalto, la Junta ha venido afincándose. Muchas veces a causa de la ambigüedad y de los vaivenes negociados del gobernador, y otras, a base de una pesima utilización de las facultades legislativas, especialmente en cuanto a sus poderes investigativos.

Despues de todo, si la Junta de Supervisión (control) Fiscal es parte del gobierno de Puerto Rico y utiliza anualmente decenas de millones de dólares del presupuesto de los puertorriqueños, algo puede hacer la Legislatura de Puerta de Tierra.

Aquí es que viene al punto el caso del Centro de Periodismo Investigativo, y la Opinión y Orden de 4 de mayo pasado. Una vez más esta organización saca la cara por los derechos humanos de los puertorriqueños yendo a vindicarlos en la cancha del derecho a saber y a estar informados que tiene la gente, y del derecho que tienen los periodistas a que la información y documentación pública les sea facilitada para ejercer su función de informar y formar a la opinión pública.

Hay que decir, que el derecho invocado es un derecho reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como uno constitucional y que las leyes lo reconocen aunque de manera limitada y con excepciones. Tambien hay que decir que desde la pasada administración la Legislatura –concretamente la Cámara de Representantes– perdió una oportunidad muy valiosa para instrumentar legislativamente, fortalecer y blindar el ejercicio de este derecho constitucional por los ciudadanos a quien pertenece.

Con la honrosa excepción del Representante Carlos ‘Johny’ Mendez Núñez, hoy Presidente de la Cámara de Representantes; y, con una anemica defensa del proyecto por ambos presentado de parte del entonces presidente de la Comisión de Gobierno, Jose ‘Conny’ Varela Fernández, quien logró colgarlo, sin que ni siquiera pasase al pleno de la Cámara; se esfumó lo que hubiese sido un acorazado al servicio de la información pública.

Tambien hay que decir que las mayorías son renuentes a ampliar los derechos que pueden facilitarle al Pueblo la fiscalización de los actos del gobierno. Por lo que no debe extrañarnos que los grandes avances en esta área hayan sido producto de decisiones judiciales. Generalmente la Legislatura añade o perpetua excepciones y confusiones que nublan lo que ya es un hecho superado en decenas de países donde la transparencia gubernamental más que un lema de campaña es una realidad de facto y jurídica.

Luces de Rivera Schatz

Luego de una muy cuestionable decisión de la Juez imperial Taylor Swain, ‘lasciate ogni esperanza’, decía el frontispicio a la entrada del Infierno de Dante, –trollers despues les explico– regodeándose en sus alcances y en la aplastante derrota judicial del ejecutivo y del legislativo, la Junta le requirió hasta las hojas de asistencia a los legisladores e intimó que ejercería sus facultades en cuanta minucia le viniese en gana sobre la operación del gobierno colonial.

El presidente senatorial, le respondió a la Junta con una carta requiriendole informaciones precisas que parece que no gustó a la zarina que la administra. La carta del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, y así opinamos algunos, refleja un conocimiento puntilloso del derecho de acceso a la información en Puerto Rico. Aunque es necesario hacer notar que ese conocimiento reflejado en su carta a la Junta, no se ha traducido a acción de su parte para que se tenga una ley ‘con todos los hierros’ y que la carta no sea vista meramente como un documento de reacción a base de coraje o de frustración frente al crujir de huesos provocado por la Junta, que para decir lo menos, no ha mostrado ni un átomo de respeto por los funcionarios electos de Puerto Rico.

Más aún, la pelea que el propio presidente del Senado sostiene con las agencias del Ejecutivo por requerimientos de información, de hecho pareciera que las acciones judiciales son inminentes, se queda hueca cuando su Senado, a traves del senador Miguel Romero, le regaló al Ejecutivo introducir en un proyecto de ley las trece (13) excepciones al acceso a la información que el Gobernador o sus ayudantes plasmaron en una Orden Ejecutiva. Esas excepciones que se elevarían a rango de ley obstaculizan irrazonablemente el acceso a la información.

Es claro que algunos senadores en mayor avenencia con la Fortaleza, quien sabe bajo acomodo de cuáles aspiraciones, están dispuestos a complacer al Gobernador, aunque haya que frustrar la ampliación de instrumentos que viabilicen la transparencia. De hecho, la transparencia parece ser a veces de la opacidad del cristal a traves del cual se mira. El Senado mismo limita acomodaticiamente la transparencia, porque aun la información de su página de internet está, como dice un amigo, ‘malamente incompleta y atrasada’.

El presidente del Senado, tiene de hecho, ahora mismo, a la luz de la reciente orden del Juez García Gregory, en el caso del Centro de Periodismo Investigativo, tiene reitero, la oportunidad de nivelar el terreno de juego frente la Junta, mediante una buena ley de acceso a la información que ponga a todos los entes gubernativos, incluyendola, a divulgar de la manera más proactiva y con la menor cantidad de subterfugios posibles la información.

De hecho, la Junta, quien tomó a broma la carta del presidente del Senado, dos días despues firmó un acuerdo con entes fiscalizadores para divulgar más de su información. De paso, Jaresko dijo que publicar la asistencia de los empleados de la Junta era una ‘buena idea’ que iban a implantar. Ya habrá ocasión de comentar estos concordatos que fraccionan la unidad gubernativa local, con el ente que arroja limosnas de información –la Junta– y que cree, tiene poderes para negar lo que se le antoje. Mientras, esa misma Junta se niega a auditar la deuda y disfraza de fiscalización la comisión de costosos informes, que llevan las de no conducir a nada concreto.

Entretanto, instituciones como el Centro de Periodismo Investigativo sacan la cara por los derechos del país. Ya veremos si el Senado y su presidente, y como ya estuvo dispuesto el pasado cuatrienio, el actual presidente de la Cámara hacen lo mismo y aprueban por fin una ley completa que instrumentalice el acceso a la información y la transparencia gubernamental rompiendole en el camino, el paso-doble a la Junta.

*El autor es doctor, abogado, profesor y estudioso de los procesos legislativos y reglamentarios. Fue asesor y luego portavoz del PIP en la Cámara durante 24 años.