Tras decisión de tribunal federal

La Junta de Control Fiscal (JCF) anunció hoy que el presidente Donald J. Trump sometió los nombramientos de sus siete miembros al Senado de Estados Unidos para su confirmación.

No obstante, ante el pedido, la JCF tambien solicitó al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito que se extendiera la moratoria instaurada el pasado 6 de mayo pues sin ello el ente federal sería incapaz de continuar con sus labores luego del 15 de julio de este año ‘echando al traste todo lo que se ha logrado en el proceso de reestructuración’.

Al respecto, los miembros de la Junta de Control agradecieron al Presidente y a su administración y esperan continuar sirviendole a Puerto Rico, bajo la Ley PROMESA, luego de este proceso de confirmación.

El aviso de Casa Blanca indica que las nominaciones, de ser aprobadas, serían para un termino que expira el 30 de agosto de 2019, por lo que los miembros actuales pasarían por el cedazo senatorial federal ahora pero, para el 30 de agosto, debe haber nuevas nominaciones, de los mismos directores o de otras personas, para que la Junta siga funcionando.

Ayer se confirmó que el Tribunal Supremo federal va a evaluar este jueves si acepta las solicitudes para revisar la determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que declaró que los miembros actuales de la JCF ejercen de manera inconstitucional porque no habían sido evaluados por el Senado federal en pleno.

El Circuito dispuso un plazo hasta el 15 de julio para que los miembros sean evaluados y confirmados por el Senado o, de lo contrario, la Junta quedaría inoperante. Ese proceso es el que inicia hoy con la designación de Casa Blanca.

El Circuito, sin embargo, el tribunal mantuvo la validez de la Ley PROMESA que habilitó a la JCF y creó la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para acogerse a una quiebra especial, lo cual no podía hacer antes de esa ley. Específicamente, declinó declarar ilegal todos los actos que la Junta ha realizado hasta ahora en el proceso de quiebras, como le pidieron los demandantes Aurelius Investment, LLC., un fondo buitre, y el sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER).

‘Tenemos miedo de que darle a los peticionarios todo lo que piden va a tener consecuencias negativas para los muchos, si no miles, de terceros inocentes que han confiado en las acciones de la Junta hasta ahora. Además, una invalidación sumaria de todo lo que la Junta ha hecho desde 2016 muy probablemente inyectará más atraso en un proceso histórico de reestructuración de deuda que ya fue virado al reves por los estragos de los huracanes que afectaron a Puerto Rico en septiembre de 2017’, dijo el juez puertorriqueño Juan R. Torruella, quien fue el ponente en la decisión del panel apelativo y quien ha sido un crítico público de la Ley PROMESA.

‘En resumen, los miembros de la Junta son más como los procónsules romanos escogidos en Roma para ejercer ley romana y supervisar a los líderes territoriales, que como los líderes locales selectos a los que Roma les permitía ejercer cierta autoridad’, sintetizó Torruella al exponer su razonamiento de que el tipo de nombramiento que son los de la Junta no es un tipo menor o inferior, sino que es un nombramiento de envergadura que requiere aval senatorial.

La determinación del panel de jueces apelativos no significaba que el Presidente nombraría a las mismas personas que ocupan el cargo ahora, pudo nombrar a otros, siempre y cuando siga el proceso constitucional.